La constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.

Una de las funciones otorgadas al presidente del Gobierno de España por la Ley 50/1997 es la creación, modificación y supresión de departamentos ministeriales y secretarías de estado por Real Decreto. A esta capacidad hay que sumarle su autoridad para aprobar la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno.

La legalización de la gestación subrogada es uno de los grandes temas de actual campaña electoral, con un partido claramente a favor: Ciudadanos, dos claramente en contra: PSOE y Vox, y otros con posiciones más o menos ambiguas y cambiantes: PP, Podemos, ERC, PdeCat y Compromis.

El pasado 25 de marzo se celebró la asamblea ordinaria de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino en donde se afirmó que «tener un título nobiliario hoy debe suponernos aceptar un conjunto de obligaciones públicas con Su Majestad el Rey, con España y con nuestros conciudadanos», afirmó el decano, el duque de Fernández-Miranda.

El periodo electoral que atraviesa el país desde que se anunciaran elecciones el pasado mes de febrero está siendo marcado por la aprobación de decretos ley que afectan a distintas áreas del terreno político nacional, lo que ha causado las críticas de la ciudadanía y el resto de partidos políticos. Es importante reseñar que esta herramienta legislativa se encuentra a disposición del gobierno única y exclusivamente en casos de necesidad o urgencia.

El anuncio del presidente del Gobierno de España el pasado 15 de febrero sobre la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril abre un calendario de actos oficiales a cumplir por normativa.