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​Un gobierno que no asume sus responsabilidades, ¿de qué sirve?

Cuando le conviene, delega lo que no puede delegar, y cuando piensa que le va a favorecer, se acuerda de que puede imponer su criterio absoluto
Miguel Massanet
miércoles, 1 de diciembre de 2021, 10:16 h (CET)

“No es un gobierno arrogante el que escoge las prioridades, es un gobierno irresponsable el que no las escoge”, Tony Blair.


Una de las definiciones de anarquismo se la debemos al escritor estadounidense Edward Abbey, que nos dejó la siguiente: “El anarquismo se basa en la observación que pocos hombres son lo suficientemente sabios para gobernarse a sí mismos y que, menos aún, son suficientemente sabios para gobernar a otros”. Desgraciadamente, en estos momentos de la historia de nuestra nación, parece que estamos en manos de unos sujetos que entran de lleno en esta categoría de personajes que, por sus comportamientos, formas, actuaciones,  objetivos y sus carencias intelectuales, a las que se unen una dosis exagerada de autosuficiencia, egolatría y desprecio por las ideas de quienes no siguen al pie de la letra el itinerario que nos intentan imponer con sus extravagantes maneras de gobernar la nación y que hacen temer que, el desenlace de semejante ensayo político, pueda ser calamitoso para España y los españoles.


Siempre se ha entendido que una de las formas que tiene el sistema de gobierno, basado en la democracia o en lo que se ha dado por definir como “el gobierno del pueblo por el pueblo”, no se puede interpretar en su sentido estricto, ya que todos los españoles, en su conjunto, en manera alguna podrían asumir en masa semejante tarea y es obvio que, si lo intentaran, nos sumiríamos en un caos de proporciones gigantescas. No, no es este el verdadero objetivo que se señala con lo expuesto en la frase de marras, se trata de que el pueblo, la ciudadanía pueda expresar de una manera inequívoca, segura y que permita a todos expresar, libremente y sin cortapisa alguna, en quién prefiere delegar aquellas funcione estatales que por su complejidad, su importancia, su coste y su dificultad organizativa, técnica, social, de defensa del país y de orden interior, no estarían al alcance de los españoles ni sería conveniente que quedaran en manos minoritarias, que se prestaran a favorecer a determinados grupos de influencia, cuyos intereses no fueran los que la mayoría desearía preservar.


Esto se ha solucionado mediante el sufragio universal. Acudir a las urnas para elegir a aquellas personas que el pueblo considere más idóneas para dirigir el país. Claro que no es tan fácil, ni siempre se logra el objetivo previsto, ni mucho menos se consigue que los votantes, los que depositan su voto en las urnas electorales, vayan suficientemente informados, conscientes de que van a votar a la persona idónea y que las referencias que han recibido de cada partido o formación política, que aspira a que sus representantes ocupen el gobierno de la nación, se correspondan con la realidad, lo que sucede en muy pocas ocasiones debido a la tendencia, de todos ellos, de ocultar los posibles defectos, magnificar las cualidades y, por supuesto, ocultar las verdaderas intenciones que se ocultan tras aquella pantalla de buenismo que intentan presentar ante sus posibles electores.


Y dicho lo cual, básico para que entendamos las funciones que le corresponden a un gobierno que pretenda actuar conforme corresponde a la democracia en la que se encuentra, convendrá que veamos cómo, nuestro actual gobierno de coalición de socialistas y comunistas va desarrollando su especial y singular forma de gobernar, bajo dos principios inmutables: pregonar, presumir, alardear y propalar a los cuatro vientos aquellos logros ( no siempre atribuibles al gobierno) que les van a favorecer y procurar votos, a la vez que actuar de forma sibilina y desleal para conseguir que todo lo que no funciona en la nación, aquellos acontecimientos que están perjudicando gravemente a los ciudadanos y todas las rectificaciones que han tenido que llevar a cabo respecto a sus utópicas mejoras sociales, ayudas a necesitados, aumentos del nivel de vida, sueldos básicos para todos los españoles etc. que prometieron cuando ganaron las elecciones y que, como era evidente que sucedería, no podrían nunca llevarse a la realidad, de modo que siguen sin cumplirse, o sea que todos aquellos hecho, sucesos, circunstancias o acontecimientos que, de alguna manera, pudieran afectar a su credibilidad, a la valoración de los españoles y, por consiguiente, a sus perspectivas electorales; se las vienen arreglando para culpar de todos ellos a la oposición  a la que, sistemáticamente, califican  de desleal, de obstruccionista, de no colaborar y de criticar, algo que, ellos cuando estuvieron en la oposición, sin rubor alguno fueron llevando a la práctica de modo que impedían que muchas de las decisiones que la derecha tuvo que tomar, fueron protestadas de forma intolerante en las Cortes y llevada a las calles, con la inapreciable ayuda de estos sindicatos a los que ahora se les da dinero a manos llenas y se olvidan los “pecadillos” que cometieron en Andalucía, de los que tan poco se habla gracias a la censura implacable que, sobre el tema de los ERE y de la estafa que se cometió en su tramitación, cuando la comunidad andaluza estaba absolutamente bajo el poder del PSOE.


