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Someter a la política al principio de racionalidad por la vía del Derecho, fue uno de los logros del sistema político moderno. Por otro lado, el hombre común pasó a ocupar un lugar en la toma de decisiones políticas, en cierta forma para dejar constancia tanto de su nuevo papel como persona y como ciudadano. De lo primero, teniendo en cuenta la dignidad humana, políticamente se reconocen los principios básicos que acompañan a la persona por el hecho de existir, elevándolos a la categoría de derechos fundamentales; de lo segundo, se ponía en escena la fórmula democrática y el discurso político-jurídico del interés general. Sin embargo, desde sus comienzos, el protagonismo democrático de la ciudadanía aparece claramente restringido desplazado por los partidos, encargados de señalar a sus gobernantes y vender su bien hacer, pero dejando claro que obran en el marco de sus respectivos intereses, aunque esgrimiendo la consabida entelequia del interés general, que solamente era y es una invocación para ocultar el interés particular. En cuanto al hecho de reconocer formalmente demandas de la ciudadanía, trajo consigo una pluralidad de lo que se llamaron derechos de distintas características para ponerse en línea con los tiempos de la razón. Su concesión formal siempre ha sido atributo propio de la política, en su condición de intérprete de la voluntad ciudadana. Son derechos que no gozan de valor absoluto —pese a lo que diga la propaganda—, porque han venido careciendo de autonomía, al estar sujetos a las determinaciones del poder, ya que su efectividad se ha venido entregando a la política —de ahí su politización— y al arbitrio de la justicia, suplantando al buen juicio de la propia comunidad.
De manera que si en las relaciones poder y ciudadanía prevalece el sello del poder, tanto en la gobernanza real como en esas concesiones llamadas derechos. Los más importantes, los que se refieren a la vida de las personas y su normal desarrollo, han venido siguiendo el mismo camino, porque los ejercientes del poder colocan sus intereses, ocultándolos tras el llamado interés de todos. Se dejaba claro que la acción política, entiéndase la que conviene al gobernante, prima sobre los derechos ciudadanos y el propio Derecho. Con referencia a los derechos humanos, que debían situarse en un nivel superior a toda política, resulta que deben pasar por el filtro político. En algunas situaciones, tales derechos efectivamente gozan de prioridad absoluta y se amparan por todos los medios posibles, pero no hay que pasar por alto que lo hacen por conveniencias de partidos y grupos de intereses; mientras que, en otras ocasiones, se ignoran. También es de apreciar que quienes vulneran los derechos humanos a menudo son objeto de represión, mientras que en otras ocasiones tales derechos no son debidamente protegidos. Con lo que los derechos humanos se han visto afectados por la inseguridad jurídica como consecuencia de la apreciación política, quedando afectados por las circunstancias, a veces, activándose los protocolos de actuación ante cualquier situación y, en otras ocasiones, desactivándolos a conveniencia.
Sirva de ejemplo de lo primero, que se diga que este país, de puertas totalmente abiertas a cualquier persona que decida incorporarse a él para aumentar su población, no se muestra claramente en línea con la doctrina de los derechos humanos en lo referente a los derechos fundamentales de los recién llegados. De manera que, más o menos, se ha llegado a considerar que puntualmente no se respetan tales derechos para con algunas de estas personas —lo que estaría por ver—, acaso por no procurarles una vida digna, asistida por el derecho al confort y al bien-vivir. Esa política quizás lo que pretenda es hacer extensivo como derecho, más allá de lo razonable, imponiendo el deber de procurarles un hotel de cuatro estrellas donde residir, comida abundante en buenos restaurantes, dinero para consumir, nada de trabajar porque puede ser hasta denigrante, libertad para practicar el turismo y ocio debidamente atendido. Lo que supondría llevar los derechos humanos a su extensión más amplia o simplemente tratar de compensar ese deterioro que claramente se aprecia en otros países.
Cambiando radicalmente de postura, la política se muestra tolerante o guarda silencio ante el desprecio de los derechos humanos básicos que tienen lugar en ciertos lugares. De que se oculte en la práctica la clara vulneración de los más elementales derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, hoy tenemos ejemplos mundiales, unos ampliamente atendidos y otros que apenas son objeto de difusión. Sobre algunos de ellos, los personajes de la política que tratan de lucirse a nivel internacional, desempeñan su papel en términos de propaganda personal, con buenas palabras, pero no hacen nada que tenga sentido práctico; otros, agachan la cabeza y se encojen de hombres. Incluso no se atiende a la ciudadanía que se manifiesta en las calles. Así resulta que, para la política mundial, que se extermine a todo un pueblo indefenso a cañonazos o condenándole al hambre y a las enfermedades, parece ser que no atenta contra los derechos humanos o, si lo hace, se tolera por mandato de la política. Acaso, porque así lo exige el amo del mundo, pasando por alto algo tan básico y verdaderamente fundamental como el hecho que se practique el desprecio a la vida, el fin de la libertad, la inseguridad total, incluso que se entre en el terreno de la tortura y los tratos inhumanos. Lo que pone de manifiesto, en el tema de los derechos humanos, un claro retroceso del llamado progreso social.
Queda algo más claro que tanto la racionalidad, los derechos y el Derecho, pese a los avances, continúan sometidos a los intereses del que manda utilizando el poder del dinero bajo la etiqueta de la política. Todo está politizado porque, quien tiene la fuerza, impone ese poder que acompaña a la política. Las gentes reconocen esa forma sutil y refinada de la fuerza que es el poder, en estos tiempos en manos de los controlan el capital y distribuyen entre los fieles de su doctrina el dinero falso, que pese a ello, procura el bien-vivir provisional, en el que la mayoría está interesada. De ahí que muchos políticos y ciudadanos, miren para otro lado, permitan que los derechos humanos, que son principios básicos de toda existencia humana, más allá de cualquier tipo de elucubración, pasen por el filtro de cierta política para validarlos, ser reconocidos o ignorados a conveniencia. En tanto esto suceda, se atienda preferentemente a los intereses del dinero, al consumo, prospere como única creencia la doctrina del mercado, el bien-vivir sea el objetivo vital de muchos y que se entreguen esos derechos humanos universales e inalienables a la voluntad del que manda, los logros alcanzados por la humanidad irán en caída libre. Con lo que los principios normativos que unieron a las políticas de los Estados avanzados desde 1948 corren el riesgo de convertirse en papel mojado.
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