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El desbarajuste separatista catalán amenaza el Estado de derecho español

​El desprecio hacia la legislación estatal se ha convertido en endémico en esta levantisca autonomía, que reniega abiertamente de su españolidad
Miguel Massanet
jueves, 25 de noviembre de 2021, 08:41 h (CET)

En España, señores, hemos entrado de lleno en la época de los despropósitos gubernamentales, a precio de saldo. Parece ser que todo lo que se está organizando en esta nefasta etapa de entreguismo del país a quienes tienen el propósito de llevarlo al desguace, tiene un componente encaminado a trastocar los valores tradicionales de los que hemos gozado durante años, las costumbres heredadas de nuestros ancestros, las fórmulas democráticas que la transición supo elaborar y que quedaron garantizadas por la Constitución de 1978, la protección que, nuestro entramado legal, ofrecía a la ciudadanía contra la injusticia, los malhechores, el desorden, la revolución y los desmanes callejeros, se ha convertido, no se sabe bien debido a que tipo de revisionismo, reformismo de izquierdas o contubernio masónico, en algo que, incomprensiblemente, parece que va tomando cuerpo en nuestro ejecutivo y que forma plan de sus futuros objetivos y que, los hechos lo vienen demostrando, parece ser que supone un cambio radical en lo que ha venido siendo el cometido primordial de las fuerzas del orden, de las autoridades, de los ayuntamientos y diputaciones, y de cualquier otra institución celosa de resguardar los valores constitucionales contra los ataques de los antisistema, terroristas callejeros, anarquistas y demás personajes que, tradicionalmente, han formado parte de la peor escoria de la sociedad civil española.


En España, no ahora, sino desde hace años, incluso durante el gobierno del señor Rajoy, los sucesivos gobiernos, especialmente este de izquierdas que estamos padeciendo, han sido incapaces de frenar, poner coto, reprimir y restaurar el orden constitucional en las autonomías en las que, sus gobiernos, han prescindido abiertamente de respetarlo. Hablamos de Cataluña y el País Vasco, aunque en otros lugares también se advierten ramalazos revolucionarios, de componente izquierdista, que pretenden pescar en las aguas revueltas del independentismo radical de catalanes y vascos. Como era de esperar, el procedimiento de utilizar paños calientes para intentar aplacar las aspiraciones soberanistas de algunas regiones, no han servido para otra cosa sino que para aumentar la voracidad, la premura y la impaciencia del separatismo radical, convencido de que si siguen chantajeando al Gobierno con amenazas y nuevas peticiones es muy posible, y así ha ido sucediendo a través del tiempo, que los plazos para la hipotética independencia a la que aspiran, se acorten, se faciliten y se vayan deslizando por una pendiente de cesiones que, cada vez la haga más viable.


Resulta, poco menos que una gran traición a España y a sus ciudadanos, que ven impotentes el gran deterioro democrático al que se nos conduce, esta anómala situación en la que parece que está permitido a vascos y, en especial, a catalanes, dejar de cumplir las leyes a las que estamos sometidos todos los españoles. Y no es que se limiten a hacer oídos sordos cuando se les reclama que se atengan a la legalidad, sino que, haciendo gala de una cara dura impresionante, los mismos miembros del Gobern catalán y de su Parlamento, son los que recomiendan que no se haga caso de las sentencias y resoluciones del TS o del TC. 


El último ejemplo, la demostración de que la prevaricación en Cataluña no está castigada, lo tenemos en el hecho de que el Supremo, una vez más, obliga a las escuelas catalanas a dar un 25% de clases en castellano. A ningún otro ciudadano, de toda la UE, le cabría pensar que en sus respectivas naciones, un tribunal tuviera que pedir que, en una de sus regiones del país, se tuviera que imponer por medio de una resolución, el que los alumnos pudieran estudiar en el idioma vernáculo oficial del país; sin embargo, como en tantas otras cosas, Spain it’s  different ,y aunque se trate de algo incomprensible y deleznable, tendremos que admitir que, en Cataluña, resulta una heroicidad pedir que un alumno reciba clases en castellano.


