|
El 13 de mayo de 1937, el representante diplomático de Estados Unidos Henry Norweb, escribía al Secretario de Estado norteamericano informando que la Standard Oil había iniciado conversaciones con el gobierno boliviano, a través de su representante Carlos Calvo (1).
Precisamente Calvo había sido redactor de los contratos de Richmond Levering y Standard Oil, que incluían una cláusula invocada por el gobierno del presidente boliviano David Todo para expropiar a la empresa, acto plasmado en un decreto del 13 de marzo de 1937.
Entre 1932 y 1935, una cruenta guerra se desarrolló en el Chaco dejando cien mil cadáveres deshechos en la selva, y la petrolera en cuestión, así como sus tentáculos en Wall Street y el mundillo de los traficantes de armas, habían sido señalados por meter mano tanto como los intereses de empresas argentinas que reinaban en Paraguay.
Tres días más tarde, 16 de mayo, el mismo Norweb comunicaba que el ministro boliviano Enrique Finot, había entregado una respuesta conciliadora a los reclamos del Secretario de Estado Norteamericano Cordell Hull relacionados con la confiscación de la empresa petrolera norteamericana (2).
Los despachos relativos a las gestiones que se están realizando para tratar de recuperar las propiedades de la Standard Oil Company confiscadas por el Gobierno boliviano delatan el carácter de asunto de estado que la cuestión representa para el gobierno norteamericano. El 24 de mayo, Norweb menciona la injerencia argentina en el problema, pues Buenos Aires negociaba un acuerdo con Bolivia sobre el petróleo boliviano: “ una política de dilación puede interferir seriamente con las negociaciones de Bolivia con Argentina ya que informes de Buenos Aires indican que este último país preferiría posponer un acuerdo con Bolivia hasta que este último tenga un título claro de las propiedades” (3) escribe Norweb desde La Paz.
El 4 de Junio se informa que “siguiendo instrucciones de Nueva York(Oficinas de la Standard Oil)” el enviado especial de la empresa “preguntó directamente al Dr. Finot si la Junta de Gobierno estaba dispuesta a revocar o cancelar el decreto del 13 de marzo de 1937, como precedente esencial para el inicio de las conversaciones. El Dr. Finot respondió enfáticamente que esto sería imposible por razones de política interna”.
En la misma comunicación el ministro en Bolivia asegura que el enviado de Rockefeller (Pannill) “se inclina cada vez más a la opinión de que el objetivo de la Compañía debería ser frustrar las acciones del Gobierno boliviano y retrasar su culminación de sus planes con YPF de Argentina” (4).
El 28 de junio de 1937, el encagado en Bolivia (Muccio) escribía contrariado al Secretario de Estado que “Me sorprende descubrir que importantes funcionarios bolivianos como el Sr. Antonio Campero Arce, Subsecretario del Ministerio de Minas y Petróleos, y el Sr. Walter Montenegro, Secretario del Presidente Toro, consideran que el asunto está cerrado; que la acción del Gobierno estaba plenamente justificada; y que el Gobierno de Estados Unidos no está interesado ni hará nada al respecto. Confío en que ninguna de estas personas sepa que el Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro su interés en el asunto al de Bolivia. La actitud de estos dos funcionarios gubernamentales refleja fielmente la de los jóvenes políticos y la de los excombatientes.”(5)
Finalmente, el 13 de julio de 1937 el presidente David Toro sería separado del cargo, y un informe del ministro en Bolivia al Departamento de Estado fechado el 22 de septiembre de 1937, refleja cierto alivio al respeto: “El actual Gobierno de Bolivia se considera generalmente más conservador y confiable que su predecesor, y esta observación se aplica en particular al Presidente Busch, quien, si bien carece de amplia experiencia política, da la impresión de un claro deseo de dotar al país de un gobierno razonablemente honesto y eficaz. El Presidente Busch ha conseguido la cooperación de varias personas generalmente respetadas por su capacidad e integridad, especialmente el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Fabián Vaca Chávez; el Ministro de Hacienda, Dr. Federico Gutiérrez Granier; y el Ministro de Minas y Petróleo, Coronel Felipe M. Rivera, quien pasó tres años estudiando en Estados Unidos y quien parece especialmente amistoso. Este Gobierno, por supuesto, ha heredado una situación con respecto al desarrollo petrolero en Bolivia que no fue de su propia creación y, por lo tanto, está en mejor posición para buscar una solución que el Coronel Toro, quien se comprometió abierta y públicamente con una política específica y radical al respecto”(6).
Quedaba aún mucha tela por cortar, pero se había puesto en evidencia la gravitación de las petroleras en la empresa bélica de la cual Bolivia se encontraba escenificando los últimos actos. LAW
-----------------------
Este artículo se basa en los siguientes documentos oficiales del Departamento de Estado Norteamericano: 1. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d304 2.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d305 3.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d306 4.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d307 5.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d308 6. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d311
| 
