La semana pasada, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, llegó el primero de los bofetones que en los próximos años le llegaran al Tribunal Supremo español y, también a la Junta Electoral Central, por la mala praxis jurídica que han demostrado a la hora de juzgar a los presos políticos catalanes. Porqué ahora, después de la intervención del TJUE, ha quedado demostrado, más que nunca, que los condenados por el Tribunal Supremo español bajo la excusa de la sedición son verdaderos presos políticos secuestrados en cárceles españolas por unos jueces prevaricadores al servicio de la derecha extrema y la extrema derecha, ambas amparadas bajo el paraguas exculpatorio y muñidor de votos de la unidad de España.

Los fiscales del Supremo, con la aquiescencia de los diversos Fiscales del Estado, prevaricaron acusando a los políticos catalanes del delito de rebelión. Como quedó demostrado en la sentencia hecha pública el 14 de Octubre la rebelión fue una excusa de los fiscales, con la aquiescencia del juez instructor, Llarena, para poder mantener en prisión provisional durante casi dos años a los acusados, y para poderles excluir del ejercicio de la política. LLarena, Marchena y los fiscales alimentaron con sus acusaciones y maneras de actuar los odios de la “Brunete Mediática”, la prensa al servicio del poder, contra los acusados.

La Sala del Supremo presidida por Marchena durante los meses que duró el juicio contra los presos políticos catalanes tuvo una actuación totalmente parcial. No dejó contrastar las declaraciones de policías y guardias civiles con la visión de videos en los que quedaba claramente demostrado que los testimonios de la mayoría de las fuerzas del orden público eran delictivos ya que eran falsos testimonios, con declaraciones idénticas que seguían el guión que algún responsable de las fuerzas de seguridad había escrito para exculpar a los culpables de haber agredido el 1-O a una población indefensa que tan sólo quería votar.

La Sala presidida por Marchena con la falaz colaboración de testigos que incurrieron en falso testimonio y de una Fiscalía inmersa en la mentira, a la hora de dictar sentencia creó un falso delito, no tuvo en cuenta más que las declaraciones que le eran favorables a sus tesis. I, finalmente, tuvo que inventar un delito de sedición, inexistente en la mayoría de estados democráticos, para poder condenar a más de 100 años de prisión a los encausados que tan sólo habían obedecido el mandato del pueblo que les demandaba poder votar en un referéndum la posibilidad de ser dueños de su futuro.

Marchena y sus colegas de la “Brigada Aranzadi” en su esfuerzo por dictar graves condenas contra los políticos catalanes se han dejado olvidadas la vergüenza personal entre las “puñetas” de la bocamanga de las togas y haciendo de su capa un sayo han tergiversado y apretado la interpretación de las leyes para adaptarlas a la defensa de la unidad de España, porque como dijo el director de uno de los principales periódicos de la “Brunete Mediática” la unidad de España está por encima de la verdad. Olvidaron entre los pliegues de sus elegantes togas del Supremo que Oriol Junqueras había sido elegido eurodiputado, hicieron caso a la Junta Electoral Central, otro de los organismos, como las mismas togas de los jueces del Supremo y la Audiencia Nacional, con olor a naftalina franquista, y decidieron que no podía ser inmune ni ser europarlamentario si antes no juraba la vieja Constitución del 78, un texto conservado en el armario del tiempo entre las viejas bolas blancas de la naftalina franquista.

Pero ahora, un organismo con aromas demócratas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también es una parte de la Justicia española, ha dictaminado que el Supremo actuó con prepotencia y violó la ley al no permitir que Junqueras tomará posesión de su plaza de eurodiputado pese a ser declarado como tal el 13 de Junio por la Junta Electoral. La hostia que el TJUE ha dado a los organismos judiciales españoles se ha oído en todo el mundo democrático y ha revolucionado el gallinero. Ahora el Presidente Puigdemont y el Conseller Comín exiliados en Bélgica ya son eurodiputados y el día 13 de Enero , pese a quien pese, y pese a las interpretaciones de supuestos periodistas entendidos que les niegan este derecho, estarán en Estrasburgo en la primer sesión plenaria del 2020.

La pelota está ahora en las manos del Tribunal Supremo que tendrá que tomar una decisión. Ilustres juristas afirman que el TS debe declarar nulo el juicio contra Junqueras porque su prisión provisional ha sido declarada ilegal. La Fiscalía, saltándose a la Fiscal General y olvidando que son un cuerpo jerárquico, ya ha pedido que Junqueras siga en prisión. Y, cuando escribo estas líneas, desde el PSOE andan poniendo velas a todos los santos conocidos para que la Abogacía del Estado pida, como ha hecho la Vicepresidenta del Gobierno, el cumplimiento de la sentencia del TJUE. Es la única carta que le queda al socialismo para conseguir que ERC se abstenga y así Sánchez pueda ser investido Presidente del Gobierno, seguramente la tarde de Reyes.

Y el franquismo, que nunca murió con la muerte del dictador, ahora quiere abandonar la Unión Europea, no les ha gustado la sentencia y quieren dejar el partido de futbol porque se consideran los amos del balón. Si marchan de Europa algunos les diéremos que “bon vent i barca nova”, porque hay gente que contra más lejos la tengamos mejor viviremos. Cada día Catalunya está más cerca de Europa y la España casposa de la “Brigada Aranzadi” y la “Brunete Mediática” más alejada.