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A las pocas horas de conocerse la nota, sobre dar información a las mujeres y especialmente a las madres antes del aborto, de la Junta de Castilla y León, las medidas propuestas fueron tachadas por el Gobierno como coactivas, intimidantes y regresivas. Es decir, el Gobierno español entiende que prestar atención psicosocial a madres y familias con dificultades, o facilitar el acceso a mejores técnicas de diagnóstico es un modo de coartar la libertad de la mujer.
¿Significa esto que las medidas de fomento de la natalidad y de cuidado a la mujer embarazada son contrarias a la libertad? O mejor aún ¿considera el Gobierno que las mujeres que deciden ser madres, pese a las dificultades sociosanitarias, son menos libres?
La libertad requiere información, apoyo y recursos. Y de los Gobiernos democráticos que respetan y promueven la libertad se espera que faciliten el acceso de los ciudadanos a la información y a los recursos que les faciliten desarrollarse dignamente y en libertad.
La Junta de Castilla y León no tiene competencias para vulnerar lo dispuesto en la legislación estatal, pero sí tiene el deber de diseñar aquellas políticas públicas que están en el ámbito de sus competencias, incluidas las que se refieren a la promoción de la natalidad y la protección de la familia.
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