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La unidad de España permanecerá, aunque para ello sea necesario que el “cupo” y la “aportación” sigan siendo negativas para las Comunidades Forales. Lo mismo ocurrirá con la financiación singular catalana, todo lo cual equivale a decir que el resto del país, sometido al régimen común, “pagará por mantener la unidad nacional”. Una unidad que, por supuesto, es electoralmente necesaria y conveniente para mantener a la actual coalición gobernante. La unidad de España tendrá como finalidad principal mantener la correlación de fuerzas surgida del actual pacto de investidura.
Precisamente por este mismo motivo, no se considera necesario que, en aquellas Comunidades con presencia de nacionalistas, mantengan ni los símbolos ni la propia presencia del Estado español, ya que es suficiente con que aporten diputados que apuntalen el programa del nuevo régimen. Para desarrollar este proyecto, además de reducir la Constitución a un mero papel de envoltorio vacío de contenido, y de contar con un ejército de periodistas más o menos ensobrados, hace falta mantener el poder más allá de los períodos electorales establecidos en los distintos niveles administrativos, para lo cual es necesario blindar a los afines en los puestos de mando más relevantes de las distintas instituciones, y esa es una labor que también se está realizando a imagen y semejanza de lo hecho por los nacionalistas desde sus inicios. De esta forma es posible que algunas Comunidades y Ayuntamientos pasen algún tiempo en manos de partidos de la oposición, sin que esto suponga ningún cambio real de actuación política, y luego está el control de la justicia, que es el último eslabón de esta transformación.
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