WASHINGTON - Si George W. Bush hubiera ignorado las opiniones del Gabinete Jurídico del Departamento de Justicia dejando de respetar la Ley de Despliegue de Tropas en Situaciones Hostiles, los Demócratas se hubieran tirado de los pelos. Barack Obama, sospecho, se estaría tirando de los pelos.

Comprensiblemente. De hecho, cuando Bush trató de saltarse al Gabinete Jurídico y sacar adelante un programa de seguimiento electrónico a terroristas, los principales barones del Departamento de Justicia amenazaron con dimitir en bloque.

Los dos episodios - Bush y el programa de vigilancia electrónica de terroristas, Obama y la aplicación de la Ley de Competencias a la actuación militar estadounidense en Libia - no son precisamente parecidos. Las acciones de Bush fueron, por necesidad, ocultadas a la opinión pública por tanto sin remedio alternativo. La decisión de Obama de que las actividades estadounidenses en Libia no equivalen a "hostilidades" y por tanto no exigen la aprobación legislativa según la Ley de Competencias está a la vista de todos.

A diferencia del programa de vigilancia electrónica, el Congreso sabe lo que está pasando en Libia y puede cortar la financiación si lo desea. Además, la validez constitucional de la Ley de Competencias es arriesgada; los presidentes llevan años buscando la forma de evitarla para evitar choques frontales con la rama legislativa.

No obstante, la comparación pone de relieve la naturaleza extraordinaria -- y extraordinariamente importante en mi opinión -- de la gestión de la cuestión de la ley por parte de Obama. Como informa The New York Times, la administración prescindió del mecanismo habitual en virtud del cual el ejecutivo determina la legalidad de sus acciones. Normalmente esa decisión la tomaría el Gabinete Jurídico tras considerar las valoraciones de los departamentos restantes. El presidente tiene la opción de saltarse al Gabinete, pero es un suceso extraordinariamente infrecuente.

Contar con la aprobación del Gabinete de Justicia es el equivalente constitucional al sello de aprobación de la revista del consumidor. Por ejemplo, antes de que la administración iniciara las operaciones militares en Libia, se hizo con la opinión del Gabinete de que al presidente no le hacía falta la aprobación legislativa previa. La Casa Blanca estuvo encantada de enarbolar la valoración para refutar cualquier duda de su autoridad.

En el episodio actual, la Casa Blanca parece haber elegido evitar una valoración formal -- la que sabía que no iba a recibir. La cuestión implica la validez de un capítulo de la Ley de Competencias que exige al presidente poner fin a las operaciones militares en cuestión de 90 jornadas de iniciadas las hostilidades a menos que tenga la aprobación legislativa.

El argumento cogido con alfileres de la administración dice que la actual implicación estadounidense no alcanza el nivel de "hostilidades" que activa el código. El consejero general del Pentágono Jeh Johnson y la responsable del Gabinete Caroline Krass discreparían. Pero Obama se encontró con el sorprendente apoyo del asesor legal del Departamento de Estado Harold Koh, destacado crítico de las competencias bélicas presidenciales ilimitadas.

Reconociendo que el presidente tiene la última palabra y hasta dando por sentado que haya actuado correctamente, es un enfoque pésimo y un precedente peligroso. Elegir lo conveniente en el camino al resultado legal deseado es la forma garantizada de enfrentarse con la ley. Un alto funcionario de la Casa Blanca me describía la cuestión como "un interrogante político" sin "respuesta clara", añadiendo: "Unos pueden concluir que la actividad llega a la cota de hostilidades. Otros pueden llegar a la conclusión de que no. En última instancia es decisión del presidente y la tomó". La respuesta puede no estar clara, pero no es una cuestión política -- es un código que estamos interpretando. Eso es para lo que sirve el Gabinete, y en lo que tiene antecedentes solventes de hacer en torno a las competencias bélicas.

Como explica en un blog el catedrático de Derecho en Harvard Jack Goldsmith, que dirigía el Gabinete cuando le fue solicitada su valoración a tenor del programa de vigilancia electrónica de terroristas, la opinión legal del presidente "está inevitablemente sesgada al querer defender su legislación. El Gabinete (y cualquier fiscal del ejecutivo) se enfrenta a este riesgo en algún grado, pero el riesgo es menos acusado cuando la decisión inicial se toma en algún despacho relativamente independiente del Departamento de Justicia en lugar del Despacho Oval".

La catedrático de Derecho de la Universidad de Indiana Dawn Johnsen, elección inicial de Obama para encabezar el Gabinete, exponía una observación parecida. "No tengo ningún problema en que el presidente discrepe sinceramente (de la valoración del Gabinete), pero es muy infrecuente... Hay que seguir un mecanismo que sustenta la confianza en que el presidente ha solicitado una valoración detenida de que el Departamento de Justicia se equivoca", me decía.

La Casa Blanca es el cliente. Puede optar por solicitar consejo a sus letrados -- o elegir a los letrados a los que va a solicitar consejo. Pero hasta el más inteligente de los clientes a veces se puede portar como un idiota.