Observamos que, precisamente en vísperas de la Diada del 11 de septiembre, como si esta festividad tuviera el poder de conceder la inmunidad en contra del Covid 19, deciden suprimir todas las limitaciones que existían en la autonomía para evitar la propagación de esta cepa Delta, tan contagiosa, de la epidemia que tantos dolores de cabeza está proporcionado a la sanidad autonómica.

Todos estamos de acuerdo en que hay que despolitizar las instituciones. Europa debe conocer en profundidad las tropelías que pretende el ‘bichavito’ represor. Ni un paso atrás ante las dictaduras encubiertas. Ningún país desarrollado puede consentir la brutal ofensiva que pretende el comunismo. Desde mi punto de vista es urgente que el Consejo General del Poder Judicial recupere su derecho de elección para todos sus miembros, sin excepción.

En la audiencia del papa Francisco concedida al presidente Sánchez, su mujer precedió a la embajadora de España ante la Santa Sede. O en la ceremonia de sanción y promulgación de la ley orgánica sobre la abdicación de Juan Carlos I, pudimos ver como la cónyuge del presidente Rajoy se sentó junto a su marido situándose delante de los presidentes del Congreso de Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.

Pero también, desde el propio CGPJ, se juzga que la medida que intenta imponer el señor Sánchez y su ejecutivo socio-comunista, se ha considerado que es contraria a las recomendaciones que nos llegan desde Europa sobre la politización del órgano.

A ver por dónde salen ahora la ‘doctora’, Adriana Lastra, y el vocero mayor de Podemos, Pablo Echenique. "Esta norma está pensada para permitir el correcto funcionamiento de las instituciones", ha asegurado Lastra. Leen bien, señores, la ‘doctora’ sólo ve un correcto funcionamiento si se permite la triquiñuela que pretenden.