Que los poderes públicos controlen a los ciudadanos de un país es algo habitual, incluso se llega a considerar asumible, porque no queda otra opción. Lo alarmante resulta ser que las grandes empresas sigan la misma práctica. Aunque no debiera sorprender, si se analiza quién detenta el poder real actualmente.

Entre otros subproductos que viene vendiendo el tan alabado Estado de Derecho, se ha puesto en escena, y progresivamente revalorizado, lo de la igualdad. El hecho es que funciona, al menos, en su calidad de distintivo de una sociedad moderna. De un lado, el eslogan de la igualdad ha adquirido cierto grado de solidez argumental en virtud de la ley y, a veces, de la jurisprudencia. 

Procuren que no despierte, porque a muchos políticos se les acabaría el chollo. Si despertara, resultaría que lo del actual modelo de imperialismo y la globalización, entre otras estrategias de dominación de la minoría económica, pasarían a la historia, ya que el olvidado pueblo tomaría el control de la política, sin interferencias foráneas.

Cuando una doctrina se coloca en la cabecera social, la libertad en términos generales palidece, y, en concreto, la libertad de expresión enfila el camino de la agonía, hasta desaparecer. Hoy, la doctrina, ese conjunto de creencias que se muestran como verdades absolutas, está demasiado presente en la existencia colectiva, por lo que la libertad tiene un oscuro presente y peor futuro.

Declarar la condición de vulnerable económico en la sociedad española sigue un proceso formal en el que interviene directamente la burocracia local, limitándose a cumplir con la normativa establecida por la inteligencia mandante. Con lo que en la práctica resulta que se le atribuyen nuevas competencias, se crea empleo en su ámbito laboral, aumenta el poder del sector y se demoran o eternizan los procedimientos judiciales.

En la práctica, el constitucionalismo es un producto jurídico ideado por los antiguos representantes del gran capital para ilusionar a las gentes y manejar entre bastidores su destino. Sirvió de fundamento a lo que se bautizó como Estado de Derecho. Atento al principio del imperio de la ley, esta pasó a ser el alma del sistema, un producto maleable que atendía, en teoría, al interés general, pero venía afectada por intereses particulares.

Lo que se observa es una nueva sociedad construida desde el mercado, bajo la protección de la política y la colaboración de los medios, asumida pacíficamente por las gentes de buena parte del mundo, donde se respira un cargado ambiente de falsas libertades. Auspiciada por los intereses del mercado y la política, hay que señalar que la doctrina capitalista ha trabajado de forma eficiente para transformar la sociedad, sin levantar sospechas.

Los tradicionales inconvenientes que surgían al acudir a los servicios públicos, destacando en este punto las colas y esperas de los usuarios, tienden a ser superados, dado que empieza a ser, según dice la propaganda, una exigencia de la sociedad actual. No hay que pasar por alto que este país se ha embarcado en la nave del progreso —entiéndase progreso mercantil, y no social—, que se empeña en vender, al que escucha el discurso progresista, que todo va a mejor.