En ocasiones sentimos envidia, sana envidia por supuesto, ante lo que sucede en otras naciones en las que, como sucede en los EE.UU, existen personajes públicos ,como es el caso de la pretendiente propuesta por el señor Trump para formar parte del Tribunal Supremo de la gran nación americana, la juez del Tribunal de Apelaciones, señora Barret que, aparte de tener un historial personal brillantísimo, ser madre de una familia numerosa y haber escrito en una carta que “el matrimonio y la familia se basan en el compromiso indisoluble entre un hombre y una mujer”, no le duelen prendas en hacer referencia a la fallecida juez Ginsburg, en una ocasión en la que dicha señora hacía mención a cuál debe ser el comportamiento un nominado a una audiencia: “nada de pistas, nada de avances, nada de predicciones”. Naturalmente al sector demócrata la posibilidad de que una juez con tales antecedentes pudiera reforzar la mayoría de magistrados conservadores que forman parte del alto tribunal, les eriza los vellos y les causa retortijones sólo de pensar en la posibilidad de que el Supremo llegara a tomar la decisión de anular la Ley que legalizó el aborto en 1973.

Pero lo que, en un mundo judicial en el que, como sucede en España, la facultad de interpretar las leyes de acuerdo con las ideas personales, de lo que su contenido “quiere expresar”, de los jueces o magistrados, es práctica común en muchos de dichos profesionales de la Justicia; nos alivia pensar que hay alguien que defiende, como es el caso de la juez Garret, “una lectura literal y ortodoxa de la Constitución estadounidense” de modo que, en su trabajo como académica, sostiene que “el Supremo debe poder corregir las decisiones que no pasen este filtro”. Cuántos errores y sentencias desacertadas y cuantos perjuicios y daños irremediables habrán causado a la nación y sus ciudadanos el que, en España, existan unos jueces, magistrados y fiscales, a los que se califica de derechas y otros que, por contra, que están considerados de derechas, si esta división extraoficial que se entiende que existe significa que, al dictar sentencia predominan, sobre el verdadero sentido e intención de las normas, estos prejuicios según se trate de miembros togados de una casta o de la otra.

Y, hete aquí que, en su línea de imponer sus ideas políticas a los ciudadanos y en su cerrazón intelectual de convertir a España en otro de los países satélites de aquella Rusia, ya desaparecida, donde las prácticas estalinistas, opresivas, criminales y totalitarias eran ejercidas con mano dura desde el poder, de modo que los ciudadanos rusos que no formaban parte de lo que era, como diría Pablo Iglesias, “casta soviética” estaban condenados a formar parte de la inmensa legión de los que carecían de derechos y tenían que vivir de acuerdo con las reglas e imposiciones que les eran aplicadas desde el Kominform comunista., invento de Stalin, del que formaron parte, además de él, nombres ilustres de las élites soviéticas como: Mikoyan, Kruschev, Malenkov, Beria y Molotov, el señor Pedro Sánchez, convencido de que en España tiene la situación bajo control, con el apoyo incondicional de los comunistas de Pablo Iglesias, la fidelidad comprada a base de cesiones de los separatistas catalanes y vascos, la derecha dividida y una epidemia que le permite ir puenteando las leyes para, según convenga a sus políticas, poder actuar a favor o en contra de aquellas comunidades que, por necesidad, se vean obligadas a solicitar ayuda y, en el caso de que pongan oposición, a ser tratadas de forma discriminada, no dudando en tomar represalias contra ellas lo que, desgraciadamente, hemos podido comprobar en el caso insultante y humillante de lo que ha sucedido en la comunidad madrileña en la que, una sentencia del TSJM, en contra de lo decidido por Illa ha provocado la intervención fulminante del Ejecutivo, declarando por su cuenta el “estado de alarma”, lo que ha significado un grave atentado a la independencia autonómica y un gravísimo perjuicio para su economía, algo que, sin duda, va a resultar muy negativo para el futuro de esta parte tan esencial para el desarrollo de toda la nación.

