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Una semana después de que el Tribunal Constitucional considerara de facto el aborto como un derecho, la mayoría gubernamental sacaba adelante una ley abundando en aspectos polémicos, como el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años, la eliminación de los ya de por sí exiguos 3 días de reflexión y las presiones para practicar abortos en la sanidad pública, marginando a los médicos objetores.
El contraste no puede ser mayor, como destacaba el presidente de la CEE, lamentando que el aborto se consolide como derecho mientras 13 millones de personas viven en situación de exclusión y España se sitúa a la cola europea y mundial en natalidad. Invertir hoy en familia es la mejor manera de garantizar el sistema de protección social. Hace falta también recuperar una imagen positiva de la familia y la crianza. Es tarea de todos, incluidas las administraciones, a las que, en todo caso, hay que exigir que dejen de empeñarse en agravar aún más el problema.
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