El número de perros potencialmente peligrosos, denominados ‘PPP’, casi se ha duplicado desde 2013 en España. Cifras como las registradas en Andalucía o Madrid lo evidencian. En concreto, de los perros inscritos en el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, 68.518 son potencialmente peligrosos; mientras que en la capital este número asciende a 8.537 canes catalogados de esta forma, mientras que hace cuatro años eran 4.600.

Desde Toppercan señalan que “el conocimiento de la normativa es fundamental para todos aquellos amantes de los animales que tienen o están pensando adquirir un perro como mascota de alguna de las razas tipificadas en la ley como potencialmente peligrosas (PPP)”.

En un reciente estudio realizado por esta plataforma entre sus más de 5.000 socios, tres de cuatro usuarios reconocen desconocer la actual normativa que identifica a los perros potencialmente peligrosos (PPP), por lo que no aplican las directrices marcadas por la ley con los riesgos que esto implica para las personas y los propios dueños.

La actual normativa señala como perros de riesgo aquellos que cuentan con fuerte musculatura, aspecto poderoso, resistentes, de pelo corto, con cabeza voluminosa y mandíbulas grandes y fuertes, un perímetro torácico de entre 60 y 80 centímetros, una altura de la cruz (estatura medida desde el comienzo del cuello, en el punto más alto de los omóplatos, hasta el suelo) de entre 50 y 70 centímetros y un peso superior o muy próximo a los 20 kilos.

Marisa Rodríguez, directora de Toppercan, advierte que “los propietarios de perros peligrosos deben contar con una licencia municipal que ronda los 150 euros anuales, para garantizar el pago de los posibles daños materiales y personales. Para obtenerla, los dueños deben someterse entre otros requisitos a un test para comprobar que se trata de una personalidad equilibrada capaz de controlar a un animal de estas características”.

Además, añaden desde la plataforma que “el dueño de un perro potencialmente peligroso debe ser siempre mayor de edad, no contar con antecedentes penales y, sobre todo, someterse a una evaluación psicológica que certifique sus condiciones para hacerse cargo del perro”.

En este sentido, Toppercan señala que es necesario conocer que la venta entre particulares está prohibida y resaltan que, si esto se persiguiera, muchas menos personas tendrían acceso a este tipo de perros.“El problema reside en que estos perros tan potentes tienen dueños que desconocen los problemas asociados a estas razas, no saben de adiestramiento ni las necesidades básicas del perro. Por ejemplo, un American Staffordshire Terrier es un perro que necesita mucho ejercicio físico, por lo que si no se ejercita adecuadamente es más que probable que empiecen los problemas de conducta por un tema de ansiedad”.

Por su parte, en el caso del perro, éste debe estar inscrito en el registro autonómico de canes PPP; así como ir siempre atados y con bozal en zonas públicas, y tener su tarjeta de identificación, su cartilla sanitaria y un certificado veterinario que acredite su salud.

“A pesar de que la ley de razas potencialmente peligrosas puede parecer demasiado severa y rigurosa, sus exigencias no son nada en comparación con la de otros países”, resaltan desde Toppercan.

Cabe destacar que en nuestro país apenas existen leyes que regulen la tenencia de este tipo de animales, por lo que es necesaria más regulación, pero, sobre todo, más concienciación entre los propietarios de este tipo de perros.