La sentencia condenatoria por sedición y malversación está basada en hechos probados. Que son en lo que se apoyan las argumentaciones como es lógico. En caso de duda a favor del reo, pero con actos probados y con pruebas objetivas desparecen por completo las dudas sobre los delitos cometidos.

El juez Marchena y los otros magistrados del Tribunal Supremo han preferido buscar la unanimidad en la sentencia, a mi juicio, como una forma de ser más justos y también con el fin de evitar posibles problemas ante un casi seguro recurso al Tribunal de Estrasburgo por parte de los líderes independentistas.

Es una sentencia firme que condena a 13 años de prisión a Junqueras, 11 y medio a Forcadell y 9 años a los Jordis. Y podía haber sido una condena mayor, pero se ha optado por unos planteamientos prudentes que consideran con exquisito cuidado todos los matices a tener en cuenta en un proceso judicial ejemplar con todas las garantías procesales. Así lo afirma la prensa internacional que ha seguido el juicio con todo detalle a través de las televisiones de los diversos países.

El Presidente de nuestro país ya ha realizado una declaración institucional en la que insiste en que no procede hablar de indultos. Es indudable también desde la perspectiva del Gobierno de que el fallo debe ser acatado u obedecido por todos.

Por otra parte, el juez Llarena emite una nueva euroorden contra Puigdemont para evitar que huya de Europa. Debería estar ante la justicia española y encima critica duramente la represión de la democracia española contra el proceso independentista, algo absolutamente falso. Es todo lo contrario, como es obvio.

También habla Puigdemont de brutalidad judicial y es totalmente descabellado que diga esto. Los jueces aplican las leyes ante delitos muy graves. Parece que no quiere entender que España es un estado democrático de derecho en toda regla. Lo reconocen todas las instancias internacionales también. Además, insiste en su lucha para lograr una república independiente catalana.

El Supremo permite que Torra pueda facilitar de inmediato el tercer grado a los presos del procés. Algo que es una muestra más del buen hacer del más alto tribunal español. El fallo no es injusto ni antidemocrático como dice Torra. Al contrario se basa en el derecho vigente y en el respeto a la Constitución y al ordenamiento legal español. Ningún país europeo toleraría un desafío semejante a su soberanía como Estado y a sus leyes. Cataluña ya es una autonomía con mucho poder dentro de España, de las que más puede hacer con su autogobierno.

Como la sentencia se ha conocido por la mañana, una parte de los independentistas ya han repartido tarjetas de embarque para bloquear el aeropuerto de El Prat, pero no lo han logrado, porque la policía lo ha impedido. También las cargas policiales han contenido a los cientos de separatistas que han intentado tomar el aeropuerto de Barcelona.

La prensa internacional se ha hecho eco de lo que está sucediendo. Un periódico belga dice que es una aberración que Puigdemont denuncie las condenas de los independentistas catalanes.

Es que está fuera de toda lógica jurídica o legal que se condene por unas justas condenas a personas que han cometido delitos de sedición y malversación muy graves. Y esto es aplicable a cualquier país en que algo parecido hubiera sucedido.

No es cierto que no haya más vía que el referéndum de autodeterminación como dice Puigdemont. De lo que se trata es de que no se fracture más la sociedad catalana en dos partes irreconciliables. Algo que lleva camino, quizás, de producirse si sigue la espiral de incomprensión y fanatismo de los independentistas.

Su proceso independentista no tiene futuro y está haciendo mucho daño a Cataluña. La sociedad civil catalana no se merece esto, especialmente, la mitad o más que no es independentista. Y la fuerza de los números no es suficiente para dar o quitar la razón. No importa que dos millones de catalanes independentistas digan que quieren una república independiente. No tienen argumentos democráticos y una base legal en la que apoyarse y tampoco una justificación democrática, porque desprecian las leyes existentes que niegan la posibilidad de la independencia. La pluralidad de naciones está reconocida pero dentro de la unidad de España.