La insurrección del 6 de enero en Estados Unidos fue una forma de intentar derrocar la democracia: se incitó a una turba a asaltar el Capitolio y se amenazó con matar a líderes clave que se atrevieron a renegar de la “gran mentira” de Trump acerca de que Biden había ganado las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta. Aunque durante la insurrección varias personas perdieron la vida o resultaron heridas y edificios públicos resultaron dañados, el Congreso de Estados Unidos igualmente logró certificar los votos del Colegio Electoral, con un retraso de solo doce horas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó la insurrección como la “amenaza más peligrosa para la democracia” que ha presenciado hasta el momento: “Según el FBI, la principal amenaza de terrorismo doméstico en Estados Unidos proviene de extremistas que tienen motivaciones raciales o étnicas, específicamente de aquellos que defienden la superioridad de la raza blanca”.

Actualmente está en marcha un plan más sofisticado para socavar la democracia. En todo el país, las legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano están apurando la aprobación de diversos proyectos de ley que tienen como objetivo restringir la participación electoral. Estas iniciativas, junto con la manipulación partidista de los distritos electorales que podrá realizarse a partir de los resultados del censo que se realizó en 2020, podrían borrar un siglo y medio de luchas y avances para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, podría poner al gobierno estadounidense bajo el control permanente de una minoría supremacista blanca.

El Centro Brennan para la Justicia ha estado siguiendo de cerca estos proyectos de ley que obstaculizan el voto. Hasta el 1 de abril, el centro había contado la asombrosa cantidad de 361 iniciativas de este tipo en 47 estados del país. Los estados de Georgia y Arizona ya han promulgado importantes leyes que restringen el derecho al voto. Ambos estados fueron bastiones republicanos durante décadas. En las elecciones de 2020, Joe Biden ganó en ambos estados, al igual que los candidatos demócratas al Senado Mark Kelly, en Arizona; y Jon Ossoff y Raphael Warnock, en Georgia. La victoria electoral de Biden en esos estados y la pérdida de esos tres escaños en el Senado, que provocó que los republicanos perdieran el control de la Cámara Alta, fue una derrota devastadora para el Partido Republicano.

Poco después de las elecciones, el senador republicano del estado de Carolina del Sur Lindsey Graham declaró en el canal Fox News: “Si los republicanos no impugnan el resultado [de las elecciones] y cambian el sistema electoral de Estados Unidos, nunca más se elegirá a otro presidente republicano”. Los legisladores republicanos tomaron nota de la advertencia de Graham e inundaron el país con proyectos de ley sorprendentemente similares entre sí, diseñados para restringir e impedir la participación electoral. Para ello han contado con la ayuda del Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, por sus siglas en inglés, uno de los principales grupos de lobby de derecha del país. En 1980, el difunto activista conservador Paul Weyrich, cofundador de la organización de derecha The Heritage Foundation, expresó con claridad una directriz clave de la estrategia electoral republicana: “Nuestra ventaja en las elecciones aumenta considerablemente cuando la población que vota disminuye”.

Ari Berman, periodista de la revista Mother Jones y autor del libro “Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America” (Entréguennos las urnas: La lucha moderna por los derechos electorales en Estados Unidos), dijo en una entrevista con Democracy Now!: “El asunto aquí no es ‘Demócratas versus Republicanos’. Es ‘Republicanos versus democracia’. Están dificultando la participación electoral de todos los votantes”.

Estos proyectos de ley impulsados por los republicanos apuntan a restringir la participación de votantes tradicionalmente demócratas, principalmente de las comunidades de color de los centros urbanos. Para ello se ha recurrido a diversas tácticas. Entre ellas, excluir ciudadanos del padrón electoral; prohibir el voto a las personas que han recibido una condena por delitos graves; exigir la presentación de un documento de identidad con fotografía para poder votar y dificultar el proceso de registro de votantes. Otras tácticas incluyen disminuir de manera drástica las posibilidades para emitir el voto anticipadamente o por correo; reducir o eliminar la posibilidad de votar sin bajarse del vehículo para aquellas personas a las que se les dificulta la movilidad y limitar la cantidad de sitios para la recepción de las papeletas de voto por correo y el número y la capacidad de los lugares de votación. También hay un esfuerzo concertado para volver a instalar una táctica que se utilizaba en la época de las leyes segregacionistas de Jim Crow: la intimidación a los votantes por parte de los denominados “observadores electorales”, grupos de seguidores del Partido Republicano que se apostan en los centros de votación para “vigilar” el proceso electoral.

El gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, acaba de promulgar un proyecto de ley que podría eliminar a más de 100.000 personas del padrón de votación anticipada del estado. En el estado de Georgia, antes de las elecciones de 2018, se excluyó del padrón electoral a una cantidad aún mayor de votantes, a instancias del entonces candidato republicano a gobernador Brian Kemp, quien se desempeñaba en ese momento como secretario de Estado de Georgia y tenía a su cargo supervisar las mismas elecciones que luego ganaría por un estrecho margen. En el primer discurso que brindó en el hemiciclo del Congreso como senador por el estado de Georgia, el reverendo demócrata Raphael Warnock dijo: “Soy de un estado que eliminó a 200.000 personas del padrón electoral un sábado por la noche. Sabemos lo que está sucediendo aquí: algunas personas no quieren que algunas otras personas voten”.

La draconiana ley electoral recientemente promulgada en el estado de Georgia, denominada “Ley de integridad electoral”, implementó una gran cantidad de métodos para vulnerar el derecho al voto. Incluso tipificó como delito entregar comida o agua a los votantes que se encuentran esperando en la fila su turno para votar. El estado de Florida promulgó un proyecto de ley similar, que incluye también la prohibición de entregarles a los votantes comida o agua en los centros de votación. El gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, enfureció a las cadenas de noticias del estado al concederle al programa de televisión “Fox & Friends”, el favorito de Trump, según se dice, la transmisión exclusiva de la ceremonia de promulgación de la ley.

Sin embargo, las noticias sobre la muerte de la democracia podrían ser en gran medida exageradas, gracias al impulso y la fuerza que está cobrando el activismo de base para proteger el derecho al voto. Las organizaciones Public Citizen, Common Cause, Black Voters Matter, Indivisible y otras agrupaciones están instando al Congreso a que apruebe una histórica legislación a favor de la democracia este año. La Resolución 1 de la Cámara de Representantes, también conocida como “Ley Para el Pueblo 2021”, restablecería y ampliaría las protecciones instituidas en la Ley de Derecho al Voto de 1965, ocho años después de que la Corte Suprema revocara parte de esa histórica Ley de Derecho al Voto en una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra. Esta ley convertiría inmediatamente en ilegales a la mayoría de estos proyectos de ley de restricción del derecho al voto.

Una presión pública fuerte y masiva será fundamental para que la Ley Para el Pueblo sea aprobada en el Senado. El difunto congresista John Lewis, un ícono de la lucha por el derecho al voto en Estados Unidos, escribió en su último ensayo, publicado el día de su funeral, en julio del año pasado: “La democracia no es un estado. Es un acto. Cada generación debe hacer su parte […]. Debe meterse en lo que yo llamo 'buenos problemas', problemas necesarios”.