El lodazal de la Pompeu Fabra: la red de privilegios que ensombrece a la universidad pública catalana

Durante años considerada la joya de la corona del sistema universitario catalán, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) atraviesa en la actualidad uno de los episodios más delicados de su historia institucional. Lo que para muchos constituye un entramado de prácticas irregulares amenaza con socavar los principios de mérito, legalidad y transparencia que deben regir en toda institución pública.

Informes respaldados por la Oficina Antifraude de Catalunya, el Tribunal de Cuentas y publicaciones de medios como El País, El Dario, ARA, El Món o La Vanguardia apuntan a la existencia de un sistema sostenido en nombramientos opacos, retribuciones extraordinarias y vínculos personales que habría comenzado durante el rectorado de Jaume Casals. La actual rectora, Eulàlia de Nadal, lejos de poner fin a esta dinámica, habría contribuido a consolidarla, según señalan diversas fuentes internas, mediante una estructura de poder aún más sofisticada. Este medio ha tenido acceso a varios expedientes registrados en el buzón ético del portal de transparencia de la propia universidad.

Contrataciones a dedo y lealtades internas: una estructura soterrada

En el epicentro de esta red aparece la rectora Eulàlia de Nadal. De acuerdo con varios testimonios recogidos en el seno de la universidad, su elección habría contado con el apoyo de antiguos responsables académicos, respaldado por promesas de cargos o prerrogativas orientadas a afianzar su candidatura. Su principal colaborador, el vicerrector Pablo Pareja Alcaraz, es mencionado de forma reiterada en la documentación interna como uno de los principales impulsores de permisos sabáticos y complementos salariales otorgados presuntamente a perfiles afines, en ocasiones sin que se observen criterios objetivos o procesos transparentes.

Pareja, descrito por algunos como el verdadero "arquitecto en la sombra" de la actual cúpula, aparece en diversos expedientes como responsable de afianzar una dinámica interna basada en concesiones selectivas. Entre los casos más señalados figura el del exrector Jaume Casals, quien habría disfrutado de más de tres años de liberación plena sin que consten evidencias claras de actividad docente o investigadora en ese periodo. Estas licencias, calificadas por fuentes internas como "recompensas políticas", serían, según dichas voces, una muestra más de un modelo de gestión fuertemente personalizado.

Trueques de poder y encubrimiento de acoso

Los documentos revisados también aluden a un supuesto pacto entre Pablo Pareja y Jaume Casals que habría incluido la promesa de una plaza de catedrática para Mònica Figueras, con el objetivo de convertirla en rectora tras la salida de Oriol Amat. “Un intercambio de poder por silencio”, resumen testimonios cercanos, que describen una dinámica interna sostenida en lealtades personales y alianzas discretas.

A estas prácticas se suman denuncias que señalan la implicación de Pareja en la gestión de casos de acoso laboral y sexual, como el registrado en la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), centro adscrito a la UPF, en el que un profesor habría sido denunciado por acosar a una trabajadora.

La Línia Ètica, el canal interno creado por la universidad para canalizar denuncias sobre malas prácticas, es descrita por varios de los afectados como una instancia que tiende a archivar los expedientes más comprometidos o directamente a inhibirse, alegando falta de competencias.

Según fuentes conocedoras del funcionamiento interno, Pablo Pareja habría desempeñado un papel decisivo en esas decisiones. Las mismas voces señalan que las investigaciones internas se limitaron, en algunos casos, a breves entrevistas con los denunciados, sin contrastes adecuados de versión ni garantías para las víctimas. “Han convertido la Línia Ètica en un muro de contención para proteger a la casta universitaria”, afirma un docente en activo. Para amplios sectores del profesorado, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino síntomas de un patrón institucional consolidado.

Sobresueldos millonarios y “recompensas políticas”

El nombre de Pablo Pareja también aparece vinculado a la defensa pública de sobresueldos percibidos por docentes con contratos de dedicación exclusiva, entre ellos José García Montalvo y Teresa García-Milà, cuyas retribuciones no declaradas llegaron a alcanzar los 300.000 euros anuales. Pareja justificó estos complementos como “prácticas habituales” en el ámbito universitario, pese a que la Oficina Antifraude de Catalunya los calificó como una “falta muy grave” y advirtió de “indicios de fraude”.

Las fuentes consultadas apuntan a que esta actitud de minimizar las irregularidades ha contribuido a reforzar un clima de impunidad interna, en el que “todo vale para quienes forman parte del círculo de confianza”. En este contexto, la figura de Teresa García-Milà adquiere una especial relevancia.

Vinculada a los citados sobresueldos opacos, su nombre suena con fuerza como próxima presidenta del Cercle d’Economia, una de las entidades más influyentes del ámbito empresarial catalán. Su candidatura, avalada por miembros de la actual junta directiva, no ha estado exenta de polémica.

