El Cermi pide impedir que reciban ayudas las empresas que incumplen la reserva de empleo para personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.

Esta entidad justificó su petición argumentando que “desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos en situación de protección reforzada”.

En su petición, que ha sido remitida a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, el Cermi subraya que “la obtención de cualquier ayuda pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”.

También propone que el hecho de “haber sancionado en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad” sea una cuestión invalidante para recibir ayudas de las administraciones públicas.

Del mismo modo, el Cermi sugiere que se incorpore como motivo de exclusión a la hora de recibir subvenciones “haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso”, establecidas como tales en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.

A juicio de la entidad, “sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como ‘premio’ a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes”.

Por último, el Cermi recordó que en la Ley Reguladores del Derecho de Asociación “se ha excluido de cualquier subvención o ayuda” a aquellas entidades que “promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas”.