Mariano Rajoy lo avisó con anterioridad en una entrevista durante la campaña presidencial: “La dependencia no es viable” aseguró. La Ley de Dependencia, una de las apuestas más firmes en la política social del anterior gobierno socialista, se inmoviliza hasta que la situación económica de nuestro país reanude su crecimiento.

En estos términos se ha expresado la ministra de Sanidad, Ana Mato en una entrevista concedida a la cadena radiofónica Cope. La titular ha manifestado que “el Gobierno ha congelado los beneficiarios de la dependencia para mantener la calidad y los servicios de aquellos que tienen la prestación" y ha explicado que la intención del Ejecutivo es "garantizar la calidad de los servicios de dependencia y extenderlos a todas las personas que sufren".

En este sentido, la dirigente popular ha recordado que esta ley (gestionada por las Comunidades Autónomas)  se hizo "por consenso y que ha creado una serie de derechos para las personas que sufren esa dependencia que es importante", por lo que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy no tiene intención de suprimirla.

El objetivo es mantener el servicio a las personas que disfrutaban de el con anterioridad restringiendo de manera firme la incorporación de más beneficiarios a este “cuarto” pilar del Estado del Bienestar.

La ministra de Sanidad ha explicado que ha propuesto un análisis y una valoración de la situación actual para "poder ver que hay que cambiar, qué hay que mejorar y ajustar las medidas para llevar adelante la financiación".

Durante la entrevista no ha escatimado en reproches al anterior ejecutivo del PSOE: “Fue una ley que se elaboró muy deprisa, sin preveer los plazos, ni calcular bien cuántas personas se iban a incorporar al sistema y que ha provocado que en cada comunidad autónoma se den prestaciones diferentes a personas que tienen el mismo grado de discapacidad".

El Gobierno ha anunciado que tiene la intención de aplicar una  regulación por decreto sobre la aportación que han de hacer los ciudadanos al servicio que reciban por la Ley de Dependencia, o sea, el copago. Y para ello se han de fijar unos criterios comunes que determinen la capacidad económica de los usuarios, en función de su renta y de su patrimonio. El copago se había regulado mediante un acuerdo entre las comunidades en 2008, pero la plataforma de la discapacidad (Cermi) lo recurrió y el Tribunal Supremo les dio la razón en diciembre pasado acerca de este hecho.

Actualmente, según fuentes consultadas, existen alrededor de 740.000 personas que reciben dichos servicios sociales, mientras que un total de 300.000 personas se encuentran en la lista de espera que ha quedado congelada.