Tenemos un gobierno que no gobierna. Un gobierno que en cuanto a la pandemia del Covid 19, luego de retrasar por razones de interés político el admitir que estábamos contagiados del virus, ha estado dando bandazos en cada ocasión en la que quedaba clara su incapacidad de controlar la pandemia, arreglándoselas para culpar a las autonomías, a los partidos de la oposición, a la falta de suministros desde Europa ( no nos explicaron los fraudes de las entregas del material que llegaba del extranjero), a la falta de mascarillas ( ellos fueron los culpables por imprevisión) etc. Un gobierno que, para que nadie le discutiese sus decisiones, suspendió la actividad de las cámaras de representación popular, decretó anticonstitucionalmente (como ha determinado el TC) el estado de alarma sin que nadie del Gobierno y menos el que tomó la decisión de hacerlo, el señor Pedro Sánchez, haya tenido la valentía de presentar su dimisión algo que, por mucho menos, el resto de países europeos no hubiera tolerado que siguiera en su cargo después de una condena semejante.


Ahora tienen la cara dura de presentar y aprobar, con la colaboración de esta izquierda bolivariana que se ha hecho dueña del país, unos PGE que se sabe que ya están obsoletos antes de aplicarse. Seguimos teniendo un paro el doble que el resto de Europa, las mercancías y los suministros de energía se han convertido en una amenaza evidente para que España pueda remontar la crisis pasada y, mucho menos, la que se nos está anunciando sin que, el Covid19 de pruebas de haber remitido, antes al contrario, la amenaza del Omicrom puede hacer que la economía europea en conjunto y la española en especial, sufran un nuevo retroceso que, en algunos sectores, como en el caso del turismo o el sector industrial y el transporte, es posible que ya no estén en condiciones de sufrir otra crisis como la pasada.


Y, entre tanto, nuestras ministras jugando a ser optimistas. La señora Delgado, aquella que fue nombrada Fiscal General del Estado pese al rechazo de toda la oposición debido a su evidente concomitancia con el gobierno al que había pertenecido; ya ha conseguido con su evidente parcialidad, sus inauditas presiones sobre los fiscales y algunos casos turbios como es el de la salida del fiscal anticorrupción Ignacio Stampa en octubre del 2020; sobra la cual no se dignó dar explicación suficiente alguna de los motivos que la llevaron a tomar tal determinación. Ya ha ocurrido y la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, ha exigido este sábado la inmediate destitución de la fiscal General que, según ellos, “ha causado un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal” además de carecer de idoneidad por proceder directamente de la política y sus “erráticas y sectarias” actuaciones. Así, defendiendo la independencia de la asociación, la Asociación de fiscales reclama que “ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional” de Delgado, es prescindible un nuevo Estatuto Orgánico que refuerce la plena autonomía del ministerio fiscal, “imprescindible para asumir la investigación con garantía”. 


Por su parte la señora ministra, Nadia Calviño, se ha apuntado a aquellas personas inasequibles al desaliento, la de la eterna sonrisa y una resistencia a reconocer que la recuperación que viene anunciando y que, evidentemente nunca llega, ya no es algo que se pueda defender sin tener en cuenta que todos los pronunciamientos de los entendidos en la materia, economistas y demás técnicos, están lejos de ver, en el futuro inmediato, otra cosa que no sean graves problemas y encarecimiento de precios, juntamente con el de la energía, que amenaza en convertirse en algo endémico para España, si alguien no se decide a tomar el toro por los cuernos y aplicar una política energética en la que se incluyan de nuevo la nucleares, como, por cierto está intentando hacer el señor Macrón en Francia y que, gracias a una repulsa unánime de las izquierdas, en España están en franca recesión, sin que exista una energía alternativa más limpia y productiva.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos que se sigue premiando, por el Gobierno, al separatismo catalán con constantes inyecciones de capital, mientras que el resto de las autonomías siguen engrescadas en cómo repartirse la parte que queda, evidentemente la menor, una vez que los catalanes se han llevado el bocado del león.


Así es como un gobierno que no gobierna, que cuando le conviene delega lo que no puede delegar y cuando lo estima oportuno y piensa que le va a favorecer, entonces se acuerda de que puede imponer su criterio absoluto. Y así vamos señores.

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