¿Alguien puede creer que una economía que se dice que tiene una deuda de 80.000 millones de euros, esté en condiciones de financiar casi 500 camiones para un acto de protesta en Madrid?

Y la pregunta del millón seguramente debería ser: ¿cómo vigila el gobierno Central el gran despilfarro que está llevando a cabo el Gobern y todas las entidades que lo apoyan y reciben fondos de él, en concepto de financiación a la autonomía catalana por parte del Estado y del resto de cantidades que reciben en concepto de préstamos, ayudas y subvenciones destinadas a distintos conceptos y que, luego, vayan ustedes a saber por qué raros vericuetos, pueden ir destinadas a otros fines menos justificables, desde la Generalitat catalana? Y, aún más, ¿Cúales son las empresas, mecenas particulares y asociaciones cívicas de las que indudablemente se nutre el aparato separatistas para que less permitan mantener al señor Puigdemont exiliado viviendo como un rey en un palacete perfectamente pertrechado en la ciudad belga de Waterloo y al resto de acompañantes y demás exiliados, voluntarios y prófugos de la justicia que también están subvencionados por el soberanismo catalán.

A nadie se le puede escapar que una parte importante de los impuestos que se pagan al fisco y a los tributos, tasas, arbitrios y demás cargas, incluso las municipales, son destinados a contribuir a la causa del catalanismo independentistas que, debido a los sucesivos gobiernos del Estado que no se han querido tomar en serio el problema de que se dejase incubar el sentimiento identitario de los catalanes sin que ninguno de ellos tuviera la premonición de que cada cesión que se les ha hecho a los políticos soberanistas ha sido un nuevo paso hacia lo que para ellos siempre ha sido el objetivo de formar un estado propio fuera de la patria española.