En estos momentos España tiene abiertos varios frentes, todos ellos formando parte de la estrategia gubernamental de ir dando pasos de gigante en la dirección de ir socavando los cimientos de la Constitución y de minar aquellas instituciones de las que presumen que puedan llegar problemas para poder desenvolver, con tranquilidad, el plan que tienen trazado para hacerse con España, con el objetivo de cambiar el régimen monárquico – la campaña contra la monarquía y las vejaciones a las que está sometido el Rey son evidentes muestras de las intenciones de Sánchez al respecto – por una república que, evidentemente, no sería del estilo de la alemana o la francesa sino que, su modelo, sería el de Venezuela u otras de las repúblicas bolivarianas que todavía quedan en la América meridional. Un segundo frente en el que se está luchando es el del intento de modificar la Ley por la que se eligen los miembros del CGPJ para que en lugar de una mayoría de tres quintos en el Parlamento y en el Senado, para elegir a sus integrantes, baste la mayoría simple lo que sería lo mismo que entregarle a los socialistas el poder de elegir aquellos jueces o juristas que supieran que van a ser dóciles a sus mandatos. Y aquí es donde Sánchez, nuestro presidente, ha empezado a salirse de los límites de su jurisdicción para encontrarse con un terreno de arenas movedizas, precisamente por entrar en colisión con los interés de la UE en un tema especialmente delicado por afectar al comportamiento de este organismo con las posturas rebeldes de Polonia y Hungría (en este caso de derechas) que ha merecido una severa amonestación por parte de Bruselas.

Y es que, señor Sánchez, el pasarse de listo, al abusar de su pode buscando atajos en lugar de transitar por autopistas de legalidad donde se constaran otras opiniones y se constatara su constitucionalidad, ha decidido prescindir de toda la oposición para imponer un “trágala” a todos los ciudadanos. Esta conducta, en ocasiones, puede dar lugar a que la situación se complique y que, desde el resto de Europa, la maniobra de saltarse las normas que pretende imponer a los españoles, no haya sido vista con buenos ojos y, ello, ha motivado que Bruselas, de nuevo, tome cartas en el asunto, muy diplomáticamente esto sí, cuando sus portavoces han declarado que: “es importante asegurar que el Consejo no se perciba vulnerable a la politización” y, para dar una pista de cómo le gustaría a Bruselas que se llevaran a cabo las cosas, añaden: “Los estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”, según palabras del comisario Christian Wigand. Se le ha recordado a España que, en un informe sobre el estado de derecho de 30 de septiembre pasado, la Comisión Europea ya advirtió de la importancia de “reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial para reforzar la independencia del judicial”.

Pero también, desde el propio CGPJ, se juzga que la medida que intenta imponer el señor Sánchez y su ejecutivo socio-comunista, se ha considerado que es contraria a las recomendaciones que nos llegan desde Europa sobre la politización del órgano. Según opinión expresada por dicho órgano, este sistema de nombramiento por mayoría absoluta de las cámaras legislativas, en lugar de por tres quintos, dejaría fuera la posibilidad de elección de vocales del partido de la oposición que, efectivamente, es lo que torticeramente intentan los socialistas al proponer esta proposición de ley.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales del país, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han emitido, el jueves, un comunicado conjunto donde se advierte del peligro que esta reforma tendría para la independencia del Poder Judicial y que la reforma que el Gobierno pretende llevar a cabo sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial: " choca frontalmente con las recomendaciones que al objeto de fortalecer la independencia judicial ha realizado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de forma reiterada a España en diversos informes de evaluación que se remontan a 2013" y "ahonda en la politización del órgano de gobierno de los jueces". Más claro y contundente, agua.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que, en esta ocasión, el bocado que pretenden tragarse, sin masticar, el señor Pedro Sánchez y su compinche, el señor Iglesias, va a resultarles muy difícil de digerir y, es muy posible que, de seguir empeñados en llevar a cambio la reforma, desoyendo las advertencias que le están llegando en contra, desde dentro y fuera de nuestro país, va a tener que esmerarse mucho para que semejante cacicada pueda producirse sin que ello tenga graves repercusiones económicas para España y los españoles. Y un toque de la sabiduría de Baltasar de Gracián: “Métense a querer dar gusto a todos, que es imposible, y vienen a disgustar a todos, que es más fácil.”