El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.

Esta entidad justificó su petición argumentando que “desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos en situación de protección reforzada”.

En su petición, que ha sido remitida a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, el Cermi subraya que “la obtención de cualquier ayuda pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”.

También propone que el hecho de “haber sancionado en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad” sea una cuestión invalidante para recibir ayudas de las administraciones públicas.

Del mismo modo, el Cermi sugiere que se incorpore como motivo de exclusión a la hora de recibir subvenciones “haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso”, establecidas como tales en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.

A juicio de la entidad, “sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como ‘premio’ a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes”.

Por último, el Cermi recordó que en la Ley Reguladores del Derecho de Asociación “se ha excluido de cualquier subvención o ayuda” a aquellas entidades que “promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas”.