“Encubrir estos sobresueldos mientras ella aspira a presidir una institución clave para las élites económicas levanta sospechas sobre un intento deliberado de preservar su proyección pública y su influencia futura”, advierte una fuente interna. En caso de confirmarse, su ascenso al Cercle consolidaría aún más el poder de quienes han sido señalados como beneficiarios de prácticas retributivas poco transparentes en el seno de la UPF.

De acuerdo con la documentación interna, Pareja habría aceptado su nombramiento como vicerrector sin cumplir determinados requisitos legales, lo que, según algunas voces críticas, refuerza la imagen de un dirigente más preocupado por blindar su entorno que por garantizar el cumplimiento estricto de las normas. En palabras de varios denunciantes, su papel sería el de “un gestor en la sombra que mueve los hilos de la universidad desde una posición informal pero determinante. Todos sabemos que lo está atando todo para ser el próximo rector”.

El exrector y los afines: círculos de confianza y contrataciones señaladas

El nombre del exrector Jaume Casals también aparece de forma recurrente en los documentos y denuncias internas. Durante su mandato, según consta en los expedientes presentados ante la Línia Ètica, se habría facilitado la contratación de su esposa, Matilde Brodú, en la Barcelona School of Management (BSM), la escuela de negocios vinculada a la UPF, sin que se tenga constancia de la realización de procesos selectivos abiertos o públicos.

Fuentes cercanas a la gestión de la universidad denuncian además gastos presuntamente irregulares, como pagos de comidas en restaurantes vinculados a familiares del exrector, sufragados con fondos universitarios y no reflejados en los portales oficiales de transparencia. Varios docentes consultados califican estos indicios como “una posible utilización de recursos públicos en beneficio de entornos cercanos”, lo que habría contribuido a una percepción creciente de descontrol interno.

En los mismos expedientes aparecen también otros nombres vinculados a decisiones de gestión controvertidas. Figuras como Arcadi Navarro, Carles Ramió y Jaume Badia son señaladas por su papel en decisiones estructurales que, bajo el paraguas de la “reuniones informales”, habrían contribuido según las denuncias a blindar una estructura jerárquica opaca, orientada más a la protección de afinidades que a la eficiencia institucional.

Familiares, lealtades y contrataciones cruzadas

Arcadi Navarro, investigador de la propia UPF y vinculado a la Fundación Pasqual Maragall, figura como uno de los actores centrales en el esquema descrito en los documentos. Según diversos testimonios y materiales revisados, habría participado activamente en los movimientos para forzar la dimisión del exrector Oriol Amat, reuniéndose con Pablo Pareja, Carles Ramió y José García Montalvo con el objetivo de facilitar la sucesión de Eulàlia de Nadal al frente del rectorado.

Los mismos informes apuntan a que Navarro habría ofrecido al propio Jaume Casals una salida profesional en la Fundación Pasqual Maragall, con el propósito de encubrir posibles incompatibilidades laborales y garantizar su protección tras dejar el cargo. Estas maniobras, según fuentes cercanas a la institución, formarían parte de una estrategia orientada a consolidar un núcleo estable de poder, cuyo objetivo último sería preservar la continuidad de un modelo basado en la cooptación y la discrecionalidad. De hecho, varios miembros de este círculo se refieren a sí mismos, según consta en los expedientes, como “el Senado” de la UPF, en alusión a un grupo informal pero influyente, que habría actuado de manera concertada para sostener determinadas dinámicas internas al margen del escrutinio externo.

En este contexto, los informes también destacan la contratación de Eduard Vallory en la Fundació UPF mediante un contrato por valor de 80.000 euros anuales. Según las denuncias presentadas, no existiría documentación que acredite de forma clara su actividad real durante el periodo contratado.

Vallory, que ha desarrollado toda su carrera bajo la sombra del exconseller Andreu Mas-Colell, ha ocupado distintos cargos en instituciones vinculadas o presididas por este. Actualmente dirige el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), presidido por Mas-Colell, pese a no contar con formación específica en ciencias biomédicas o naturales.

Fuentes consultadas por este medio, próximas al Tribunal de Cuentas, advierten que este contrato podría considerarse “un uso muy cuestionable de fondos públicos” en caso de confirmarse la ausencia de contraprestaciones documentadas. Curiosamente, Vallory fue también director de la Barcelona School of Economics (BSE), institución perteneciente a la UPF y fundada a la vez por Mas-Colell, cuyo liderazgo hoy recae casualmente en Teresa García-Milà, mencionada previamente en relación con las retribuciones millonarias no declaradas a la universidad.

