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​¿Delito de odio vs. libertad de expresión, opinión y manifestación?

No sabemos las consecuencias, de todo orden, que van a traer en un futuro la implantación de estas nuevas modalidades que se empeñan en calificar de “familia”
Miguel Massanet
martes, 3 de agosto de 2021, 08:44 h (CET)

“Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor", Sócrates.


Somos de los que estamos convencidos de que las leyes, las normas que han de surgir efecto sobre la ciudadanía que, en definitiva, va a ser la que va a ser beneficiada o perjudicada por su mandato, no deben ser redactadas exclusivamente para que sean conocidas, entendidas, respetadas y aplicadas por abogados, fiscales, jueces o magistrados, ya que, quienes constituyen el sujeto pasivo y a quienes afectan directamente, aparte de a los encargados de aplicarlas, es al común de los ciudadanos. No suele ser esta la práctica de los legislativos y, por supuesto, en muchos casos, resulta bastante incomprensible para el vulgo y me atrevería a decir para muchos profesionales del derecho, algunas interpretaciones excesivamente alambicadas, influenciadas por el subjetivismo de quien lo hace y, en el peor de los casos, marcadas por ciertos impulsos políticos sectarios rayanos en la prevaricación.


Hoy en día estamos acostumbrados a que la presión de los partidos políticos, la voz de la calle, la importancia que se les da a las reclamaciones de ciertos partidos minoritarios, la proliferación indeseada e indeseable de múltiples formaciones políticas, a causa de una anticuada ley D’Hont y de las facilidades que da a estas formaciones para que participen en  la vida ciudadana, a diferencia de lo que sucede en otras naciones en las que, para evitar que minorías puedan condicionar la marcha de una nación, como nos ocurre en España con partidos separatistas minoritarios que, a la vista está, son los que en la actualidad llevan las riendas de la actividad política, ante un Estado capitidisminuido y chantajeado que se mueve como una marioneta condicionado por las exigencias de quienes le apoyan en las Cortes con sus votos; han establecido sistemas como el ballottage francés, un método para la elección del presidente o en la legislativas que se aplica cuando, en una elección presidencial, ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos (por lo general mayoría absoluta), se realiza una segunda vuelta para decidir entre los candidatos que han obtenido más votos, usualmente los dos primeros. Un método bastante razonable, que garantiza la gobernabilidad del país y que impide, de esta manera, ser entorpecida por el filibusterismo de minorías.


Lo que actualmente estamos padeciendo en España, es un intento, descarado y evidentemente de componente totalitario, por el que nuestro actual Gobierno de filosofía socio-comunista, está potenciando el que, mediante disposiciones de dudosa legalidad y de muy discutible legalidad, vaya minando, poco a poco, lo que es el espíritu de nuestra democracia parlamentaria. 


Con su demagogia, su mimo a determinados colectivos que, en años anteriores, fueron objeto de rechazo popular y que, desde hace un tiempo, se han constituido en verdaderos manantiales de votos para las izquierdas que, a cambio, no han dudado en concederlos todo lo que han ido pidiendo y, en ocasiones, mucho más de lo que ellos mismo pensaron obtener. 


No olvidemos la hipocresía con la que se va justificando que España se haya convertido en el centro de atención de las mafias dedicadas  al trasporte de inmigrantes, lo que ha ido produciendo, como está sucediendo en Canarias y hace poco en nuestro ciudad africana de Ceuta, verdaderos asaltos provocados por nuestros “amigos” marroquíes, súbditos del rey alauí Mohamed VI al que, por cierto, parece que nuestro monarca español le ha enviado, como respuesta al asalto de Ceuta por inmigrantes azuzados por él, una cariñosa felicitación por los 22 años de su estancia en el poder. Así somo en España, ponemos la otra mejilla y aguantamos.


Y ahora resulta que leyes de las que casi nunca se había oído hablar, como la que contempla el artículo 510 de nuestro C.P, que habla de que “se castigará a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten, directas o indirectamenteal odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contraun grupo, una parte del mismo, una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, o por motivos racistas, antisemitas u otros referentes, a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia raza o nación, u origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género enfermedad o discapacidad”. 


