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Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Entre las cuestiones centrales de la nueva normativa estarán la generalización de la diligencia debida con medidas reforzada aplicables sobre el colectivo de personas con responsabilidad pública, la delimitación de las jurisdicciones de riesgo o la aclaración sobre el alcance de las obligaciones de protección de datos en esta materia.
“Las nuevas exigencias contra el blanqueo de capitales afectan a los abogados y otros prestadores de servicios empresariales, a la banca, al negocio del alquiler y a las plataformas de 'crowdfunding' principalmente. El objetivo es evitar que redes nacionales y extrajeras se beneficien de las debilidades del sistema financiero español para blanquear dinero de operaciones ilícitas”, explica Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Penal & Compliance. ¿Cuáles son las principales novedades que aportará esta nueva normativa? Desde Bonatti Penal & Compliance resaltan estas seis novedades:
“Estamos en un proceso de cambio legislativo, que vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en la lucha contra el blanqueo de capitales, exigiéndoles que adopten medidas adecuadas para afrontar nuevos retos y amenazas como la lucha contra el terrorismo internacional de carácter yihadista o la proliferación en el uso de las criptomonedas”, mantiene Francisco Bonatti.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
En la actualidad, la evolución de la tecnología y el acceso a internet han abierto un abanico de posibilidades, no sólo para los adultos sino también para los más pequeños. Un smartphone permite realizar cualquier gestión o transacción en apenas unos segundos y, según datos del INE, siete de cada diez niños de entre 10 y 15 años disponen de un teléfono móvil.
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