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La Comunidad de Madrid mantendrá el concierto a los colegios de educación diferenciada, tratando así de neutralizar uno de los efectos de la conocida como Ley Celáa, avalada por la vía rápida por el Tribunal Constitucional. La decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso responde a la defensa de derechos fundamentales que forman parte del nervio central de nuestra Constitución, que en su artículo 27.3 establece que los poderes públicos son garantes de un derecho que es de los padres, a los que corresponde, en último término, velar por la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.
Buena parte de la hoja de ruta ideológica del Gobierno se ha centrado aquí. La propia Isabel Celaá lo vino a reconocer cuando afirmó que “los hijos no son propiedad de los padres”: no hacía falta decir esa obviedad, lo que reconoce la Constitución es que los padres son los primeros responsables de su educación, no el Estado. El resultado de las autonómicas permitirá al Partido Popular mantener y/o promover la libertad de enseñanza, entre ellas la diferenciada.
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