La Línia Ètica: un mecanismo de control o de encubrimiento

Lejos de representar un instrumento eficaz para la depuración interna, la Línia Ètica de la UPF es descrita por numerosos denunciantes como un órgano formalista, que tiende a archivar los casos más graves amparándose en criterios de competencia o en requisitos procedimentales. La reiteración de este tipo de resoluciones ha despertado la sospecha, entre parte del claustro, de que su verdadero cometido estaría más cerca del control de daños que de la transparencia efectiva.

Expertos consultados por este medio consideran que la falta de diligencia en el análisis de ciertos expedientes podría reflejar “una voluntad institucional limitada a la hora de investigar y sancionar conductas potencialmente irregulares”. Algunos de los casos más sensibles, como las denuncias por acoso laboral y sexual en la BSM, fueron archivados con motivaciones que, según los denunciantes, “no se sostienen desde el punto de vista jurídico ni ético”.

Miedo, represalias y silencios forzados

Fuentes del claustro consultadas por este medio relatan cómo, en determinados momentos, la presión para frenar iniciativas internas orientadas a una reforma democrática ha incluido advertencias veladas de represalias profesionales. “Nos dijeron que si no retirábamos la moción, quedaríamos apartados de comisiones y vetados en los órganos decisorios”, afirma un profesor que prefiere mantenerse en el anonimato.

Estas dinámicas de exclusión, descritas por varios testigos como una lógica de “o estás con nosotros o estás fuera”, habrían generado un ambiente de temor y autocensura que resulta difícil de conciliar con los valores de pluralidad y libertad académica que toda universidad pública está obligada a defender.

El acoso institucional a trabajadoras y docentes críticos también aparece de forma reiterada en las denuncias presentadas ante la Línia Ètica. Una fuente del entorno académico lo resume del siguiente modo: “Aquí ya no hablamos de errores de gestión. Estamos ante un patrón sistemático que protege a unos pocos mientras margina o neutraliza a quienes no aceptan las reglas del juego. Todos sabemos quiénes son las dos o tres personas que llevan años controlándolo todo, al margen de quién figure formalmente como rector”.

El Tribunal de Cuentas toma cartas en el asunto

La magnitud de los hechos descritos ha llevado al Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar la gestión de los recursos públicos, a abrir una investigación centrada en la Universitat Pompeu Fabra. Entre los aspectos que se analizan figuran la posible pérdida de beneficios derivados de la vinculación entre docencia e investigación, la arbitrariedad en la concesión de complementos salariales y la elevada temporalidad en determinados contratos.

Fuentes próximas al órgano fiscalizador han manifestado que la UPF se ha convertido en “un caso paradigmático de descontrol financiero dentro del sistema universitario público catalán”. Estas mismas voces señalan que la situación actual obliga a revisar en profundidad el uso de los recursos públicos y los mecanismos de rendición de cuentas de la institución.

“Aquí no hay meritocracia ni transparencia, solo un cortijo que se perpetúa con cada nuevo rectorado”, lamenta un profesor con más de veinte años de antigüedad en la universidad. Un representante estudiantil lo resume de forma aún más contundente: “Lo que ocurre en la UPF es un escándalo de proporciones monumentales. Algunos ya lo califican de auténtico golpe de estado académico”. Otro docente coincide: “El rectorado actúa como una mafia. Siempre son los mismos. O entras en el círculo o te eliminan”. Una fuente adicional apunta: “No estamos hablando de casos aislados, sino de un sistema de protección y privilegios que lleva años corroyendo el prestigio institucional de la Pompeu Fabra”.

El claustro y los estudiantes exigen respuestas

La gran incógnita, en estos momentos, es si la Conselleria de Universidades adoptará medidas frente a este sistema de privilegios y opacidad o si, por el contrario, será necesaria la intervención de instancias externas para restaurar los principios de legalidad, transparencia y equidad en la universidad.

Los denunciantes exigen respuestas claras, acciones concretas y un cambio de rumbo, pero la sensación generalizada es que las instituciones competentes se muestran, por ahora, indiferentes a las reclamaciones internas. Mientras tanto, el prestigio de los estudios impartidos en la UPF y la credibilidad de su cuerpo docente siguen deteriorándose, con consecuencias directas sobre la empleabilidad y la proyección profesional de muchos de sus titulados. “En un momento de descrédito creciente de las instituciones públicas, la exigencia de explicaciones y de medidas ejemplares ya no puede posponerse”, concluye uno de los denunciantes consultados.

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La elaboración de esta pieza ha sido posible gracias al trabajo de investigación periodística, las entrevistas con las partes implicadas que han querido ofrecer su visión de los hechos, así como al acceso a los siguientes expedientes del buzón de la Línia Ètica del portal de transparencia de la universidad: 5916 6616 0266 3595, 5364 4687 1370 5916, 0057 5334 9672 1160, 6808 4596 2718 3662, 3138 0670 1789 5989, 3207 6615 0251 9516, 4356 8002 1473 3658, 0853 2000 7739 3062 y 9055 0433 6504 1315.