España se sitúa en el puesto 32 de la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) de 2022, lo que representa una caída de tres puestos respecto al año pasado, como consecuencia de la “precarización creciente” de la profesión y de la extensión del periodismo opinativo frente al basado en informaciones contrastadas.

Esta es la nota que España saca en este indicador de RSF que este año ha incorporado cinco nuevos indicadores que reflejan con “mayor exactitud aspectos antes ocultos”. En anteriores ocasiones, se imponía el análisis de la situación política y la seguridad de los periodistas, pero la nueva metodología incorpora otros indicadores, como el marco legal, el sociocultural o el económico. Es precisamente en el indicador económico en el que España registra su peor resultado, a pesar de haber tenido un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haber sufrido las olas de violencia características de las manifestaciones antivacunas vividas en otros países.

A su vez, el informe destaca la tramitación en el Congreso de los Diputados de la posible derogación de los llamados delitos de expresión, el artículo de la ‘Ley Mordaza’ que penalizaba la captación de imágenes por la prensa que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y las disposiciones más polémicas de esta norma.

RSF pone de manifiesto que el contexto político no ha afectado seriamente a la libertad de prensa en España, “pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia” y a pasar del “clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha”.

A pesar de ello, el informe de RSF establece que “lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios”, como consecuencia de “la excesiva concentración del mercado”, “las graves dificultades para crear un medio”, “las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones” y “la grave precarización de los profesionales”. En ese sentido, alerta de que “una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica”.

También insiste en que “la grave precarización de la profesión”, que se remonta a la crisis de 2008 y que se ha cronificado, tiene un serio impacto sobre la libertad de prensa, ya que “los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura”.

Por su parte, RSF subraya el “gran clima de polarización mediática” que convierte a los medios de comunicación en “medios de opinión”, en que tiene su máxima expresión en cabeceras “excesivamente ‘foxnewsizadas” y alejadas de su “misión de informar lejos de posicionamientos políticos”.

En lo concerniente a la seguridad de los periodistas, España (35º) está mejor clasificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º). La relajación del envite independentista en Cataluña, que había situado al país en posiciones de cabeza en agresiones a profesionales de los medios de comunicación en la UE entre 2017 y 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en las manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias explican esta situación.

En cuanto al marco legal, España se sitúan en la 12ª posición, a pesar de lo cual se sitúa por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en términos económicos y de contexto político.

España no es ajena a los llamados Slapp (‘Strategic Lawsuits Against Public Participation’), es decir, las acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como los casos de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por el exsecretario general del PP Teodoro García Egea y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola).

Del mismo modo, reseña que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o que son demandados por éstos, en el marco de manifestaciones, “se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema”, como el caso de Albert García, del diario El País, que fue absuelto; o los expedientes en curso contra profesionales de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio tras denuncias agresiones de agentes.

Por último, RSF afirma que “la Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o Slapp no es tanto lograr una condena contra la prensa -difícil en democracias consolidadas- como enredar a los periodistas en procesos largos, farragosos y, sobre todo, costosos”.