El mismo consejero de Educación de la Generalitat catalana ha manifestado públicamente que rechaza la sentencia del TS y les pide a los centros escolares que “ignoren” la resolución judicial. ¿Un funcionario de un órgano autonómico que gobierna como delegado del gobierno de España, se permite el lujo de contradecir al TS? Pues, sí señores, con un par. Pero, nos podríamos preguntar si no conociéramos el percal, ¿cómo es posible que sucedan cosas así, que el Estado no haya tomado cartas en el asunto castigando al infractor y retirándolo de su cargo público? O ¿cómo no ha denunciado ante el tribunal competente este caso evidente de prevaricación e inducción a cometer un delito? Simplemente, porque los independentistas catalanes saben que el señor Pedro Sánchez es incapaz de tomar ninguna acción que pudiera dar lugar a que le retiraran su apoyo en el Parlamento de la nación. 


Todos conocemos de sobras al señor Sánchez y sabemos que su palabra no vale un maravedís y que es capaz de prometer una cosa y, a los diez minutos, desdecirse de lo prometido. Lo hizo en sus alianzas con los comunistas de Pablo Iglesias y lo volvió a hacer pactando con Bildu, aunque las hemerotecas le hayan dejado como un mentiroso compulsivo cuando, por encima de Judas Iscariote, negó ante un entrevistador de la prensa escrita, por no se sabe cuántas veces, que nunca lo haría.


La vorágine está servida y España ya está a las puertas de convertirse en una más de estas repúblicas, sí he dicho bien, repúblicas, porque está visto que la monarquía ya ha arriado velas y se ha convertido en un juguete más en manos del futuro dictador de España, el señor Pedro Sánchez, existentes en la América latina que han caído bajo la zarpa del neocomunismo bolivariano y están demostrando la facilidad con la que se puede convertir a una nación con recursos naturales y potencial económico, cuando cae en sus manos, en una fábrica de miseria y pobreza. Alguien dice que el actual gobierno se siente preocupado por lo que pueda suceder en las próximas elecciones – suponiendo que las haya – y que, ante la posibilidad de que la derecha pudiera gobernar ( algo complicado, teniendo en cuenta los esfuerzos que hacen en equivocarse, una y otra vez), piensan que dando más poder a los sindicatos, más libertad a los huelguistas y menos control de las calles a las fuerzas del orden – todo ello se deriva, claramente, del nuevo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que convierte a la policía y la guardia Civil, en presas fáciles para cualquiera que quiera organizar el vandalismo en las calles- el manejo del descontento que pudiera ser alimentado por los sindicatos, pondría en serios  problemas a la nueva administración de la nación.


Se suceden los pactos entre las distintas formaciones de izquierdas, con los independentistas catalanes y vascos y, a la vez se van produciendo nuevos cambios, como es el caso de la enseñanza, que garantizan que los nuevos ciudadanos que salgan de las escuelas públicas y universidades van a tener una preparación peor, unos fundamentos menos sólidos y, por encima de todo, un hándicap respecto a los estudiantes de otras naciones, que en su currículo figurará que han pasado de curso con asignaturas suspendidas y que se han sacado el título con alguna de ellas sin aprobar. Estos van a ser nuestros futuros médicos, ingenieros y abogados que van a tener que competir, en una Europa de las naciones, con los licenciados de las otras naciones mejor preparados y con más prestigio.


Hoy no da para más pero nos queda pendiente un comentario respecto a la falta de diligencia, el retraso injustificado y el peligro de que España pueda perder 5.000 millones de euroseuropeas debido a la parsimonia, falta de diligencia o incompetencia de la ministra, señora  María Jesús Montero, encargada del calendario de la cartera con los fondos estructurales, que según Bruselas, el ritmo de España “es muy lamentable” y que, de no presentarse la documentación en tiempo y forma, España perdería 5.000 millones de euros.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cada día que pasa se tiene la sensación de que las sorpresas que nos esperan para el día siguiente pueden resultartodavía más preocupantes e indigeribles que las del día anterior. El convencimiento interno de que lo peor está por llegar y el amargo sabor de que, cada vez, resulta más improbable el poder detener esta tendencia no invita, precisamente, al optimismo.


Es al gran filósofo Aristóteles a quien deberemos leer hoy: “Es un principio indiscutible que, para saber mandar bien, es preciso saberobedecer “Una lección de humildad que, a algunos de nuestros políticos, les iría como anillo al dedo.

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