Los datos recientemente publicados por el IMSERSO parecen indicar un crecimiento del sector residencial en 2022, tras el estancamiento registrado el año anterior como consecuencia del enorme impacto del covid19 en estos centros.

Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando:

El resultado es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 85.814.

Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 30.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).

Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2023. IMSERSO) hay en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con Grado II y III, más 61.721 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 133.497 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3% de los grados III y un 16,3% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 30.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.

Las Comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valencia, con 32.670 y 24.843 respectivamente. Mientras que en seis Comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las Comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

Casi 7 de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública

El 67,9% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 270.702, frente a las 127.873 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,79 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha.

Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Desinstitucionalizar: un camino por recorrer

El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las Comunidades Autónoma una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales. Un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial. Una estrategia en línea con la propuesta del nuevo modelo residencial que planteamos desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Sin embargo, al inicio de 2023 todavía no se han dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio. En 2022 este servicio sólo alcanza una cobertura de 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia. Más llamativo aún resulta que la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 20,2 horas mensuales, dos décimas menos que en 2019, año previo a la pandemia. Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres.

Necesidad de disponer de datos y referencias fiables para la planificación

El Ministerio de Derechos Sociales anunció un acuerdo con el INE para incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022. Una buena noticia que permitiría conocer con todo rigor y en el propio año, los datos de este importante sector de los cuidados residenciales de personas mayores y personas con discapacidad o en situaciones de dependencia. Sin embargo, ha finalizado 2023 sin que el INE haya publicado dichos datos.

Por otra parte, hace tiempo que venimos advirtiendo que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) resulta inadecuada en la sociedad actual. La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible.

Solicitamos al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector.

Unas referencias imprescindibles ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral. Frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional de manera que si hay que construir nuevos centros se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que las residencias deben ser auténticos servicios de proximidad.