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Ante la guerra arancelaria provocada por los EE.UU la cuestión no son los territorios, sino las empresas que puedan beneficiarse de las ayudas. Economía sostiene que todas las empresas españolas recibirán la financiación necesaria, pero el Decreto parece incluir un principio de distribución territorial que hace sospechar que Junts y el PSOE, como ya es habitual, negocian por debajo de la mesa.
Ciertamente, hacer frente a la guerra comercial desatada por Trump es un deber del Gobierno de España y del Parlamento, por tanto creo que no puede supeditarse a intereses de parte. Y para conseguirlo, nada como dejar que sean los técnicos los que negocien y lleguen a acuerdos. El asunto es serio y, por una vez, es urgente que el Gobierno y su presidente eviten las interferencias y las intoxicaciones que proceden de ciertos partidos, al tiempo que el PP mantenga un discurso único y claro. El bien común de los españoles lo exige.
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