Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, los españoles vamos perdiendo la confianza en quienes nos gobiernan y lo mismo se puede decir de una serie de instituciones que han ido demostrando, a lo largo de esta legislatura, que su independencia y objetividad han quedado muy lejos de lo que el pueblo, legítimamente, podría esperar de ellos. 

La labor persistente de las izquierdas para hacerse con el control de cualquiera de las instituciones, gobiernos locales, autonomías u otro estamento público de los que existen en nuestra nación, va dando su fruto y nadie duda ya de que, esta labor de zapa va a seguir hasta que las pocas entidades de carácter oficial que puedan quedar en España que todavía disponen de su independencia y libertad, van a ir cayendo a medida que la presión gubernamental vaya minando la resistencia que aún se le pudiera oponer por los amantes de la justicia.

El primer paso ya lo dio el señor Sánchez designando para el cargo de fiscal general del Estado a la ex ministra señora Dolores Delgado. La segunda cacicada la perpetró el mismo Gobierno, saltándose el informe negativo del TS para conceder el indulto a los políticos catalanes, presos a causa de su participación en los penosos sucesos de 1 de octubre del 2017, con la declaración de independencia de Cataluña. Sin embargo,  existía un baluarte al cual las izquierdas que nos gobiernan no habían conseguido hincarle el diente. Los tribunales de justicia, el Poder judicial, y el TC se han venido manteniendo como un freno contra los esfuerzos del comunismo y el separatismo, no han servido para que rectificase en sus sentencias, recomendaciones, resoluciones y advertencias en todos aquellos temas que se le han sometido, aunque ello significase enfrentarse a las presiones, influencias, coacciones y demás manipulaciones, con las que se los ha pretendido comprar.

Pero, señores, no parece que este muro judicial infranqueable vaya a resistir para siempre y, para decepción de aquello ilusos que pensábamos que Montesquieu acabaría venciendo las insidias de “la corte”, vemos que el Tribunal de Cuentas, que tenía que decidir si, el aval de Institut Catalá de Finanzas, se podía admitir para cubrir la responsabilidad económica de los 28 excargos de la Generalitat involucrados en el llamado “procés”, ha acabado desdiciéndose de sus postura anterior, cediendo a la petición de que fuera admitido como garantía. Estos dirigentes catalanes han tenido que afrontar un proceso para responder de 5’4 millones de euros en que se estima las responsabilidades económicas derivadas de los gastos de internacionalización del mencionado proceso. El objetivo de los separatistas se había centrado en evitar, mediante el aval mencionado, la posible ejecución sobre los patrimonios de los encausados, mediante la garantía pública.

Y no es que, en sí, la postura del Tribunal de Cuentas pueda entenderse como una bajada de pantalones a causa de que, el primitivo dictamen sobre la improcedencia de la admisión como avalista del ICF tuviera defectos formales o se hubiera dictado en contra de la Ley, sino que supone entrar en una materia que puede sentar un precedente fatal al entender de que unos señores que presuntamente, estando sub iúdice, malversaron fondos públicos para un objetivo ilegal, cuando se les abre juicio para averiguar si existe culpabilidad o no, en lugar de que sus bienes propios fueran embargados, con carácter preventivo, lo que va a suceder es que un organismo oficial, con fondos públicos  (léase impuestos de los ciudadanos) van a apoyar económicamente a unos presuntos delincuentes. En definitiva: yo malverso dineros públicos y, para evitar el responder con mi patrimonio personal, obtengo un aval de dinero público de aquella misma administración que salió, presuntamente, perjudicada. ¿Alguien entiende algo semejante?

Aquellos que ya estamos curados de espantos, en cuanto a la deriva de nuestro actual Gobierno, tenemos nuestra propia lectura sobre sucesos como el al que nos estamos refiriendo.Todo gira en torno al poder. Pedro Sánchez es un sujeto de una amoralidad plenamente demostrada, al que no le importa decir una cosa y a los dos minutos la contraria. Su objetivo personal coincide plenamente con lo que son sus acciones, actitudes, decisiones, contradicciones y actuaciones, tanto desde el punto de vista de gobernante como desde su faceta de estadista. Se trata de permanecer en el poder el máximo tiempo posible y, para ello, necesita del apoyo de los comunistas de Podemos y de los separatistas vascos y catalanes. Ni hay más misterio ni existe otra explicación capaz de sostener la errática conducta de este señor que tenemos al frente del Gobierno de España.

