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Cataluña. Consigna: obstaculizar el uso del castellano en la enseñanza

¿Por qué el Gobierno no pidió la ejecución de la sentencia sobre los tantos por ciento de enseñanza en castellano, cuando se dictó la correspondiente resolución?
Miguel Massanet
martes, 29 de marzo de 2022, 10:48 h (CET)

“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa", Víctor Hugo.


Estamos en España ante lo que se podría calificar de un panorama desolador. Un gobierno aferrado a su enorme potencial de propaganda, que sigue ignorando lo que ocurre en el reino y que hace oídos sordos a cualquier aviso, protesta, reivindicación o propuesta de negociación que, de alguna manera, se pudiera interpretar como una llamada a rectificar su forma de gobernar el país. Un gobierno cuyos ministros califican de “desleales”, “de derechas”  y de marginados a aquellos ciudadanos que han decidido utilizar el derecho constitucional a la huelga para reclamar lo que consideran justo e imprescindible para poder resistir, sin tener que abandonar su oficio de siempre. Un gobierno con apariencia de ser demócrata y que, no obstante, utiliza medios, argucias, maniqueísmos e imposiciones más propios de una mafia que de un servidor del pueblo; que tiene por lema el mantenerse en el poder pese a quien pese y a costa de la economía y el bienestar de los españoles.


Ya se está viendo cómo, un gobierno completamente obsesionado con el aumento de impuestos y, en manera alguna, dispuesto a seguir el camino del resto de países de la UE, que sí han decidido bajarlos para que de esta manera la industria, el comercio y todo el entramado industrial pudieran salir beneficiados de la medida. El señor Sánchez, un verdadero mago del engaño y de la mentira, no ha dejado ni un solo momento de insistir en que todo lo que viene ocurriendo de malo en nuestro país se lo debemos a la guerra de Ucrania. Se le olvidan algunos detalles, como la enorme subida de la inflación del mes de enero pasado, cuando no había guerra y de la electricidad que lleva meses siendo uno de los factores más importantes que viene influyendo en los costes de producción de la mayoría de empresas, industrias y comercios de nuestra nación.


Pero, hete aquí, que al ser un gobierno que precisa del apoyo de otros partidos; que se sabe débil por depender de sus socios de coalición, que son los que marcan muchas de sus decisiones y que está, en consecuencia, atado de pies y manos ante los chantajes de los vascos y catalanes separatistas, que son conocedores de su poder y que impiden que se tomen las medidas legales y coercitivas, incluidas las penales, en contra de los gobiernos que apoyan decididamente las ambiciones separatistas de los políticos que los integran y de todas aquellas actuaciones, manipulaciones, ilegalidades e incumplimientos constitucionales de los que se valen, conscientes de que, el actual ejecutivo de la nación, no va a actuar en favor de la legalidad.


Y este es precisamente el problema que está afectando la enseñanza en Cataluña. No se trata de que la judicatura de oficio o a instancia de parte haya resuelto la obligatoriedad de que en la comunidad catalana se enseñen un mínimo de asignaturas en la lengua del Estado, el castellano, ya que, en varias ocasiones, el mismo TGSJC ha dictaminado sobre la cuestión dejando claro que se debe poner en marcha un sistema por medio del cual, los alumnos que lo deseen, puedan recibir la enseñanza de algunas asignaturas en español. No ha sido un consejo, ni una recomendación, ha sido la constatación de que existe la obligación ineludible marcada por la Constitución española de que se trata de un derecho de todo español a usar y recibir la enseñanza, en las proporciones reglamentarias, en castellano.


Mejorar la gobernanza de la región, para revitalizar su paupérrima economía, para regenerar el turismo del país o para intentar entenderse con el resto de España, como sería de desear, con regiones donde no existen tales problemas de identidad nacional, mejoraría la convivencia y, en estos momentos, Cataluña seguiría siendo el motor económico de España algo que, desafortunadamente, ha dejado de ser una realidad, ante la pujanza de otras regiones en las que se ha aprovechado la crisis identitaria catalana para crear nuevas industrias y recoger a muchas de las sociedades mercantiles que el separatismo ha alejado de Cataluña.


Pero, una gran parte del sentimiento separatista, que no se puede negar que existe en esta parte de España, se debe especialmente al hecho de que, en lugar de que el gobierno haya impuesto con rotundidad unas normas, que nunca debieron permitir que fuesen vulneradas en repetidas ocasiones, debido a que los gobernantes autonómicos no han respetado las leyes estatales y han decidido ignorar las normas constitucionales, no sólo, en el caso de la revolución de 1º de octubre del 2017, sino en todos aquellos momentos en los que han podido apretarles las clavijas a los gobiernos de izquierda que estamos soportando.


