Cuando la secuencia de actos de desobediencia; la continuidad de los desplantes en contra de las leyes; los desafíos hacia la autoridad competente; las declaraciones maliciosas; las acusaciones falsas; las actitudes chulescas y las infracciones de las normas estatales, por parte de quienes tienen la obligación, por los cargos que ostentan, de ser ejemplo ante la ciudadanía y de ser los primeros en acatar las leyes y obligar a las personas a su mando a cumplirlas a rajatabla; se convierte en una rutina, se toma como una forma más de pretender subvertir el orden constitucional y como un acto público de rebeldía y desacato a las normas de la nación; es evidente de que aquellas personas que individual y colectivamente han decidido enfrentarse al Estado de Derecho y, por si fuera poco, tienen la temeridad de querer ampararse en supuestos derechos, en historias apócrifas, en imaginarios cuentos de caballería o en presuntas ofensas, malquerencias, rencores o traiciones derivadas de la pasada Guerra Civil, han decidido prescindir de las caretas con las que se habían ocultado, invocando la democracia que a ellos les convenía, sin tener en cuenta que la nación de la que Cataluña está formando parte es, sin duda alguna, una gran democracia, adscrita al resto de democracias de todo el mundo y sin que le falte ni le sobre nada para ser digna de ser considerada como el mejor ejemplo de este tipo de sistemas de gobierno.

Estos días parece como si un genio maléfico se hubiera introducido en un grupo de dementes, arrastrados por sus ilusorias ideas de una imaginaria tierra en la que fuera factible que se produjeran aquellas utopías que, en su mentalidad estrecha y resabiada, han ido construyendo ignorando que, con ello, pudieran llegar a llevar a los catalanes a una situación tal de desorden, inseguridad, deterioro económico y precariedad, capaz de dar al traste con todo el enorme potencial económico que Cataluña tiene, si sigue perteneciendo a España, a Europa, a la CE y a todos los organismos y entidades de crédito, de los que dispone la UE, para que la economía catalana pudiera continuar siendo el motor económico de toda la nación española, sin la cual, la aventura de alejarse de la madre patria tiene todas las posibilidades de acabar en uno de los mayores fiascos que puedan afectar a un pueblo y a su propio futuro, incierto y posiblemente nefasto, condenado a desenvolverse en la soledad, el aislamiento económico, el cerco de las fronteras y la carga de sus propios impuestos, sin los cuales las posibilidad de sobrevivencia serían seguramente nulas.

Los absurdos, a los que está llevando la deriva separatista, alcanzan cotas de irracionalidad tales que hace pensar que los señores Puigdemont, Juncadella,Turull y todo el séquito de aquellos que parecen estar dispuestos a asumir los efectos del gran desafío (cada vez van quedando menos, a causa de las sucesivas “purgas” que Puigdemón ha decido llevara a cabo, para “depurar” de personas indecisas (podríamos decir realistas), la lista de “soldados” dispuestos a mantener, contra viento y marea, la descabellada idea de celebrar un referendo para que, los catalanes, pudieran decir sí o no a una futura y utópica independencia de Cataluña; algo tan imposible e irrealizable que, la sola mención de semejante posibilidad ya sonrojaría a cualquiera que tenga una mínima idea de los resortes constitucionales de que, cualquier nación, dispone para preservar su unidad ante semejantes provocaciones y dislates.

Ahora, acosados por todas partes, han decidido emplear la misma táctica que viene utilizando, el Estado de Derecho, para ir marcando de cerca por medio de procedimientos judiciales cualquiera de las resoluciones de la Generalitat, el Parlament o cualquier órgano separatista, que decida acordar cualquier acto, declaración, propuesta etc. con efectos jurídicos, que se entienda que incumple directa o indirectamente las resoluciones de los tribunales, en especial de las del TC, encaminadas a facilitar, contribuir, permitir, contribuir o ayudar a la celebración de este referendo ilegal, condenado directamente por el propio TC.

