¿Qué está sucediendo en este país que parece que nadie reacciona de una manera eficaz y “proporcional” como decía que haría el señor Rajoy cuando hablaba de la rebelión catalana? Se ha aplicado el artículo 155 de nuestra Constitución y todo sigue igual. Los separatistas, una y otra vez, están infringiendo las leyes y, contrariamente a lo que se podría de esperar de una comunidad intervenida por el Estado y presidida por la señora vicepresidenta del Gobierno, no hay quien pueda encontrar diferencia sustancial en el comportamiento de aquellos que llevan años enfrentándose a la legalidad, a los tribunales y a todo aquello que provenga de España, respecto a cuándo no se aplicaba. Siguen ocupando las calles cuando les da la gana; utilizan los medios de comunicación como arietes en contra del legítimo gobierno de la nación; siguen haciendo propaganda de sus intenciones separatistas y reniegan de cualquier actuación de los tribunales para restaurar la legalidad y evitar que Cataluña se convierta en algo más que un problema enojoso para los españoles algo que, probablemente, lleva visos de empezar a suceder si tenemos en cuenta la forma vandálica como se están comportando aquellos que fueron, precisamente, los causantes de que se tuviera que recurrir a los remedios que proporciona la Constitución para salvaguardar la integridad del territorio nacional.

Lo cierto es que, el que los Mossos d’Esquadra, otra vez, se hayan visto superados y hayan tenido que ceder cuando una masa de separatistas ha entrado por la fuerza en el recinto de la Ciudadela, para plantarse ante el Parlamento de Cataluña para quedarse, según han dicho. ¿Y si el señor Puigdemont se hubiera encontrado disfrazado entre la multitud, hubiera podido ser descubierto y detenido antes de que pudiera entrar en el Parlament? Puede que no, pero también puede que sí. De todos es sabido lo que sucedió con los mossos cuando tenían la obligación de impedir que se abrieran los colegios electorales y, no obstante, no lo consiguieron: los unos porque estaban confabulados con los que pretendían votar en aquel referéndum declarado ilegal y otros porque obedecían consignas de sus jefes, algo que todavía se está intentando averiguar en los procedimientos iniciados contra algunos de ellos. Se han roto candados de algunas puertas y los convocados en el paseo de Luis Companys por la ANC, cuando han visto que se suspendía la sesión parlamentaria que debía investir al señor Puigdemont, han decidido ocupar a gritos de “El pueblo manda, el Gobierno obedece”,“Fuera las fuerzas de ocupación” y “Libertad presos políticos”, el Parque de la Ciudadela para quedarse instalados ante las vallas que la policía tenía instaladas ante el Parlament. Seguramente con la pretensión de quedarse allí manteniendo la presión. La ANC (curiosamente una entidad que debiera de haberse ilegalizado dado su historial de infracciones de la ley y de inductores a la desobediencia en contra de la Constitución y el Gobierno de la nación) proclamó lemas en los que se amenazaba: “Si no hay investidura entraremos en el Parlament”. En un alarde de incompetencia parece que, a lo que se han limitado los mossos ha sido a intentar cerrar de nuevo las puertas para que no entren más manifestantes ¡dejando que los que ya se habían colado dentro siguieran ocupando el lugar!

Este nuevo personaje que ha ocupado el lugar de la señora Forcadell al frente del Parlamento Catalán, Roger Torrent, en el que algunos insensatos habían confiado en que mantendría la legalidad, ha resultado ser de la misma pasta que Puigdemont y compañía y parece decidido, lo ha dicho públicamente, a mantener al candidato elegido, Carles Puigdemont, sin que las advertencias del TC ni del propio Gobierno de la nación parezca que le vayan a hacer apearse del burro. En resumen, señores, nos encontramos ante una situación similar o peor a aquella del 1.O en la que, por unos instantes, se proclamó la república catalana. Entendemos que se haya querido resolver este contencioso acudiendo a la Justicia y, continuaríamos aceptándolo, si ésta fuera respetada por ambas partes; sin embargo, aquí existe una clara anomalía: una de las partes en este pleito no está dispuesta a aceptar los veredictos de los tribunales, como se ha venido demostrando haciendo caso omiso de todas las disposiciones, autos y advertencias que les han llegado de parte de los más altos tribunales de la nación, incumpliéndolos sistemáticamente y con la agravante de que se han jactado de ello.

¿Hasta cuándo está dispuesto, el señor Rajoy y su ejecutivo, a consentir que los revolucionarios, las hordas independentistas y todos aquellos que forman parte de este desafío, ya de carácter tumultuoso y evidentemente peligroso, se salgan con la suya, vayan dando alas a los miles de ciudadanos catalanes que apoyan el proceso, proporcionen materia a la prensa para que en Europa se admiren de que el Estado permita semejantes comportamientos en contra de la Constitución y del orden establecido? Mucho nos tememos que si siguen confiando en los mossos catalanes las situaciones como la que hoy se ha producido con la invasión del Parque de la Ciudadela se van a repetir cada vez que a los del Omnium Cultural o de la ANC lo consideren oportuno.

