Es tan lamentable como sorprendente la reacción de los actuales dirigentes del PSOE andaluz, ante las decisiones del desconcertante Tribunal Constitucional actuando, contra natura, para enmendar (destrozar diría yo) las sentencias del Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional acaba de dar su asentimiento a que las niñas de la edad de 16 y 17 años pueden abortar sin necesidad de comunicárselo a sus padres, pues no necesitan se permiso para llevarlo a cabo.¿Esto es progresismo o recular hacia la barbarie?

Cuando estudiaba bachillerato me enseñaron los aspectos básicos de la justicia en España: Sistema – Organigrama – Promociones – Independencia – Potestades – Vinculaciones – Contenidos de cada estructura – Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional o de Garantías...

Dicha expresión procede del inglés "filibuster" y fue usada por primera vez en 1851. Inicialmente era "una técnica de obstruccionismo parlamentario encaminada a retrasar o bloquear la aprobación de una Ley o de un acto legislativo mediante discursos de larga duración", descollando en su uso Catón el Joven en la Roma de Julio César.

La aplicación por parte del Gobierno central del recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 161.2 de la vigente Constitución, que establece que "el Gobierno central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas", ha supuesto de facto vaciar de contenido las competencias legislativas del Parlamento vasco.

La aplicación por el Gobierno central del recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA”, ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de las Cámara forales de Euskadi y Nafarroa.

El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, salió en libertad la noche de este miércoles 6 de diciembre por una controvertida decisión del Tribunal Constitucional de su país, a pesar de la oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es posible que para algunos/as de mis habituales lectores, el aborto les resulte un tema aburrido o superado ya por esta sociedad relativista y permisiva. Pero como tengo la sana costumbre de documentarme sobre los temas a los que me enfrento semanalmente como opinador y columnista, la lectura de una biografía sobre la conversión al catolicismo de Bernard Nathanson, apodado el “rey del aborto”, me ha motivado para hacer una reflexión sobre el tema.

El miércoles era un día marcado en color rojo en el calendario del independentismo, el Tribunal General de la Unión Europea iba a dar a conocer la sentencia sobre la impunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Una resolución judicial del alto tribunal europeo en la que los implicados tenían puestas sus esperanzas para poder seguir moviéndose por territorio de la Unión Europea con total tranquilidad.

Los mayores desastres de la humanidad se han producido por causa de que un gobierno instaura una “ideología de estado” (comunismo, nazismo …) y ahora el sanchismo instaura el feminazismo generista como su ideología de estado, porque así se lo impone el lobby LGTBIPQ+.

Cuando las teorías filosóficas y políticas determinan la existencia de tres pilares cimientales de las estructuras de una nación se olvidan de las fuerzas periféricas que obligan a corregir, en la práctica, el funcionamiento de la llamada “triada”: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo.

Durante su gobierno, Zapatero declaró en el Parlamento que “muchos de los objetivos y de las grandes aspiraciones de la II República están plenamente vigentes”, y que “es un buen recordatorio para saber que la España de hoy mira a la España de la II República con reconocimientos y con satisfacción y orgullo por ver lo que hemos sabido hacer entre todos en esta etapa constitucional”.

En estos últimos días del año el gallinero político anda bastante revuelto porque unos jueces a los que nadie ha votado para dirigir España han asesinado a Montesquieu y se han constituido en un único poder absoluto y dictatorial, ellos, bajo sus togas, encarnan los tres poderes sobre los que se asienta la democracia: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Europa estaría sufriendo una aguda crisis identitaria agravada por el triunfo del Brexit y por el “proceso de balcanización europeo” ideado por EE.UU. para mediante el conflicto ucraniano, la crisis de los refugiados y la aparición de Gobiernos autocráticos provocar el declive de los valores democráticos.

Cada año, a principios de septiembre, se produce la solemne inauguración del año judicial. Los señores magistrados de alto copete, es decir los de los altos tribunales del Estado, tienen una quedada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo donde, en presencia del rey, con las togas y las puntillas de las albas puñetas de la bocamanga relucientes.

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.

Tras el escándalo internacional ocasionado por el fallido indulto del TC, el mismo que fue revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo mínimo que se podía esperar es un debate acerca de la naturaleza de dicho organismo (o si este debiera seguir existiendo, o ser electo directamente por el pueblo o en base a claros criterios de imparcialidad).

El castigo como solución, en política, es cortedad, es desconocimiento, es un atajo social para ocultar la auténtica realidad humana. Siempre hemos oído decir a los “pedagogos profesionales”, que el castigo nunca era la solución… Los problemas se arreglan con “conocimiento objetivo” de sus causas y con los “remedios personales y sociales”.

El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional, independiente al resto, que vela por la defensa de la Norma Fundamental española en su dimensión jurídica y por métodos jurisdiccionales. Además, tiene autoridad para dictar sus reglamentos en relación a su funcionamiento y organización. Y, en consecuencia, tiene autoridad para aprobar su protocolo.

Después de que el Tribunal Constitucional anulara el sistema para calcular la base imponible del impuesto de la plusvalía, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley que adapta el tributo a la sentencia y que permitirá al contribuyente elegir la forma de pago que más le beneficie entre dos opciones.