“Un político mira las próximas elecciones. Un estadista mira la próxima generación”, Alcide De Gasperi.

Estamos a punto de entrar en un nuevo ciclo, un año 2022 cargado de interrogantes y con la epidemia del virus ómicron en pleno desarrollo, dispuesta a amargarnos la vida a vacunados y no vacunados. Y, como ya es habitual, con los ciudadanos divididos entre los que creen a pies juntillas lo que se nos dice desde el Gobierno y aquellos otros que pensamos que se nos está tomando el pelo para conseguir implantar, en España, un sistema de gobierno en el que la democracia tenga poco que hacer. 

En realidad, lo que ocurre es que, desde que el señor Pedro Sánchez se ha instalado en la poltrona del poder, la certeza de que en España existe el Estado de derecho se ha convertido en algo ilusorio y muy difícil de mantener.Y decimos que se nos está queriendo dar, desde el Ejecutivo, la sensación de que, en esta nación, todo va viento en popa y que los nubarrones de la crisis están a punto de ser superados, cuando los españoles, que seguimos la política con una cierta asiduidad, vemos contradicciones lamentables entre lo que se nos prometió que iba a producirse y lo que está sucediendo en realidad.

Cuando un ministro que parecía que tenía una cierta solvencia y merecía pensar que era capaz de asumir los deberes de su ministerio, como es el caso del señor Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en una entrevista que se le ha hecho en La Cope, no se ha cortado un ápice cuando ha presumido de que, a los pensionistas se les iba a garantizar “el poder adquisitivo” mediante el aumento del 2’5% de sus pensiones. Pues bien, este señor miente y, lo peor del caso es que lo hace con pleno conocimiento de que está faltando a la verdad y al compromiso que adquirió el Gobierno de aumentar las pensiones en lo que aumentara el IPC o, lo que es lo mismo, en un 5’5%, como mínimo según lo registrado hasta noviembre que, seguramente, se incrementará unas décimas con los aumentos de diciembre.

Tienen la desfachatez de pretender utilizar un sistema de promedio de los incrementos de cada mes para así conseguir abaratar la cantidad que supondría elevar todas las pensiones en un 5’5%, una cantidad verdaderamente importante. Pensaron, equivocadamente, como suele suceder cuando las medidas no se toman debidamente contrastadas y sólose piensa en los réditos políticos que pueden prestarle al partido gobernante que, como se imaginaban no iba a producirse un incremento tan importante en el índice nacional de precios al consumo, el incremento entraría en lo que eran sus planes. La evidencia es que los pensionistas no van a compensar con el aumento previsto lo que va a encarecerse la vida con motivo del tanto por ciento de incremento del IPC correspondiente al 2021 y sí van a perder una parte importante, como lo han venido haciendo desde hace años, de su poder adquisitivo. Lo que sucede es que, a diferencia de los trabajadores en activoque están en condiciones de hacer manifestaciones, reclamar de forma colectiva o hacer huelgas, que es lo que el gobierno no desea que suceda, el colectivo de jubilados carece de esta fuerza y los sindicatos, fieles a la tradición, sólo se ocupan de aquellos que les pueden beneficiar,utilizando sus servicios.

¿Cómo podemos confiar en un Gobierno que se deshace de sus responsabilidades para transferirlas a los respectivos gobiernos autonómicos, en un caso tan grave como es la pandemia del Covid 19?

El señor Sánchez no quiere que las reclamaciones de los ciudadanos respecto a la forma en la que se intenta combatir el virus y sus repercusiones económicas puedan desprestigiarle y, en consecuencia, le resulta mucho más cómodo que las 17 autonomías se ocupen por sí mismas de defenderse contra la epidemia aunque, evidentemente, ello pueda producir distintos efectos y resultados que ponen a los españoles en clara desventaja los unos con respecto a los otros según que,  las medidas que se adopten en cada comunidad sean más o menos acertadas.

Estamos, señores, ante un gobierno débil, aunque, todo hay que decirlo, capaz de utilizar el poder de que dispone para amargarnos la vida a los españoles. Pero esta debilidad del Gobierno ha trascendido al resto de Europa y nos hemos convertido en el pin, pan, pum de aquellas naciones que, por distintos motivos, parece que están empeñadas en hacernos todo el daño que puedan. Aquí tenemos a los belgas, viejos y resentidos enemigos de España, que se pasan por el arco del triunfo todo el tema de las peticiones de extradición que llegan avaladas por el acuerdo europeo sobre el tema y que, sin embargo, ellos lo supeditan a lo que su justicia estima, entrando en el fondo del asunto, algo que no debieran hacer según el respeto debido a las decisiones tomadas por los altos tribunales de las distintas naciones, como se desprendería de formar todos parte de la Justicia europea, lo que inhibiría a los tribunales del país en el que se encontrara el presunto delincuente, en favor de los tribunales solicitantes de la extradición; paralizando el antiguo procedimiento utilizado para la concesión de tal medida antes de que la UE decidiera el sistema abreviado.

