El final de la independencia judicial

Ya hace tiempo que, en una entrevista, le preguntaron a Pedro Sánchez que de quién dependía la fiscalía, y él, sibilina y arteramente, como es su costumbre, no respondió directamente a la pregunta, sino que, a su vez, preguntó a la entrevistadora que de quién dependía la fiscalía. Repitió la pregunta tres veces, hasta que esta, acuciada por la insistencia, respondió, de la Presidencia del Gobierno. Su respuesta fue tajante, la recuerdo muy bien. Solo dijo: pues eso.

Con lo que quiso decir que esta, la fiscalía y, desde el fiscal Presidente de la Fiscalía General del Estado, en estas fechas, Álvaro García Ortiz, a punto de que se le incoe un proceso; hasta el último del último pueblo en el que se celebren juicios y haya un fiscal dependen del Gobierno de turno.

Con ello manifestó palmariamente, que si la Fiscalía depende del Presidente del Gobierno que haya en un determinado momento, aunque esta tanga sus propios criterios y, por ley, los fiscales sean autónomos, mientras no sean independientes, estarán encorsetados por el poder político, cuyas directrices y, posiblemente, en algunas ocasiones mandatos directos habrán de seguir.

Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados.

En el artículo 124 de la Constitución se expresa con toda claridad que El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Bien, muy bien, pero a fin de cuentas el Presidente de la Fiscalía General del Estado, aunque sea nombrado y cesado por el Rey lo hace a propuesta del Gobierno de turno, sí, sí después de haber sido oído el Consejo General de Poder Judicial, que, como ocurre en la mayoría de las veces está politizado.

Esta dependencia de la Política del referido Organismo no es nueva, llevamos padeciéndola bastante tiempo, agudizada en los últimos años debido a la situación de bloqueo en su renovación, siendo el origen del problema en que, según nuestra Constitución, que los 20 vocales del CGPJ son elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) por mayoría cualificada de tres quintos. Aunque la intención inicial era garantizar la independencia judicial, en la práctica, esto ha llevado a que los partidos políticos mayoritarios se repartan las vocalías en función de sus cuotas de influencia.

La "politización" o "instrumentalización" de instituciones gubernamentales y organismos del Estado ha sido una constante durante el mandato de Pedro Sánchez. Enumerar todas aquellas en las que ha intervenido para provecho de sus propios intereses, políticos, nos llevaría mucho tiempo, pero sí hemos de decir que su propósito actual para eliminar la independencia del Poder Judicial es eliminar las oposiciones a dicha Carrera, con lo que se eliminaría el principio de meritocracia, y serían profesionales de la mencionada Carrera personas afines al partido que ostentase el poder en determinado momento, puesto que los nombrados serían elegidos por los políticos.

En muchas de las empresas privadas hay que superar un examen para pertenecer a ellas, así como para progresar en el escalafón, con ello se pretende escoger, seleccionar a los mejores y que además tengan deseos de superación.

La Carrera Judicial es uno de los poderes del Estado en Democracia, como me parece que es España, ¿eliminamos el esfuerzo inicial de las oposiciones para acceder a ella y escoger paniaguados, carentes de méritos, obedientes a políticos, en muchos casos, sin formación alguna?.

Si llegamos a ese extremo la Justicia en España no estará amenazada, como lo está ahora, sino que habremos firmado su certificado de defunción y desaparición de nuestra España