Cada año a principios de septiembre se produce la solemne inauguración del año judicial. Los señores magistrados de alto copete, es decir los de los altos tribunales del Estado tienen una quedada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo donde, en presencia del rey, con las togas y las puntillas de las albas puñetas de la bocamanga relucientes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial expresa, mediante un discurso, sus opiniones ante tan selecto, preparado e imparcial público como son los señores magistrados y alguna que otra magistrada. 

No esperen que el orador hable de los problemas que nos afectan a los normales mortales, las preocupaciones de los miembros del poder judicial vuelan más alto, suelen estar y considerarse por encima del bien y del mal y, como dijo hace unos días uno de ellos, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, la mayoría son conservadores, “los juristas somos casi todos conservadores, porque el Derecho es una ciencia conservadora”, dijo este señor, y les juro que en la vida escuché en la Facultad de Derecho de València que se calificará así la ciencia que estaba estudiando, y eso que por aquel entonces todavía tenía la vara de mando aquel general rebelde llamado Franco. 

Mientras el presidente del CGPJ, magistrado Lesmes, daba su discurso en tan ilustre foro, me dio la impresión que la estatua que, con los ojos tapados, simboliza la Justicia, se tapaba también nariz y boca para que no le llegaran los efluvios de una justicia que, de un tiempo a esta parte parece ser juez y parte cuando ha de dirimir sobre hechos acaecidos en Catalunya.

Su señoría Lesmes estaba muy enfadado, mientras el rey parecía dormitar ante las palabras del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. El enfado del orador no provenía porque hacía tan solo unos días el Comité de Derechos Humanos de la ONU había publicado un dictamen que era como una bofetada con la mano abierta en el rostro del magistrado Larena, a quien ni Europa ni éste Comité le dan la razón en relación con su persecución contra políticos catalanes independentistas.

En el dictamen el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirma que “España violó los derechos políticos de ex miembros del Gobierno y del Parlamento de Catalunya”. El magistrado Larena les imputó el delito de rebelión cuando éste no se había producido, Larena forzó la ley para poderles encarcelar y dejarles fuera de la política ya que acusándolos de rebelión podía hacerlo. Después les condenaron por sedición, delito que hace tiempo que la Comisión Europea ha pedido al Gobierno español que elimine del Código Penal. Nos dicen que la Justicia es ciega, pero debe ser según para quién.

El enfado de su señoría Lesmes provenía de las conversaciones entre los gobiernos de Catalunya y España, a él, y a otros como él, no le gustaron los indultos que sacaron de la prisión a los presos políticos catalanes. Aquel indulto, que deshacía una injusticia de la justicia, tampoco gustó a los políticos de la extrema derecha, el fascismo que cabalga entre nosotros ya sin careta, y magistrados del Supremo están decididos a revisar una norma que es un privilegio del Gobierno, hay que recordar que estos adoratrices del franquismo nunca pidieron anular algún que otro indulto concedido a algún que otro banquero u oligarca estafador. Su señoría Lesmes también se mostró irritado por la palabra “desjudicialización” presente en las conversaciones entre los Gobiernos español y catalán para evitar algunas trapisondas contra el independentismo llegadas de la mano de la judicatura y la Guardia Civil. Según el magistrado lo que se está buscando es la “impunidad”, para él “los tribunales no han provocado conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad”. 

La verdad es que algunos tribunales españoles han visto conflicto donde tan sólo había ejercicio de derechos, Mariano Rajoy les dio “barra libre” en defensa de la unidad de la patria, término que, según dijo Lesmes hace un par de años, es donde se asienta la justicia. Para este magistrado, presidente del máximo órgano judicial, no han existido todas las veces que la Justicia europea de diversos países ha coloreado la cara a España denegando las extradiciones de los políticos catalanes en el exilio, para él tampoco existen los dictámenes de la Comisión Europea solicitando la desaparición de delitos como la rebelión y la sedición incompatibles con los Códigos vigentes en Europa, para él es papel mojado, por no ser vinculante, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

De un tiempo a esta parte parece que entre la derecha y los jueces han matado a Montesquieu, y el poder judicial está intentado erigirse en el único poder del Estado, en los salvapatrias perfumados con el aire de un franquismo que muchos han mamado desde su más tierna infancia y, al fin y al cabo, como dice uno de ellos, presidente del Tribunal Constitucional, la mayoría son conservadores. Y, precisamente, de eso se trata de no perder esa mayoría conservadora que en caso de discrepancia les permite que las sentencias sean de la conformidad de sus amigos y allegados. La mayoría de magistrados con mando en plaza en las altas instancias judiciales tienen el mandato caducado cuatro años, entre ellos Lesmes, porque el PP, con cualquier excusa, se niega a renovar los cargos de estos magistrados porque sabe que con el actual Gobierno perderían las mayorías que ahora tiene. Y van a ser recursos muy importantes los que lleguen al Supremo y al Constitucional instados por el PP contra leyes aprobadas por el Gobierno actual, pero también van a ser muchas las sentencias condenatorias por corrupción de dirigentes “populares” cuyos recursos tendrán que pasar por los altos tribunales, y no es lo mismo un juez progresista, que los hay, que uno conservador, que hasta ahora abundan y son mayoría en el Supremo y el Constitucional.

Al magistrado Lesmes le ha salido una tropa díscola, irrespetuosa y levantisca, y ha habido una revuelta de togas, quién lo iba a decir de gentes de colegio de pago y educación familiar de rancio abolengo. La patria les llama en su defensa y ante el cornetín de órdenes se ponen firmes y se niegan a cumplir con esa ley y Constitución que dicen defender y envían a su presidente Lesmes a meditar donde habita el olvido. Magistrado Lesmes, se le ha revuelto la tropa, no espere dos semanas y dimita ya. Lo debía haber hecho hace tiempo y con usted el resto de magistrados con el mandato caducado. Hubieran hecho un gran favor a España y a la Justicia.