Y como hoy es el día 28 de diciembre, día de “los inocentes” voy a comentar algo que, si no estuviéramos en España, en manos de comunistas y socialistas, un lugar en el que se ha perdido todo resquicio de moralidad, cualquier valor ético o consideración hacia costumbres arraigadasy avaladas por el Derecho Natural ( recordamos al profesor Luño Peña que, con toda seguridad, se mostraría contrario a determinadas libertades y concesiones antinaturales que hoy han adquirido el marchamo de “legales”),un derecho que hoy parece devaluado ante la fuerza de quienes han decidido que determinadas uniones entre seres del mismo género estén avaladas por la ley, pese a que puedan consideradas como aberrantes por quienes piensan que en este mundo no todo vale, no todo es libre y no todo se puede considerar como permitido, si es que queremos que la humanidad sea capaz de respetarse a si misma y no acabe convertida en un basurero de vida sexual, descontrolada y con efectos nefastos para las distinta generaciones que nos van a suceder¡

Resultaría risible y hasta gracioso si no fuera porque, en realidad, no tiene nada ni de lo uno ni de lo otro. Se da el caso de que, el colectivo LGTBI, ha decidido crear su propia criptodivisa, a la que piensa llamar: “maricoín”. Puede que se crean que intento tomarles el pelo, pero crean que no es eso lo que me propongo. Al parecer, un peluquero (muy propio de algunos de los miembros amanerados de este colectivo que, por otra parte, cuenta con tantos profesionales dignos del mayor respeto por su simpatía y profesionalidad), llamado Juan Belmonte (un nombre venerado por los aficionados a los toros), ha sido el que ha llevado la iniciativa de esta decisión. Dicen sus promotores que: en un mundo globalizado de las criptomonedas, intentan hacer visible a la comunidad de gais y lesbianas. Dice, el tal Belmonte:“Sarasa, marimacho, maricón, tortillera, travelo, me han llamado muchas cosas en este mundo, ahora mismo nosotros vamos a poner todo eso en valor. Y ¿cómo lo vamos a hacer?Teniendo nuestra propia moneda…”¿Poner en valor? ¿No les basta lo que se ha hecho por ellos que, por si fuera poco, deban tener una divisa propia? Lo que debieran hacer es no intentar revanchas inútiles ni crear problemas innecesarios.

Les tengo que decir que, personalmente, me cuesta mucho entender cómo es posible que haya una moneda virtual, sin respaldo alguno, algo inmaterial en lo que simplemente hay que confiar porque forma parte de este complicado sistema económico de las transferencias mundiales, pero que, a medida que pasa el tiempo ya parece que no va a ser una sola moneda que facilite las transacciones, sino que es posible que se vayan creando otras, con lo que este mundillo virtual puede llegar a ser un medio de que las estafas y los estafadores hagan su propio agosto. Pero cuando ya entran en liza sectores que para nada entienden de estas cuestiones, me temo que la desconfianza va a ir aumentando de una manera exponencial.

Y, ahora, una de las contradicciones que la política de hoy parece que viene produciendo sin que, aparentemente, haya explicación alguna que puedan justificarlas. Se trata, en este caso, de la señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Comunista, activista, antidesahucios y, pese a todo ello, vayan ustedes a saber el por qué, fue elegida por los barceloneses como alcaldesa de Barcelona. Ahora resulta que, en una reciente encuesta de estas, que no sabemos muy bien el por qué se nos van repitiendo incansablemente y que da la sensación de que nos encontramos permanentemente en campaña electoral; una cuestión que debieran de hacerse mirar los políticos, ya que los ciudadanos empezamos a pensar que no tienen otras cosas que hacer que ver los votos que van reuniendo. Pues bien, en esta encuesta parece que los barceloneses no están en absoluto de acuerdo con la gestión de esta señora. Algo en lo que coincidimos y quisiéramos que tuviera reflejo en las posteriores elecciones para tal cargo. Pero, vean lo curioso, si bien lo votantes están disconformes por la forma de ejercer de la señora Colau, resulta que su partido BComú, sería de largo el más votado en las municipales. ¿Ustedes lo entienden, pues nosotros no?

Esta cuestión nos lleva a reflexionar el porqué de que en España tengamos la división tan numerosa de distintos partidos, muchos de ellos minoritarios, que han convertido el arco político de nuestras instituciones parlamentarias en verdaderos semilleros de opiniones distintas, de intereses minoritarios que, a la hora de la verdad, son capaces de distorsionar, de forma grave, la labor legislativa del Congreso con imposiciones que, por su capacidad de intervenir a favor o en contra del partido gobernante, pueden chantajear y hacer modificar el contenido de las normas, de modo que perjudiquen gravemente a los ciudadanos que, en su mayoría, no estarían conformes con tales arreglos.

O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cada vez vemos más urgente (que no quiere decir que el gobierno piense lo mismo) el rechazar nuestro actual sistema electoral, prescindiendo de la ley D’Hont y utilizando la doble vuelta (balotaje) como hacen los franceses, con lo que impiden que ciertas minorías acaben siendo, de hecho, las que gobiernan el país.