Sin corruptores muy ricos, no habría corruptos públicos

Sin corruptores oligárquicos y estadounidenses, no habría corruptos en las altas instancias del Estado. Obviamente hay un claro objetivo de los corruptores: que solamente se persiga a los corruptos. Porque, enriqueciendo la frase de Groucho Marx sobre los principios, “estos son mis corruptos, si no le gustan, tengo otros”.

Perseguir a Cerdán y compañía nos parece muy bien, pero no perseguir a Acciona y al resto de los oligopolios de obra pública nos parece mucho más que peor. Perseguir a Montoro, sus funcionarios y sus despachos nos parece muy bien, pero no perseguir a todos los oligopolios corruptores nos parece mucho más que peor.

La corruptora clase dominante

Porque no hay una sino tres prácticas de la corruptora clase dominante. Primera, cuando uno, o varios oligopolios, quiere adquirir ventaja sobre los demás y pone en marcha la corrupción de algunos políticos que les procuran ventajas para aumentar sus beneficios, es el caso reciente de Cerdán. También, cuando se fabrican leyes concretas para beneficio de los oligopolios de un sector económico, es el caso previo de Montoro.

Segunda, cuando los principales oligopolios del Ibex35 mantienen sus paraísos fiscales. Hoy el país dominante como paraíso es Estados Unidos, y así, en Delaware, hay más de 2 millones de empresas registradas y sólo un poco más de 1 millón de habitantes. Los paraísos fiscales se usan para evadir el pago de impuestos en el país de origen. En 2021, las empresas del Ibex35 tenían un total de 681 filiales en tales paraísos, según un informe de Oxfam Intermón. Para ello, hay que contar con altos cargos en Hacienda, para que no te persigan por fraude fiscal, que alcanzó 60.600 millones de euros en 2020 según datos del sindicato Gestha.

Leyes a su favor y multas que no se cobran

Y la tercera es el desarrollo de acuerdos monopolistas de larga duración en prácticamente todos los sectores económicos relevantes de nuestro país. A pesar de contar con las leyes favorables a sus beneficios, buscan maximizar las ganancias con prácticas monopolistas anulando aún más la competencia y golpeando a la pequeña y mediana empresa e incluso a la gran empresa ajena a sus oligopolios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones a las 6 principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años, desde 1992 a 2017, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras.

A Iberdrola por subir el precio una multa de casi 85 millones. Y una indemnización de unos 107 millones para las demás comercializadoras eléctricas. Iberdrola, Naturgy y Endesa también han sido sancionadas en 3 ocasiones por manipular precios con 50,3 millones.

En el sector de la fabricación de automóviles la multa fue de 171 millones prácticas monopolistas de 2006 a 2013. La multa al cártel de la basura fue de 98,2 millones, y al de fabricantes de camiones por las mismas prácticas entre 1997 y 2011, y al sector lechero, al de hidrocarburos, al de baterías usadas, al de consultoras y al de libros de texto todos sancionados por tales prácticas desde 2015.

En 2017 la CNMC multó con 44,7 millones de euros a 11 empresas que se repartían el mercado del sector de cables eléctricos de baja y media tensión. En 2018 fueron 68 millones a 11 empresas de mensajería y paquetería por el mismo motivo. Y una multa de 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos por acordar precios durante más de 17 años.

Pese a que, desde su creación, el total multado por la CNMC se elevaría a unos 1.000 millones de euros, se estima que sólo ha cobrado un 3%, porque las altas instancias judiciales siempre encuentran algún error para anular las grandes sanciones.

¿Puertas giratorias o dominio del Estado?

Cuando no aparecen políticos ni puertas giratorias, ¿dónde están los corruptos? ¿serán altos funcionarios? ¿serán altas magistraturas? En verdad, es la clara demostración de que la oligarquía española y las burguesías monopolistas extranjeras, encabezada por la estadounidense, ejercen el más completo dominio sistémico sobre los altos poderes estatales, para que legislen y apliquen la jurisprudencia al servicio de sus intereses monopolistas.

Ni la pequeña y mediana empresa, ni los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, ni los autónomos, sean industriales, agrarios o de servicios, ni el pueblo trabajador, podemos corromper a los políticos de altura, a los funcionarios clave de Hacienda, a los principales mandos del poder estatal y judicial. Porque nosotros no dominamos el Estado.