Tengo la sensación de que en la situación generalizada de vulnerabilidad e incertidumbre que acecha a la Iglesia en España, a nivel estructural, incluso humano, la estabilidad del sector económico, en cuanto a modelo de gestión, es una perla preciosa.

Muestra de ello son las iniciativas conducentes a generar un clima de claridad en las fuentes de ingresos y financiación, rigor y trasparencia en la gestión y comunicación adecuada del destino de los fondos. Esto ocurre en una Conferencia Episcopal que sirve como referente a las diócesis. En las diócesis la casuística es más amplia.

El problema de la economía de la Iglesia hoy probablemente no está tanto su gestión como la mentalidad, que se aceleró con la pandemia, de la aportación de los fieles. Incluidas las rutinas.

En cuanto a los ingresos del IRPF que representan, según los datos facilitados, un 22% de la financiación de las diócesis. Estos datos no dependen de la generosidad del Estado, o del Gobierno, que, como se comprenderá, es cada vez menor, escasa o nula para con la Iglesia. Dependen de los ciudadanos españoles, de quienes hacen la declaración de la renta y deciden, voluntariamente y en plebiscito anual, marcar la casilla de la Iglesia.

No me extraña que, un año más, los responsables económicos de la Conferencia Episcopal hayan respirado tranquilos al conocer los datos del IRPF. En este caso del ejercicio fiscal de 2021, Campaña de la Renta de 2022.

Si estábamos hablando del ejerció fiscal del 2021 se entiende que ya habíamos salido de lo más duro de la pandemia, aunque estuviéramos en lo más agudizado de los efectos primeros de la crisis económica post pandemia.