Ni la derecha errática dirigida por el señor Pablo Casado, ni toda esta pléyade de periodistas y ciudadanos que siguen pensando que lo mejor es contemporizar, llegar a acuerdos, ceder con tal de conseguir un alivio en cuanto a la tensión política, renunciar a las propias convicciones, prescindir de objeciones morales, transigir con tal de que se obtenga un modus vivendi que permita ir viviendo, aunque sea a costa de renunciar a derechos fundamentales, a pesar de que esta tolerancia, en un futuro no lejano, pueda ser una carga insoportable para las nuevas generaciones o represente un cambio de régimen que suponga la tiranía para España y todos los españoles; han supuesto para el señor Pedro Sánchez un obstáculo insuperable para llevar adelante su estrategia encaminada a conseguir perpetuarse en el poder a costa de lo que sea.

Todo ello, no es más que lo que ha estado sucediendo en determinadas naciones de Sur-América en las que la falta de cultura de sus ciudadanos, afanes revanchistas largamente larvados, cuestiones raciales mal resueltas o corruptelas endémicas de sus políticos han permitido que, con la consigna de “establecer la igualdad entre los ciudadanos”, “acabar con los opresores del pueblo” o “debemos vengar a nuestros mayores de quienes fueron los culpables de su esclavitud o de la pérdida de sus vidas”; técnicos en el manejo de las masas, demagogos y hábiles activistas hayan conseguido crear un clímax, en una parte de la ciudadanía española, que permite que determinadas ideas, revolucionarios planteamientos, arbitrarias proposiciones y manipuladas opciones políticas hayan conseguido crear un ambienteconformista, tolerante y antipatriótico con el que nuestros actuales gobernantes van contando para llevar adelante sus objetivos de convertir a España en una III República, evidentemente en manos de las izquierdas, con la finalidad de provocar un cambio de régimen y de Constitución, que les permitiera volver a los planteamientos de quienes fueron capaces de proclamar la llamada República del Frente Popular, basada en los principios del Soviet supremo de la Rusia bolchevique.

Sin embargo, nunca se pueden tener en cuenta todos los factores que pueden obstaculizar la más brillante de las ideas o entorpecer un plan detalladamente preparado. En esta ocasión al señor Pedro Sánchez, nuestro actual presidente del Gobierno, le ha salido un forúnculo inesperado y que, evidentemente, ha venido a trastocar toda la táctica que le debía permitir apartar a la derecha de su camino ( algo que ya venía consiguiendo), crear la sensación de que la oposición se oponía a todo lo que fuera en beneficio del “pueblo”, presentarse como víctima de los herederos de un, convenientemente resucitado, franquismo y establecer un nuevo cordón sanitario que dejara fuera de la arena política al PP y a Vox, dos partidos que, especialmente por cerrazón de los peperos, no han sido capaces de presentar un frente común para contrarrestar a las izquierdas.

La aparición del Covid 19 fue una catástrofe para el mundo, para todos los países civilizados y por civilizar y, evidentemente, ha supuesto un cambio de 180º para todas las previsiones económicas, sociales, políticas, industriales, culturales, sanitarias y, podríamos decir que, también para aquellos planes destructivos, revolucionarios, subversivos, masónicos o de tipo monopolístico que, desde las distintas esferas del poder, pudieran estar en periodo de gestación. Como no podía dejar de suceder también esta inesperada pandemia, inoportuna para los detallados planes del señor Iván Redondo, ha sido un tropezón inesperado capaz de poner en un brete a todo el Gobierno y, como consecuencia, al desarrollo de lo que debía ser un camino trillado para alcanzar sus objetivos de cambiar el destino de España.

Pero si ya fue algo caótico, en cuanto a lo que supuso la tardía reacción del Gobierno en aceptar la importancia de la pandemia y en cuanto a las medidas inmediatas que debieran haberse tomado y no se tomaron o en la forma de informar a la población y en las absurdas contradicciones en las que incurrieron los portavoces del Ejecutivo, con un papel destacado de este personaje, Fernando Simón, mitad científico y mitad Rasputín, del que se valieron los miembros del gobierno para que fuese engañando, según les convenía para sus planes de  tener adormecido al pueblo, a los incautos que no supieron ver en él la figura de un Pinocho de conveniencia dependiente, por completo, de Sánchez y sus ministros. 