Aparte de que, este Art.º 510, no hace más que corroborar lo que hay establecido en el art.º 20 de nuestra Carta Magna, solamente que de una forma más desarrollada, no podemos dejar de encontrar, como simples ciudadanos de a pie que son las personas a las que me vengo refiriendo, unas aparentes contradicciones que puede que, al nivel de profesionales del derecho tengan justificación, pero para quienes no lo son, implican cierto desconcierto respecto a lo dispuesto en el citado artículo de nuestra Constitución, en el que se habla sobre la libertad de expresión y de información (Artículo 20: Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra.)


Se habla concretamente de “expresar y difundir libremente”. No creo que haya un precepto más contundente, claro, entendible y categórico que se preste menos a “interpretaciones subjetivas”, a intentos de confundir a los sujetos pasivos, a maquinaciones interesadas o a tergiversaciones de intencionalidad política. No se puede obligar a ningún ciudadano a pensar en el sentido que a nuestros políticos les interese o que, a un colectivo determinado de personas, les pudiera molestar.


Uno está en su derecho de opinar sobre la homosexualidad, sin que por ello se le achaque delito de odio; puede estar en contra de una determinada religión, sin que ello comporte que se le deba enjuiciar, y no tiene por qué callarse y no publicar cuales sean sus ideas sobre aquel tema. ¿O es que se va a aplicarla censura otra vez? ¿Se van a impedir, como pretenden algunos, que haya personas que sigan creyendo en el franquismo? ¿Acaso se va a prohibir, a aquellos que siguen perteneciendo al PC, que sigan criticando al fascismo? O es que deberemos pensar que, esta ley contra el odio, se ha creado específicamente para luchar contra la moral que recibimos de nuestros padres y que, por cierto, la ha estado apoyando durante siglos la religión católica, sobre abortos, prácticas sexuales no habituales, desviaciones u otros modelos de familia, que son fruto exclusivamente de las modas actuales, del pensamiento de algunos progresistas o de aquellos empeñados en destruir cualquier tipo de ideas que sean contrarias a las suyas.


¿Qué hay sobre el “odio” que separatistas catalanes y vascos demuestran hacia el resto de ciudadanos españoles.? ¿O es que en estos casos no deben aplicarse castigos? Todavía no hemos encontrado a ningún científico que pueda explicar cómo, la naturaleza puede encajar que personas del mismo género (no hablamos de desviaciones sexuales, que las hay en todas las especies) mantengan sexo y que, esta práctica se pueda equiparar a la reproducción y sexo normal entre las parejas heterosexuales. 


Pero de lo que no hay duda es del empeño que tienen los que se califican como “diferentes” o, en palabras de quienes defienden a estos grupos, los del “tercer sexo” en descalificar, demonizar, criminalizar a todos aquellos ciudadanos que siguen pensando que este tipo de “familia”, la adopción de hijos por ellos, las fiestas horteras, desmadradas, impúdicas y groseras con las que intentan humillar al resto de ciudadanos, no son más que desviaciones de conducta que, por mucho que se intenten justificar, carecen de los argumentos necesarios para poder hacerlo.


No sabemos las consecuencias, de todo orden, que van a traer en un futuro, la implantación de estas nuevas modalidades que se empeñan en calificar de “familia”, pero de lo que estamos convencidos es de que lo que está sucediendo en la actualidad, la permisividad con la que los legisladores se están tomando estos temas, lo único que nos va a traer el que, las pocas trabas morales o éticas que todavía se mantienen debido a que la sociedad no ha acabado de admitirlo, en las generaciones que vayan llegando, a medida que los jóvenes vayan considerando como algo natural el compartir sexo con cualquier ser viviente, es muy posible que lleguen a legalizarse absurdos como son el de matrimonios entre humanos y animales.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el convencimiento de que, si las derechas o centro derecha o todos aquellos que, siendo del partido que sean, teniendo un concepto sano de la moral, de las buenas costumbres y de una sociedad limpia y que no haya caído en la perversión en la que parece que van a sumergirse aquellos que tienen el control de España en estos momentos; tienen el deber, la obligación y la ineludible tarea de intentar, por todos los medios que fueren evitar que, una vez más, España, acabe cayendo en lo que fue aquella república infame en la que, los políticos de izquierdas de entonces, llevaron a nuestra nación a lo que fue un estallido inevitable, de una parte de España, contra los causantes del caos republicano. 


Y la frase de hoy se la debemos a Friedrich Nietzsche: “El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.”

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