¿Acaso el Tribunal de Cuentas se equivocó al redactar el primer dictamen, alegando lo mismo que hemos expuesto anteriormente y ahora, en este segundo documento, lo que hace es rectificar en bien de la justicia? En absoluto. La mano negra y, una vez más, la lentitud con la que en esta nación se imparte la justicia, son los culpables de que, en el interregno entre la primera resolución y esta segunda, la pertinaz acción de quienes tienen interés en que salga otro tipo de informe, otra resolución que beneficie a aquellos mismos que apoyan al Gobierno en las Cortes generales; han conseguido que quienes debieran haber ratificado en todos sus aspectos la primera resolución rechazando, sin más contemplaciones, la idea de ceder ante el vulgar chantaje de quienes pretenden convertir nuestra Constitución en algo inservible para, con ello, tener las manos libres para hacer de su capa un sayo. En este caso, convertir a España en otra de las repúblicas bananeras del comunismo internacional.

No lo olviden: todo esto de que estamos hablando ocurre en un momento en el que el mundo entero está pendiente de lo que sucede en la guerra de Ucrania. El último IPC del mes de febrero registra un aumento del 7’4% que suma al del 6’2 del enero y que, no dejen de tenerlo en cuenta, no recoge todavía la incidencia que en todos los precios va a tener, sin duda alguna los hechos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Covid19, del que apenas hablamos, no está vencido y si se toman medidas de ampliar las libertades ciudadanas es porque, aparte de una disminución de los contagios, existe la necesidad imperiosa de que la economía salga de su letargo. Nadie puede asegurar que no pueda venir un nuevo rebrote que acabase de echar por tierra cualquier utópico plan de recuperación, algo que ya nos ha pasado en España en varias ocasiones.

La esperanza es que el sentido común, si es que lo tiene, del señor Putin le haga reflexionar sobre las consecuencias para su propio país de sus excesos en la nación ucraniana. Tiene todos los elementos para ganar esta guerra, pero también debe considerar lo que va a representar para el pueblo ruso el perder la posibilidad de negociar con el resto de países de occidente. España, como era de esperar debido a la fuerza de Podemos en cuanto a las decisiones del señor Sánchez, ha vuelto a dar la nota. Suiza, la eternamente pacifista que nunca desde hace años se había involucrado en una cuestión militar con el resto de Europa, se ha salido de su neutralidad enviando armas y pertrechos a Ucrania. Alemania, la más díscola por causa de sus necesidades del gas ruso, se ha liado la manta a la cabeza y está mandando armas a los resistentes ucranianos. Francia y el UK también se están mojando colaborando efectivamente en el envío de tanques, cohetes, lanzaderas etc.

Sánchez ha vuelto a ser el garbanzo negro. Parecía dispuesto a ser uno de los mayores defensores del pueblo ucraniano y los primeros pasos de enviar armas, aviones y barcos a la zona de conflicto parecían indicar que, en esta ocasión, estaba dispuesto a formar parte de las naciones líderes en la confrontación con Rusia. Pero Sánchez no es más que un mandado y los comunistas del gobierno de coalición, que saben que lo tienen agarrado de sus partes íntimas, le han puesto límites al envío de armas para la defensa, in extremis, de los ciudadanos de Zelenski. La impresionante fuerza bélica de Rusia permite abrigar pocas esperanzas de que la ayuda militar que, tarde es verdad, están recibiendo los militares defensores que luchan contra los invasores, puedan resistir mucho tiempo más. No vemos a Europa ni a los EE.UU, del señor Biden, dar un paso más y aceptar a Ucrania como un miembro de la UE, lo que les legitimaría para acudir en su ayuda, con los ejércitos de la OTAN y de los EE.UU. Una situación que sigue siendo tan peligrosa como acercar una cerilla a un polvorín, y no olvidemos que el señor Putín ha hecho mención al arsenal nuclear.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que admitir que este momento, sin duda alguna, se puede considerar como el peor de los que hemos tenido que pasar durante los últimos años. Puede que tengamos que replantearnos si España está en condiciones de seguir el camino emprendido durante estos últimos tiempos o es necesario que surja una fuerza de rescate que sea capaz de darle un vuelco a esta situación tan decepcionante. La esperanza es lo último que se pierde.