Lo que han venido siendo las diversas etapas que han tenido lugar, a medida que la epidemia tenía sus altos y bajos, mientras se esperaba la vacuna que nunca llegaba, en tanto que se fijaban las responsabilidades respectivas del Gobierno y de las autonomías, hasta que culminó todo con la gran jugada de Sánchez cuando decidió, sin que se dieran las circunstancias para hacerlo (como ha reconocido el TC), proclamar el Estado de alarma. Pero no, como era lo justo pensar, para tomar las riendas de la situación, sino para crear una situación hecha a su medida, mediante el aprovechamiento de los poderes que le daba esta herramienta jurídica para gobernar la nación mediante el procedimiento de utilizar los decreto-Ley para ir promulgando, como medida de urgencia, las leyes ( la mayoría de ellas sin que existiera urgencia ninguna) sin pasar, previamente, por la preceptiva criba del Parlamento de la nación, ante el cual debía de presentarse para que se produjera el debido debate sobre la conveniencia de su aprobación.

La consecuencia más bochornosa de semejante procedimiento se puede calificar de modo que , habiéndose promulgado el Estado de alarma para que el Gobierno tuviese en sus manos el medio de establecer normas respecto a toda la nación, para tomar decisiones que permitieran evitar que cada autonomía utilizase unas medidas distintas y, por consiguiente, obviar diferencias respecto a la limitación de los derechos ciudadanos y de los medios y medidas sanitarias precisos para enfrentarse a la epidemia; lo que hizo, en realidad, fue disponer que cada autonomía se hiciera cargo de la responsabilidad respecto a las medidas que estimara pertinente implantar para combatir la epidemia, según su propio criterio. Un medio mediante el cual ni el Gobierno ni su presidente asumirían responsabilidad alguna en el caso de que, en una determinada autonomía, fracasasen los medios que su gobierno comunitario hubiera estimado oportunos para combatir la epidemia en el ámbito de su mandato.

Como era de esperar, el caos subsiguiente no se ha hecho esperar y el hecho de que cada comunidad haya intentado hacer lo que le parecía más oportuno ha tenido distintos resultados, como era de prever. Ello no ha evitado que los miembros del Gobierno, con una desfachatez rayana en la desvergüenza y en la utilización política en contra de aquellas autonomías gobernadas por la oposición, con el caso flagrante de Madrid, haya sido especialmente crítico, duro en sus descalificaciones y carente en absoluto de la más elemental objetividad, cuando se ha tenido un trato discriminatorio evidente con casos mucho peores que se han producido en comunidades gobernadas por su partido o, por ejemplo, la catalana, en la que la quinta ola del coronavirus se está mostrando especialmente agresiva y contagiosa y, sin embargo, el gobierno del PSOE no parece que tenga ningún reproche que hacer a la Generalitat y sus gobernantes.

Es obvio que los fallos garrafales que en la materia de defensa de la ciudadanía contra los efectos deletéreos del coronavirus han tenido nuestros actuales gobernantes, por mucho que los ministros y el propio Pedro Sánchez se empeñen en minimizarlos, en quitarles importancia y en justificar, con excusas de mal pagador, que no tenían otros medios para evitar lo que sucedió; lo van a tener muy difícil cuando llegue el momento de acudir a las urnas y aquellos españoles que, por la desidia del Gobierno, hayan visto fallecer a alguno de sus deudos por causa de las carencias de nuestros servicios sanitarios, por las imprevisiones de nuestros gobernante o por la falta de eficacia de aquellos ministros encargados de conseguir las mascarillas, las vacunas o lo que hubiera sido necesario para evitar que la mortandad que tuvo lugar en España, a causa dela Covid 19, doblara o triplicara la cifra que, el propio Ejecutivo, ha reconocido respecto al número de fallecidos a causa de la epidemia, en España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos como que nos entra la risa floja cuando nos hablan de recuperación y comprobamos que nuestro endeudamiento público ha alcanzado la cifra de los1,41 billones de euros ¿Quién va a pagar semejante disparate? Pero el Gobierno sigue emperrado en que hay que despilfarrar el dinero sabiendo quelas mejoras sociales que tiene en mente, no pueden llevarse a cabo en unos momentos en los que siguen quebrando empresas, produciéndose ERTE, y con un desempleo, el mayor de toda Europa, que exige que el Estado deba distraer una cantidad importante de sus recursos para poder atender a estos trabajadores sin empleo. 

Y mientras, en Cataluña, se produce uno de los hechos más vergonzosos sin que el Gobierno del Estado parezca tener nada que decir. El Instituto Catalán de Fianzas, un organismo público que, como todos ellos, se financia con el dinero de los contribuyentes, se hace cargo de avalar a estos delincuentes que utilizaron los caudales públicos para subvencionar un acto delictivo y que han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar la cifra de 5,4 millones de euros. ¿Prevaricación? ¿Compinchamiento? ¿Malversación de caudales públicos?  En todo caso, un acto inadmisible el que, desde un organismo que debiera condenar cualquier acto ilícito, se presten a financiar a unos delincuentes que robaron a los contribuyentes para intentar que Cataluña se independizara de España. 

Y una frase apropiada al tema que nos ocupa debido a Rudolf vonJering: “Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber”.