“La gran fuerza del estado totalitario es que obliga a los que temen imitarlo”, Adolf Hitler.

Cuando es el propio señor Illa, líder de la oposición del Parlamento catalán, quien afirma que “desde el principio se sabía que ésta era una mesa de diálogo entre gobiernos”, huelga más aclaraciones, más interpretaciones y más suposiciones respecto a lo que se está tramando en esta “mesa de diálogo”, denominación bajo la cual se nos intenta hacer tragar a los españoles que se busca reconducir las relaciones de España con la díscola, irresponsable y abiertamente antiespañola Cataluña sin que, como intenta hacernos creer el señor Pedro Sánchez, renunciar a ninguno de los principios y valores establecidos en nuestra Constitución de 1978. 

En realidad, los separatistas catalanes han conseguido de la Moncloa que se establezca una “mesa petitoria” en la que, el Gobierno de España, lo único que tiene que hacer es ir cumpliendo, con más o menos premura, el programa de peticiones encaminadas a lograr la independencia de los catalanes dentro de un plazo que, seguramente, ya tienen convenido con este gobierno socio-comunista que tenemos en nuestra nación.

Sólo la cobardía del resto de comunidades regidas por socialistas y la falta de una idea clara de lo que tiene en mente el PP (VOX si parece que lo tiene claro) sobre que tipo de España es la que quiere defender y si se va a conformar con lo que este gobierno actual pretende hacer, o sea, tratar con Cataluña para irle dando subvenciones, traspasos, concesiones e inversiones millonarias, mientras el resto de comunidades, menos favorecidas, más necesitadas y con unas infraestructuras en peores condiciones que las catalanas, se ven obligadas a ver como se las pospone en beneficio de aquella de las autonomías que más rebelde se han mostrado y que siguen haciéndolo, mientras se revela cada día más agresiva en contra del resto de la ciudadanía española; puede explicar, de una forma medianamente entendible, el que no haya una revuelta unánime en contra de esta actuación, evidentemente parcial y vergonzosa, que el ejecutivo de Sánchez está pergeñando sin el menor asomo de sonrojo, en perjuicio de la igualdad y de lo que debería ser una política de compensación en la que se favoreciera a los más débiles aunque debiera de reducirse las ayudas a los más fuertes.

Ni los propios independentistas se han puesto de acuerdo sobre la verdadera finalidad de esta mesa, ni los componentes, con presencia de algunos de los que van a participar que tienen deudas pendientes con la justicia y, sin embargo, el señor Sánchez va a consentir que se sienten a la misma mesa en la que el va a participar. Muchos españoles se preguntan, conociendo lo que el señor Aragonés tiene en mente y que, tampoco, ha tenido ningún interés en ocultar, ¿qué es lo que Pedro Sánchez espera sacar de esta reunión, cuáles son las ventajas que piensa conseguir, si excluimos la que el chantaje separatista le ofrece, a cambio de concesiones soberanistas, consistente en ayudarle a aprobar los PGE para el año que viene.

Quizás no nos hayamos percatado todavía de que, el actual gobierno de España, está apoyado por una serie de partidos de diversa índole política, especialmente de cariz soberanista, que hacen que los socialistas, que no tienen mayoría, se encuentren en una posición inestable, variable, volátil y de continua evolución que les hace depender del humor de sus aliados en el Congreso que, por cierto, no siempre coinciden en lo que son sus preferencias y lo que quieren exigir al Gobierno, para seguirle dando su apoyo. Esto está motivando que, no precisamente de forma muy diplomática, ni con muchos miramientos y preocupación por lo que establece la Constitución en cada caso, se está procediendo a una deriva paulatina hacia una izquierda más extrema, que se va notando en varios ataques referentes a la propiedad privada, a la libertad de contratación, a los derechos inherentes a la propiedad que suponen, como está sucediendo con este asalto a los beneficios de las eléctricas, con claro componente de tipo incautatorio, para solucionar un problema que, en todo caso, ya hace tiempo que colea y que le hubiera correspondido a la Administración pública el haber tomado medidas, con tiempo, no a última hora como está sucediendo, para evitar que el tema de la tarifa eléctrica se haya convertido, de la noche a la mañana, en uno de los problemas esenciales para toda la economía de la nación.

Estamos viendo el auge que, dentro del mismo Gobierno está experimentando la ministra de Trabajo comunista, la señora Yolanda Diaz y, al propio tiempo, como una ministra que nos daba la sensación de una mayor sensatez y sentido común, la señora Nadia Calviño, parece que se va encogiendo, achicando y, por encima de todo, se está prestando a hacer de comparsa de la política de Sánchez; mientras escuchamos como la señora ministra de Política Social, Ione Belarra, comunista también, se manifiesta encantada de que, a las eléctricas les recorten los beneficios, algo que no se cómo se los van a explicar a los accionistas de dichas compañías, españoles como ella que, sin comerlo ni beberlo, van a ver como sus acciones pierden valor gracias a una ocurrencia gubernamental.

Y en la misma línea de supeditación del señor Pedro Sánchez a quienes le tienen cogido de sus partes pudendas, separatistas y comunistas, observamos con preocupación, como se está reactivando una campaña en contra de la monarquía, que ya parece que se ha convertido en algo habitual que, en cierto modo, también tiene un componente claro de desviación de la atención de los españoles hacia temas que los puedan distraer de problemas de tanta gravedad como está siendo el del consumo eléctrico. Si ya va siendo una postura insostenible para el presidente del Gobierno, su oposición sistemática y evidentemente de carácter antimonárquico, de impedir que el ex monarca Carlos I pueda regresar a España, adornándose con frases tan “exquisitas” como: “Felipe VI es bueno porque no ejerce, Carlos I es malo, pero aquí estamos los republicanos para salvar la democracia”. 

¿Los republicanos? Que sepamos, señor Sánchez, en España no estamos en un régimen republicano, sino que constitucionalmente, estamos en una democracia en forma de monarquía parlamentaria. Si el propio presidente del Gobierno no se entera de este principio tan elemental, es evidente que los españoles nos encontramos ante un gravísimo problema de identidad.

Y por si faltara un detalle de cómo valora el presidente del gobierno español al monarca Felipe VI, basta ver como este año le otorga “permiso” a SM para que vaya a Barcelona a la entrega de despachos a los nueves jueces (el año pasado se lo prohibió) “Es bueno que el Rey vaya a Cataluña”, como si el jefe del Estado español necesitase pedir permiso para desplazarse a cualquier lugar del Estado español. Malos vientos para la democracia y peores para el futuro político de nuestra nación, que corre peligro de irse degradando a medida que, por medio de decretos ley, se va vaciando de contenido una parte de nuestra Constitución y la función parlamentaria, dejando para el final, el golpe de estado definitivo para convertirnos en una dictadura al estilo de las hispano-americanas, como las presididas por Ortega o por Nicolás Maduro.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en tanto que a don Juan Carlos I, al que todavía ningún tribunal ha condenado por nada, no puede venir a España, aquí se les da el mejor trato posible y reconocimiento a aquellos independentistas que fueron juzgados y condenados por el TS y que, para más INRI, cuando, sin rubor alguno, han repetido hasta la saciedad que no estaban arrepentidos de su sublevación contra España; se les ha concedido, en contra de los informes del propio TS y del Consejo de Estado, el indulto de sus penas. Hoy están sueltos y paseando libres por esta parte de España, Cataluña, de la que quisieron apoderarse que, sin duda alguna, continua y va a continuar para siempre, siendo España.