Lo curioso del caso es que, las encuestas de la propia Generalitat, siguen indicando que, entre la juventud, cada día más se viene expresando en castellano, con un descenso importante del catalán; algo que coincide con las encuestas sobre los apoyos a una separación de Cataluña de España que, por una mayoría, cada vez más significativa, indican que van siendo menos los que siguen aceptando semejante solución.  Veamos, sin embargo, lo que está sucediendo en el Parlamento Catalán con respeto al ultimátum, que ya ha vencido, de que sea puesta en práctica la resolución del TSJC sobre el uso del castellano en un 25% de las horas lectivas, de colegios y universidades públicos. El mismo presidente de la Generalitat, señor Aragonés, de ERC, ha sido el que se ha pronunciado en el sentido de no aceptar la decisión del TSJC, poniéndose a la cabeza de todos los que han decidido no hacer caso de dicha resolución. Todos ellos se han puesto al frente de la ley y todos ellos deberían se culpables y culpados por desobediencia manifiesta al cumplimiento de la ley.


Seguramente habrá alguien que pensará que todos estos señores que se oponen a la Justicia deben estar locos. Y en realidad están en lo cierto, pero no debemos olvidar que nuestro Gobierno de la nación sigue estando a merced del separatismo catalán y vasco y, al parecer, se “han olvidado” de algo sumamente importante, y es que debería instar la ejecución oficial de la sentencia para que, entonces sí, quedara al descubierto la ilegalidad de la conducta de los opositores. Sin embargo, como ya hemos indicado anteriormente, hay letrados, existen catedráticos y personas expertas en leyes que han decidido presentar ante el TSJC un escrito que pretende darle al tema otra salida, que no les obligue concretamente a pasar por un 25% de horas de enseñanza en lengua castellana, sustituido por un compromiso, por escrito, en el que pretenden garantizar que: al final de los estudios todos los alumnos deberán demostrar que saben los dos idiomas, el castellano y el catalán, con la misma pericia y dominio.


Ustedes pueden pensar que es una buena solución, si no existiese el precedente de lo que ha sucedido con muchos etarras que, aparentemente estudiaron carreras universitarias en las cárceles en las que estaban confinado y que, finalmente, recibieron su licenciatura sin que hubiesen obtenido los conocimientos precisos para ello. Es evidente que las pruebas de aptitud que se celebraran en esta región en la que el cumplimiento de la legislatura estatal está proscrito, es fácil suponer lo que sucedería respeto a los exámenes de lengua castellana, corregidos bajo los auspicios de quienes han defendida a capa y espada la inmersión en la lengua catalana.


¿Por qué el Gobierno no pidió la ejecución de la sentencia sobre los tantos por ciento de enseñanza en castellano, cuando se dictó la correspondiente resolución y, al parecer, sigue sin hacer uso de esta prerrogativa? No hay que pensar mucho en ello ya que la respuesta es meridiana: no tienen otro remedio que retardar la ejecución porque saben que, en Cataluña, la cuestión está candente y, con toda probabilidad, volvería a producirse una situación de tensión máxima como la que tuvo lugar aquel mes del octubre del 2017. El Covid 19 primero y ahora la guerra de Ucrania les ha servido, a los del Gobierno, como excusa y cortina de humo para evitar que se les haya reclamado por haber incumplido su obligación de que la sentencia del Tribunal Superior de Justica de Cataluña siga sin activarse, pese a los meses que hace en que fue dictada.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, constatamos la debilidad de este Gobierno de coalición socialista-comunista, una alianza que, a todas luces, se hace cada día que pasa más complicada, basada en el hecho de que ambas formaciones políticas están sufriendo un gran desgaste ante la ciudadanía y, contra el cual, a la vista de que las elecciones se están acercando, deben apelar a todos los trucos, lavados de cerebro, descalificaciones, mentiras, desinformaciones y cualesquiera otras malicias, capaces de impedir su derrota fulminante en las urnas. Sólo el tiempo y la sensatez de los españoles pueden evitar que lleguemos a estar bajo las botas de una dictadura de izquierdas que acabe con las libertades en nuestra patria.


Meditemos, con Confucio, sobre esta idea: “Quien mueve montañas empezó apartando piedrecitas”.

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