Democracia… o Sánchez

"Donde acaba la ley, comienza la tiranía", John Locke.

La democracia no es solo el derecho de votar cada cierto tiempo, sino la garantía constante del respeto absoluto a las leyes. Ese respeto resulta imposible sin una separación efectiva de poderes, principio elemental sin el cual toda sociedad democrática corre el riesgo inminente de degenerar en autocracia. Hoy, en España, esa separación está peligrosamente amenazada.

Una prueba alarmante lo constituye la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de Amnistía impulsada por el Gobierno, ignorando el principio de igualdad ante la ley y consagrando una justicia selectiva al servicio de intereses políticos. Lejos de actuar como contrapeso independiente, el Tribunal ha confirmado con su fallo la preocupante deriva hacia un modelo en el que las instituciones se alinean con el poder ejecutivo, debilitando los cimientos del Estado de derecho.

La norma fue pactada en 2023 entre el PSOE y dos partidos independentistas catalanes —promotores del referéndum unilateral— a cambio de su apoyo al Gobierno de coalición. Es decir: impunidad para los golpistas a cambio del poder para quien había perdido las elecciones.

¿Y la ley?

“Hecha la ley, hecha la trampa.” Siempre habrá alguna toga agradecida dispuesta a chapotear en el fango de la corrupción, enlodando todo para justificar arbitrariedades al servicio de intereses inconfesables.

Tal como sostiene el Gobierno, la sentencia del Tribunal Constitucional allana el camino hacia una “normalización” alarmante: procesos independentistas que pueden repetirse una y otra vez con plena impunidad. A partir de ahora, no existirá norma capaz de sancionarlos y, si acaso la hubiere, siempre habrá una amnistía dispuesta a eximirlos de toda culpa.

En realidad, el TC ha abierto la puerta a que cualquier legislador con mayoría simple y sin referéndum reescriba normas constitucionales e invoque luego esa “jurisprudencia” como propio aval. Así, nada impedirá futuras amnistías selectivas —ya sean por motivos políticos o económicos o de cualquier otra índole—, desincentivando el cumplimiento de las leyes y consagrando la impunidad. Cuando alguien utiliza las reglas del juego para cambiar el resultado y dejar impune lo prohibido, comete un fraude de ley.

En los últimos meses hemos sido testigos de un espectáculo bochornoso que pone en evidencia el presunto y alarmante nivel de corrupción que afecta al PSOE y a su Gobierno. Altos cargos del partido, diputados, ministros e incluso personas del entorno más cercano al presidente —quien se autoproclama líder de un Ejecutivo progresista— se encuentran bajo el foco judicial por su posible implicación en delitos de extraordinaria gravedad.

Lo verdaderamente inquietante no es solo la dimensión criminal de las acusaciones, sino la respuesta sostenida y virulenta del Ejecutivo. Desde el primer momento asistimos a una campaña implacable, que ataca sin descanso a jueces, fiscales y miembros de la Unidad Central Operativa encargados de investigar los numerosos casos de corrupción, con el claro propósito de desacreditarlos e intimidarlos.

A esa ofensiva se suma el cuestionamiento sistemático de los dictámenes del Tribunal Supremo, poniendo en entredicho la autoridad e independencia de quienes deben velar por el cumplimiento imparcial de las leyes. Esta estrategia, lejos de proteger el Estado de derecho, socava la separación de poderes y amenaza con desmantelar el corazón mismo de nuestra democracia constitucional.

“Algún juez está contribuyendo a la oposición".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, 12 de diciembre de 2024. Antena 3 Noticias,

Copa de Navidad en Moncloa.

El CGPJ calificó de “inadmisible” que se arrojen sospechas de parcialidad sobre los jueces. 1

“El juez Hurtado hace cosas difíciles de entender.”

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, 10 de junio de 2025 tras el procesamiento del fiscal general del Estado.

La Presidenta del CGPJ denunció “atribución de propósitos desviados” e “intolerables presiones” a los jueces. 2

“La oposición real al Gobierno son los jueces.”

Óscar Puente, ministro de Transportes, 10 de junio de 2025.

Declaración interpretada como intento de deslegitimar al Poder Judicial. 3

“No caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la Constitución nos encomienda”[…]“La descalificación sistemática desestabiliza la confianza de los ciudadanos en la Justicia”

Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, 11 de junio de 2025,

Jornadas de jueces decanos. 4

Esta situación ha alcanzado tal nivel de alarma que la propia presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se ha visto obligada a denunciar reiteradamente los ataques y presiones gubernamentales sobre el Poder Judicial, algo sin precedentes en nuestra historia reciente y completamente incompatible con un régimen democrático.

