México se convirtió en el primer país que elige a la totalidad de sus jueces mediante el voto popular de sus ciudadanos, aunque en el proceso, celebrado el 1 de junio, concurrió a sufragar apenas el 13 por ciento del padrón electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “la elección histórica del poder judicial ha sido todo un éxito".

Durante mayo de 2025 en la ciudad de San Miguel de Tucumán de la República Argentina se desarrolló un encuentro sobre Justicia e IA. Contó con miembros de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de la provincia (AMT) y de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). Hubo especialistas en tecnología, representantes del ecosistema legal y “tecno”, académicos y abogados.

Puede que el momento sea el oportuno para determinados intereses, pero que no le quepa a nadie la menor duda de que el dictamen final de lo que se dice acierta de pleno. Según el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, nueve de cada diez ciudadanos no cree que la justicia sea igual para todos. El 89,9% no comparte que se trate igual a los políticos que a los ciudadanos.

Cierto es que los jueces tienen limitaciones en su libertad de expresión, y me refiero a aquello que tiene que ver con lo que pueden resolver para no estar contaminados por opiniones anteriores que pueden prejuzgar antes de los propios procesos. Ahora bien, se ha hecho también muy habitual ver a algunos jueces que sin el mejor recato juzgan en tertulias como si estuvieran realizando su labor profesional.

En nuestra realidad circundante, en lo que solemos citar como nuestro entorno, el sistema judicial tiene como objetivo no la Justicia, abstracción platónica que nos trasciende, sino garantizar, con realismo y en la medida de los posible, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que no es poco. Por eso hablamos de Estado de Derecho, regido por la Ley.

Ser aforado significa que una persona tiene un fuero especial en cuanto a dónde y cómo puede ser juzgada. Tradicionalmente, este privilegio se ha reservado para altos cargos de la política y la judicatura, con el fin de proteger la independencia de sus funciones y decisiones frente a posibles acusaciones o influencias indebidas. Se estima que existen unos 18.000 aforados en España, incluyendo a miembros del Gobierno, diputados y senadores, así como jueces y fiscales.

La corrupción es una enfermedad endémica en la humanidad. El virus de la dolencia se inoculó en el momento en que Adán, el primer hombre de quien todos procedemos, comió el fruto del árbol que el Creador le había prohibido comer. Su desobediencia se conoce como pecado. Como el pulpo, tiene muchos tentáculos. Uno de ellos es la corrupción que nos saca de quicio.

Acabaré estas columnas sobre lo poco que puede ofrecer la izquierda política a nuestro país con el último de sus horrorosos cinco mandamientos. Este quinto mandamiento es tratar de imponer siempre la propia opinión y la propia doctrina acusando al adversario de derechas de ser incapaz de diálogo por no aceptar su imposición.

La separación de poderes es un principio legal y político, que en nuestro país no se cumple, en mi opinión, en algunos aspectos. Sobre todo, en lo que corresponde a la no injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Se debe respetar la competencia y profesionalidad de los jueces, algo que no está sucediendo como se puede observar, si se consideran las declaraciones públicas de algunos dirigentes políticos, en relación con determinadas investigaciones judiciales, desde hace un tiempo en España.

Es común oír quejas sobre la Justicia por parte del ciudadano de a pie y del periodismo no especializado. Ello, debido a la demora del Poder Judicial en dictar sentencias, porque no conforman los resultados del juicio, denuncia o reclamación formalizados o porque los efectos colaterales de los fallos, presuntamente injustos, sacan de quicio a la gente en temas colectivos de resolución compleja.

México se convirtió en el primer país del mundo en el que habrá elección popular para todos sus jueces, una vez que esta semana el Senado adoptara una reforma del poder judicial, impulsada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador y fuertemente rechazada por la oposición y funcionarios judiciales.

Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre un asunto acuciante desde hace siglos, a saber, la necesidad de contar con un sistema judicial que sea el pilar sobre el cual se sostenga la justicia de todos los ciudadanos por igual en cualquier sociedad. Lo ideal sería contar con un poder judicial robusto, eficiente y honesto para garantizar el orden, la paz y la equidad, pero bien sabemos que existe una gran deficiencia al momento de contar con funcionarios judiciales probos.

El pasado Junio y en estas mismas páginas al final de uno de mis artículos afirmaba  que un nuevo partido de extrema derecha ha nacido en España, el Partido Judicial Español. Y los hechos me están dando la razón, una facción mayoritaria de los togados de la cúpula judicial, sin haber pasado por las urnas, se han constituido en juez y parte para ir contra los poderes legislativo y ejecutivo.

Andamos, en el contexto de estos días, a vueltas con la democracia, ese concepto ajado, vociferado y reclamado. La pensó Churchill como “el peor de los sistemas exceptuando todos los demás”, lo que, en román paladino, supone estimarla como el menos malo de los regímenes, que no destaca por sus límpidas virtudes sino por excluir a otras formas de gobierno mucho más execrables.

Desde que tengo uso de razón he sentido una gran admiración los miembros de la judicatura. Les veía como una serie de venerables señores, que se habían pasado más de media vida preparando unas oposiciones en las que se habían dejado la vista, el pelo y la juventud.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a estar en el centro de la actualidad española tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar este órgano vital después de años de estancamiento institucional. Pero, ¿qué es exactamente el CGPJ y por qué es tan fundamental en el sistema judicial español?

Cuando se comenzó a hablar de una Ley de Amnistía el expresidente Aznar lanzó un mensaje a los suyos: “quien pueda actuar que actúe”. Inmediatamente una parte de jueces y fiscales se adhirieron a tan sibilina llamada a boicotear la aún nonata ley. Un grupo de fiscales del Supremo se constituyeron en punta de lanza para impedir la aplicación de la amnistía contra la opinión del Fiscal General del Estado.

Cuando estudiaba bachillerato me enseñaron los aspectos básicos de la justicia en España: Sistema – Organigrama – Promociones – Independencia – Potestades – Vinculaciones – Contenidos de cada estructura – Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional o de Garantías...

Desde el martes pasado, los jueces y tribunales tienen dos meses para aplicar esa brutal injusticia que llaman Ley de Amnistía. Tal plazo quedará paralizado si se eleva cualquier cuestión prejudicial al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Puedo garantizar, y así lo hago, que cualquier español serio se avergonzará de gran parte del contenido a medida que avance en su lectura.

Desde tiempos de Felipe V,  España siempre ha estado intentado mantener callados a los catalanes, y cuando el 1-O más de dos millones de ellos de forma pacífica votaron favorablemente una propuesta de República e independencia, desde Madrid les enviaron la policía española a apalearlos, y a los jueces, la Brigada Aranzadi, para, con unas especiales interpretaciones de la legislación, acallar las voces disidentes del pueblo catalán.