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Sabemos que hay cuestiones que se derivan a un órgano ajeno cuando deben resolverse a través de la política, ya que de lo contrario, se pervierte el sistema democrático y se instrumentaliza al garante de la Constitución con fines partidistas, contribuyendo a su inexorable pérdida de legitimidad y la de sus decisiones.
Si queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional se tomen como la máxima expresión del Estado, el primer paso es no denigrarlo a través de decisiones que corresponden a sus gestores.
Sin embargo, la incapacidad de muchos de los representantes actuales para alejarse de la disputa de partidos y conformar grandes acuerdos de Estado, están “destruyendo la forma constructiva” de hacer política.
Sí, éstas son las consecuencias que ya estamos sufriendo desde hace ya un tiempo y que, de no remediarlo, lastrarán la credibilidad, si cabe aún más, de las políticas, los políticos y las instituciones. El fondo puede estar aún más profundo, y ese pozo lo llevan cavando y agrandando desde hace décadas las dos grandes formaciones políticas: PSOE y PP.
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