Ante la evidente imposibilidad de frenar estos procesos judiciales, el Gobierno ha optado por una ofensiva mucho más peligrosa y grave. Ha anunciado cuatro paquetes legislativos destinados a eliminar, de facto, la separación de poderes y a garantizar la impunidad absoluta de quienes estén insertos en los procedimientos que interesen al Ejecutivo.

El Gobierno defiende que esta reforma es “imprescindible y necesaria”. Y le asiste toda la razón: la ley Bolaños es absolutamente imprescindible y necesaria para blindar descaradamente de toda responsabilidad penal a políticos presuntamente implicados en gravísimos delitos como corrupción, malversación y abuso flagrante del poder público.

Si estas medidas llegan a convalidarse, España daría un salto hacia un modelo autoritario donde la aplicación de la justicia estaría exclusivamente al servicio de quienes ostentan el poder político.

Resulta especialmente indignante que sea este mismo Gobierno, que años atrás denunciaba tales prácticas como intolerables y prometía perseguirlas sin descanso, el que ahora intente aprobar una ley para garantizar la impunidad absoluta de sus propios dirigentes implicados.

Un adelanto de esta peligrosa deriva lo encontramos en la reciente aprobación de la polémica Ley de Amnistía por parte de un Tribunal Constitucional que, lejos de mantener su independencia, ha maniobrado de forma descarada para acomodar su fallo a los designios del Ejecutivo, dando sobradas muestras de actuar a sus órdenes. Con esa resolución, la imparcialidad judicial queda sacrificada y quienes deberían erigirse en freno frente a la arbitrariedad se convierten en simples ejecutores de la voluntad política.

Jamás habíamos visto nuestras instituciones convertidas en una charca tan infecta y nauseabunda como en la que hoy están sumidas, una pocilga palaciega donde la justicia se hunde en el lodo de la corrupción y la sumisión ciega al poder.

La situación es tan crítica que, por primera vez en mucho tiempo, los jueces españoles han decidido tomar una posición activa, convocando inicialmente una huelga de tres días para denunciar públicamente estos ataques sin precedentes. Además, no descartan una huelga indefinida si el Ejecutivo persiste en sus pretensiones autoritarias. Esta reacción del Poder Judicial evidencia claramente que no estamos ante un mero conflicto político, sino ante una verdadera amenaza existencial a la democracia.

El desenlace de esta crisis determinará inevitablemente el futuro democrático de España. O bien triunfa el Estado de Derecho con una justicia independiente, o nuestro país entrará directamente en la senda de la dictadura, secuestrado por quienes para perpetuarse en el poder pretenden supeditar la ley a sus intereses personales.

No podemos permitir que un solo individuo, brújula que marca el norte de la corrupción en España, robe y secuestre la libertad que legítimamente pertenece a todos.

Es fundamental entender que defender la democracia no es responsabilidad exclusiva de fiscales, jueces o políticos. Es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos asumir una postura firme y apoyar sin fisuras a quienes están luchando para preservar la independencia judicial y la vigencia real de la Constitución.

La democracia española está viviendo horas críticas. Si no reaccionamos ahora, mañana será demasiado tarde. Como sociedad no podemos permitir que el legado de generaciones que lucharon por una España libre y democrática se esfume en manos de una élite política corrupta y autoritaria.

La indiferencia de los ciudadanos es la cómplice silenciosa de todas las dictaduras. Democracia... o Sánchez.

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1(https://www.antena3.com/noticias/espana/jueces-responden-sanchez-acusarles-acoso-judicial-gobierno-recibo-que-arrojen-sospechas-parte-presidente_20241212675ad071c98fe80001848ce0.html)

2 (https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20250611/presidenta-cgpj-pide-cese-presiones-intolerables-insultos-jueces-ultimos-ataques-gobierno/1003743799375_0.html)

3 (https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20250611/presidenta-cgpj-pide-cese-presiones-intolerables-insultos-jueces-ultimos-ataques-gobierno/1003743799375_0.html)

4 (https://www.vozpopuli.com/tribunales/perello-exige-respeto-a-los-jueces-del-supremo-que-soportan-descalificaciones-constantes-de-las-autoridades.html)