Alejado de lo que ciertos puedan pensar en la dimensión que quieran. Y que en la memoria del mundo y la historia universal quede adherido. El y los gobiernos de Estados Unidos que han transitado durante cuatro décadas, han pecado de payasos y quieren pasarse de astutos, no se han dignado a honrar la deuda que es en deber al pueblo de Nicaragua.

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) estima que la nueva normativa aprobada por Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que recoge el nuevo diseño del IIVTNU, estaría produciendo una merma de recaudación de entre el 30% y 40% de lo que venían ingresando los ayuntamientos.

El Tribunal Supremo reconoció en febrero de 2023, mediante una sentencia, el derecho de muchos pensionistas a reclamar a Hacienda parte del dinero cotizado de más, entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. La sentencia 707/2023 establece que los pensionistas tienen derecho a disfrutar de una reducción fiscal del 100 % por lo cotizado hasta el 31 de diciembre de 1966 y de un 25 % por lo cotizado entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978.

La ley de familias, qué entró en vigor el pasado 30 de junio de 2023 tras la publicación del Real Decreto 5/2023, establecía un permiso para los trabajadores de hasta 4 días al año para ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes e imprevisibles en caso de accidente o enfermedad que hagan indispensable la presencia inmediata. Una licencia que se puede disfrutar por días o por horas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día a ocho jóvenes de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años por "un delito de odio y lesiones" tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”.

El juicio se celebró el pasado mes de enero y febrero en las salas Audiencia Nacional de San Fernando de Henares sumando más de 20 sesiones. Previamente la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación contra casi medio centenar de personas por 16 cargos que arrojaban un saldo conjunto de 298 años y medio de cárcel.

Es posible que para algunos/as de mis habituales lectores, el aborto les resulte un tema aburrido o superado ya por esta sociedad relativista y permisiva. Pero como tengo la sana costumbre de documentarme sobre los temas a los que me enfrento semanalmente como opinador y columnista, la lectura de una biografía sobre la conversión al catolicismo de Bernard Nathanson, apodado el “rey del aborto”, me ha motivado para hacer una reflexión sobre el tema.

La Sentencia o Estatuto de Pedro Sarmiento fue el resultado de un grave alboroto que, en 1449, perturbó a la ciudad de Toledo, sustraída, en el ardor del lío, y durante meses, a la obediencia del poder real, además de dividida en facciones enfrentadas. Fue Pedro Sarmiento, líder de la rebelión, repostero del rey, además de su aposentador y asistente. El origen estuvo en la reacción violenta frente a la exigencia de impuestos por parte de los recaudadores.

El preso solicitó una excedencia de su trabajo antes de ingresar en prisión, pudiendo retomar su actividad laboral ahora al permitírsele salir de prisión diariamente, a pesar de no tener concedido el tercer grado penitenciario.

En 2019, un coruñés que había contratado una tarjeta Wizink en el año 2010, harto de pagar cuotas sin que la deuda se redujera, demandó a la entidad solicitando la nulidad del contrato por usura y falta de transparencia.

«La gente quiere que aquí se liberalicen las leyes del aborto. La sociedad ha cambiado, incluso los políticos pueden verlo», afirma Kinga Jelinska, activista polaca por los derechos reproductivos. «En cuatro o cinco años, creo, las leyes del aborto aquí se liberalizarán, porque es lo que la gente apoya», anticipa.

Las Audiencias Provinciales de Madrid, Barcelona, y Valencia han fallado, en los últimos 3 años, a favor de los afectados por Hipoteca Multidivisa en más de 100 ocasiones, declarando la nulidad de tal hipoteca argumentando la falta de información dada por las entidades en tales ocasiones y obligando a recalcular el préstamo.

En efecto, son docentes interinos que llevan trabajando en la enseñanza pública, de forma continua, encadenando contratos durante, en muchos casos, más de 5, 10, 15, 20,25 años, o incluso más, resulta que cuando les quedan pocos años para jubilarse se les quiere echar, porque no se está aplicando correctamente lo que dicen las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que supone hacerlos indefinidos  o fijos.

¿Cuántas personas están sin libertad por haber cometido delitos que la Justicia ha considerado que debían ser reparados con la privación de dicha libertad? ¿Cuántas de dichas personas han manifestado su dolor, su pena, su arrepentimiento? ¿Cuántas tienen a su familia en situación precaria por la ausencia de una de las personas que aportaba ingresos?

¿Qué hace la justicia cuando una mujer vecina de Torà es agredida por un joven del pueblo que “ya ha ocasionado molestias a los vecinos en otras ocasiones?” Casos semejantes se repiten más de la cuenta. La ciudadanía ante estos casos de violencia cree que la justicia no hace nada. Si se detiene a los violentos entran por la puerta principal y salen por la de servicio. Existe una desconfianza muy generalizada hacia la justicia.

Un juez de Madrid ya ha dictado sentencia aplicando las normas europeas y ordena crear plazas fijas para 22 maestras interinas que estaban en abuso de temporalidad como interinas y ha anulado unas oposiciones. Y desde hace meses se han conocido más sentencias en un sentido similar.

Hablaban en Unidas Podemos de acabar con las puertas giratorias, pero les ha faltado tiempo para absorber en el «Ministerio de Igual Da» a una condenada y dos procesados. Imagínense a la tal Serra, Isa, condenada por atentado a la autoridad. Cualquiera que cometa un atentado es un terrorista, y ahora quieren convencernos de que no lo es, a pesar del espectáculo que montó contra la policía femenina, a quien llamó de todo menos bonita, con vejaciones incluidas.

Un Estado de Derecho avanzado, debidamente representado por un Gobierno íntegro, de todos y para todos, ante el título de este artículo solo debería, como ejemplo para la sociedad civil, guardar un respetuoso acatamiento y manifestar la intencionalidad de ajustar la sentencia del Tribunal Constitucional a los derechos individuales.

Dicen haber triunfado esos bastardos por la sentencia del TC al considerar inconstitucionales los confinamientos durante el estado de alarma de la primera ola de la pandemia, considerándolos ilegales. A pesar de que la Ley que regula el estado de alarma cita textualmente que está prevista para «epidemias».