No es de recibo que siga aumentando la conflictividad en las aulas. Eso genera malestar entre los docentes y desidia entre los discentes. Por suerte no es la tónica habitual de todos los centros porque suelen estar organizados con las figuras del mediador y del coordinador de convivencia. A ello hay que añadir que los equipos directivos suelen estar implicados con pleno compromiso en los centros.
¿Cuándo suele cundir la alarma social? Pues generalmente cuando surgen casos de acoso escolar y agresiones al personal docente por parte de algunos padres; aunque pueda parecer exagerado, no lo es. Hay padres que dan mayor crédito al niño, por pequeño que sea, que a los docentes, equipos directivos,… Incluso por encima del coordinador de convivencia y del mediador. Otro día hablaremos del mediador para que se comprenda la importancia de esta figura que surge del acuerdo y del atractivo mediático de ese tipo de personas.
Durante muchos años, los docentes vienen denunciando situaciones anómalas, en muchos casos por la dejadez de la Administración educativa. A veces se elabora normativa, pero no se sabe dar respuesta a ella y –como de costumbre– es el profesorado el que debe asumir el compromiso y el trabajo para “sacar los pies de las alforjas” a los servicios periféricos que, dicho sea de paso, esconden la cabeza debajo del ala, cual avestruces desinteresados. Ni Observatorios de convivencia, ni Administración ni inspección educativa ni otras “gaitas” se mojan el trasero por el profesorado. Eso sí, cuando sale el informe PISA, todo el mundo saca pecho, particularmente quien no debe hacerlo porque arrastra un déficit de trabajo y de compromiso.
Fíjense hasta qué punto pasa la Administración educativa de los temas de convivencia que, cuando el consejero de educación da por escrito que debe destinarse horario semanal a los coordinadores de convivencia, algunos inspectores dicen a los jefes de estudio que eso no es válido porque no es una resolución ni orden ni norma que deba aplicarse. ¿Ven la descoordinación existente? Y no es un caso aislado y puntual. Y tampoco son dos casos. Pues bien, a eso se llama “desprecios colaterales” y también “mediocres entendederas”. Y por cosas así, desde los servicios periféricos de educación no se aprueban los horarios de los centros, sobre todo de centros de idiomas y de educación de personas adultas para los que no se tiene una política de actuación definida y clarificadora. El funcionamiento de ese tipo de centros es para la inspección educativa algo así como “música celestial” sonando en los pinares de Castilla.
Mientras el sector docente pone toda la carne en el asador, algunas instancias (padres, administración, inspección,…) orientan el dedo acusador hacia donde no deben. Algún día deberá entender el legislador que la autoridad docente debe ser entendida y regulada adecuadamente por las administraciones y, además, debe proporcionar a los centros todos los medios precisos para detectar cualquier caso antes de que se convierta en una situación grave. Y no me vengan con esa ‘gaita’ del “espíritu de la ley”: quede claro que la ley carece de espíritu, quien sí tiene ese espíritu es el legislador.