Hicieron mal en devolver a sus destinos a la policía nacional y la Guardia Civil, cuando creyeron, equivocadamente, que destituyendo a los miembros del gobierno de la Generalitat y a los componentes del Parlamento Catalán todo iba a quedar resuelto. Estamos entrando en una fase en la que los nacionalistas parece que ya no se van a conformar con regresar a la situación anterior a la ofensiva del señor Mas y los suyos y parecen dispuestos a seguir en su lucha por conseguir un estatus especial que les permita continuar aspirando a la independencia que ahora no van a conseguir. Lo malo es que, esta resistencia, parece que ya han conseguido trasladarla a muchas personas de ideas nacionalistas, pero que nunca pensaron en una rebelión en contra del Estado español. Si no se toman medidas enérgicas (ahora ya no valen los paños calientes ni las ofertas de una mejor financiación), si no se da un golpe de fuerza y se dejan aparcados los tribunales y todas estas políticas rastreras con las que parece que quieren seguir negociando por las alcantarillas de la política, dejándose de preocupar por las críticas que podamos recibir de algunas naciones como Bélgica o de las izquierdas de la UE, es evidente que la solución a este grave problema del separatismo catalán lleva visos de durar durante años, durante los cuales los que más van a sufrir el desgaste van a ser, lógicamente, los distintos gobiernos que tengan que seguir bregando contra los mismos individuos que seguirán sosteniendo en alto su odio hacia el resto de España.

Se ha pecado de ingenuidad cuando se pensó que la sola mención del 155 bastaría para que, lo que han mamado varias generaciones de catalanes desde que entraron en los centros de adoctrinamiento que instaló la Generalitat para que, en las escuelas, todos los niños fueran convenientemente instruidos en su odio a una España “invasora” y a unos españoles que “robaban a Cataluña y que vivían sin dar golpe a expensas del trabajo de los catalanes”; dejara de tener efecto entre los actuales ciudadanos catalanes. Los sucesivos gobiernos que han pasado por la Moncloa, unos por intereses partidistas y los otros por no darle la importancia que, en realidad, tenía el problema catalán, han contribuido a que, lo que hace unos años se hubiera podido solucionar de una forma menos traumática y sin tanta presión social; ahora, en el peor momento de las relaciones del Estado con el separatismo catalán, ya no sea posible pensar que se va a solucionar amigablemente. En consecuencia, deberían nuestros gobernantes y todos los partidos constitucionalistas que no están de acuerdo con la deriva nacionalista ( no olvidemos que en el País Vasco siguen atentamente el desarrollo de lo que sucede en tierras catalanas dispuestos a reclamar, en el momento en el que los catalanes pudieran sacar algún beneficio de su enfrentamiento con el Gobierno, su parte del pastel), empezar a pensar en elevar el listón, bucear en las posibilidades que encierra el de por sí amplio abanico de un artículo que, ya fuera por esperar un posterior desarrollo o aposta para que quien lo tuviera que utilizar, no quedara limitado por unas barreras legales que hicieran insuficiente su aplicación para acabar con las amenazas que motivaran su puesta en práctica; tiene muchas posibilidades de ser interpretado con gran amplitud.

Si la policía y el resto de fuerzas de orden público no fueren suficientes; si España se viera precisada a defender su unidad ante una región que intenta torcer la voluntad del resto de los españoles; si aquellos que pretenden convertirla en terreno donde los buitres de la política pudieran devorar la carroña que han sembrado separatistas y comunistas en sus respectivos intentos de acabar con la nación española; deberemos recordar que la Constitución tiene otros medios previstos para acabar, de raíz, cuando no hubiera otra opción para hacerlo, con cualquier peligro que pudiera poner en cuestión a nuestra patria, poniendo en marcha el Artº 8º de la Carta Magna que, cuando se creyó oportuno establecerlo fue porque, el legislador, quiso contemplar la posibilidad de que, en un momento determinado podría ser necesario poder valerse de él.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como, en lugar de que disminuyan las tensiones existente en España, especialmente en cuanto a este grave problema existente en Cataluña, lo que está sucediendo es que todo lleva a pensar que, este negro panorama que viene marcando el independentismo catalán, lleva camino de prolongarse más de lo que cualquier país puede soportar cuando, un problema identitario como es el que se discute en este caso, es capaz de detener, pausar, congelar y destruir todo el resto de temas que un gobierno tiene la obligación de solventar, no solamente en cuanto a decisiones de orden político sino también económico, financiero, laboral, comercial, administrativo, docente y logístico que, como es evidente, no se pueden tener en barbecho sin que exista el peligro de que todo acabe colapsado. No creemos que sea conveniente, ni para España, ni para Cataluña ni desde el punto de vista de nuestras relaciones con Europa, que el desafío catalán se convierta en algo endémico con el peligro latente de que, en un momento determinado, pudiera peligran gravemente la propia pervivencia de nuestra nación.