Ahora, los separatistas han puesto en el foco de sus represalias en la Guardia Civil por los interrogatorios que, por orden del juzgado de instrucción no 13 de Barcelona, están practicando a determinado personajes que, de alguna manera, se ocupan de los actos preparatorios para la puesta en marcha de la consulta. Ya han presentado denuncias por considerar que hay excesos por parte de la Benemérita en la toma de declaraciones de los distintos actores que, estos últimos días, han sido objeto de citaciones para acudir a las oficinas de la Guardia Civil, para deponer. Resulta insultante que uno de los separatistas que han sido interrogados por la Guardia Civil, el señor Elena, haya acusado al Gobierno de “perseguir la disidencia”. Evidentemente, este caballero no sabe de lo que está hablando, porque aquí no se trata de “perseguir” como el interesado denuncia, a quienes discrepan del Gobierno, a quienes sostienen otras opiniones o, incluso, a los que defienden la independencia de Cataluña, no, no señores, aquí se habla de palabras mayores, de intentos de llevar a cabo acciones encaminadas directamente a poner en práctica un procedimiento de secesión contra la unidad del Estado español.

Al parecer, los que protestan y presentan denuncias contra quienes han recibido la orden judicial de investigar a los denunciantes, no entienden que el señor juez no precisa que la policía judicial se tenga que limitar, cuando le encomienda un investigación, a las personas que ha mencionado, puesto que es evidente que, si de las diligencias se deduce la implicación de alguna otra, con relación al tema que se ha ordenado investigar, es lógico que las fuerzas de la ley también lo investiguen, para mejor información del instructor de la causa. Resulta poco menos que temerario, indecente y absurdo que aquellos que están perpetrando actos contrarios a las leyes, especificados por el TC y que se declaran dispuestos a no aceptar las sentencias de los tribunales, como es el caso del señor Puigdemont, cuando se declara dispuesto a no hacer caso de cualquier inhabilitación que los tribunales pudiera decidir, como consecuencia de las causas que tenga pendientes de resolver en los tribunales penales.

Aunque no afecte directamente al problema catalán, pero por su relación con él, conviene que comentemos una reciente resolución del TSJV que ha anulado una parte importante de la norma de plurilingüismo elaborada por el Consell, por entender que discrimina a los alumnos de enseñanza en castellano. Como suele ocurrir con estos fanáticos de las leguas locales, interpretan a su manera lo que en la Constitución está meridiano: existe una lengua nacional que todo el mundo debe conocer, que todos los españoles tienen derecho a usar, sea donde sea que vivan del territorio español, junto a la cual y, en su respectivo territorio, subsistirán aquellas lenguas cooficiales que la Constitución enumera. Nunca ninguna clase de disposición de rango inferior podrá ir contra la norma general establecida en la Carta Magna. En Valencia el Consell pretendía primar el uso del valenciano, argumentado que era lengua deficitaria, pero ello se hacía a costa del idioma castellano, una circunstancia que el tribunal no ha podido aceptar.

Por si alguien todavía dudara de los motivos que han impulsado al juez del juzgado 13 de Barcelona para ordenar las actuaciones contra determinados personajes, pertenecientes a los grupos que forman el entramado separatista y que, el señor Turull, uno de los más radicales defensores de la independencia de Cataluña, entiende que se trata de “una causa general contra la voluntad de votar”, sin que, al parecer, se haya parado un momento a analizar los delitos que se está considerando que se han cometido por todos estos que hablan de la voluntad general de votar; vamos a reseñar unos cuantos que están incluidos en la ristra de los que se investigan por el Juez. Entre ellos tenemos el de malversación de caudales públicos; revelación de secretos; prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos, al que se añade, como colofón de los mencionados, el delito de sedición en sus modalidades, además de la ejecución, de provocación, conspiración y la proposición a la sedición. Para los cuales hay previstas penas de 8 a 10 años de prisión y de 10 a 15 años “si fueran personas constituidas en autoridad”.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos contemplando con ojos de búho como se siguen dando situaciones, sin duda sorprendentes y merecedoras de unas reacciones más contundentes, que están poniendo a nuestro país al borde de otra de sus etapas de incertidumbre, enfrentamiento, desconcierto y, desgraciadamente, de auto-laceración, una de estas absurdas manías que afectan a los españoles que, cuando se hallan en momentos de bonanza económica, paz social y buen entendimiento ciudadano, parece que no nos encontramos a gusto y es cuando siempre surge algo o alguien que se ocupa de remover el brasero de la discordia.