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El Gobierno de Pedro Sánchez se aferra a los Decretos Ley

La importante cantidad de iniciativas aprobadas tras el anuncio de las elecciones concentra las críticas de la derecha
Nacho Moreno
miércoles, 3 de abril de 2019, 15:49 h (CET)

El periodo electoral que atraviesa el país desde que se anunciaron elecciones el pasado mes de febrero está siendo marcado por la aprobación de Decretos Ley que afectan a distintas áreas del terreno político nacional, lo que ha causado las críticas de la ciudadanía y de ciertos partidos políticos. Es importante reseñar que esta herramienta legislativa se encuentra a disposición del gobierno única y exclusivamente en casos de necesidad o urgencia. 

El gobierno de Pedro Sánchez ha sido especialmente criticado en los últimos días, ya que, desde la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, se ha hecho un uso inapropiado de este instrumento legislativo, en algunos casos con una manifiesta intención electoral, lo que ha sido considerado como una irresponsabilidad por las fuerzas de la oposición.

Cabe destacar que, con el Congreso disuelto, los decretos los debe convalidar la Diputación Permanente pero ya no puede tramitarlos como proyecto de ley.

Uno de los decretos ley con más importancia para la sociedad es el que afecta a la protección social y a la lucha contra la precariedad laboral, aprobado el pasado ocho de marzo. Entre las medidas aprobadas se encuentra el hecho de que los trabajadores indiquen el horario de salida y entrada de la jornada laboral.

Otro paquete de medidas que ha tenido cierta relevancia en los medios ha sido el referente a la vivienda y el alquiler, una cuestión que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido siempre en cuenta desde su entrada al poder. Muchas de las propuestas van encaminadas a disminuir el precio de los alquileres (que se ha disparado en los últimos meses en ciudades como Madrid o Barcelona) o a facilitar el acceso a la vivienda.

En el ámbito económico, el Gobierno socialista ha decidido prorrogar para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones sostenibles financieramente. Con ello, se pretende garantizar que la evolución del gasto público se sitúe en línea con el crecimiento de la economía nacional. Esto demuestra que hay determinadas comunidades que gozan de buena salud económica.

En lo referido al terreno social se han aprobado diversas propuestas relacionadas con la equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad, la recuperación del subsidio a los desempleados mayores de 52 años, los cambios en la contratación en el sector de la estiba y las medidas para afrontar un eventual "brexit" sin acuerdo.

Las reacciones de los distintos partidos políticos a estas acciones no se han hecho esperar. El sector de la derecha las ha criticado duramente, culpando a los socialistas de querer gobernar a base de decretos, mientras que la izquierda se encuentra más dividida. En su gran mayoría, los partidos elogian las medidas sociales, pero hay otros que han afirmado que las propuestas han sido rebajadas con respecto a las originales por culpa de la presión de PP, Ciudadanos y Vox.

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