Son muchas las opiniones que existen tanto a favor cuanto en contra de esta forma de concepción de un ser humano, pero ante este problema con tantas aristas y que solivianta pasiones, considero que la mejor actitud para reflexionar sobre él es la serenidad y el estudio y análisis desapasionados para enjuiciar el problema.

Entiendo que, en primer lugar, hay que definir claramente, como mínimo dos conceptos: Primero el de maternidad. La RAE define, poco más o menos, que maternidad es la capacidad que tienen todos los animales hembras para engendrar un hijo.

Los seres humanos, aunque superiores, no dejamos de ser animales, por lo tanto la definición cuadra perfectamente para las mujeres.

El otro concepto a aclarar es el tapujo de subrogada. También la RAE define esta palabra como: “Sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra”. De manera que, la que puede ser madre natural se sustituye por otra. Al igual que un jarrón lo cambiamos de sitio y colocamos otro en su lugar. Creo que el ejemplo del jarrón es idóneo pues sirve para contener algo, y el vientre de la mujer sustitutoria recibe un líquido que se transformará, al unirse con un gameto ya estante el jarrón, al cabo de un tiempo en un nuevo ser humano.

Esto casi se podría admitir, si se llevase a cabo entre familiares o personas que no buscasen ninguna compensación económica, pero desde el momento en que se convierte en un acto contractual por el cual una persona, a cambio de dinero, utiliza su vientre para engendrar un hijo que después entregará a otra, se transforma en un acto mercantil que debería, en primer lugar no ser admisible y además regirse por las leyes comerciales.

Esta es otra manera de abusar de las mujeres, pues la madre que arrienda su vientre por dinero es porque se encuentra en la necesidad de conseguirlo y no halla otra forma de alcanzarlo si no es por este medio, si no tenemos en cuenta otros menos honestos e igualmente reprobables.

Hay muchas personas que desean tener hijos y no pueden conseguirlos de forma natural y recurren a este medio. También se puede dar el caso de que la madre no quiera concebirlo por las molestias que conllevan el estar durante nueve meses grávida, y le es más cómodo y menos oneroso pagar a otra mujer que padezca las penalidades en lugar de ella y al final encontrarse propietaria de un hijo que no ha llevado en su vientre.

Caso semejante al del que arrienda un terreno, lo siembra y después recoge la cosecha.

Admitir este comercio con una mujer es degradarla al estado de cosa que se utiliza durante un tiempo, se paga un alquiler y el fruto es para el arrendatario.

En España durante los últimos quince años se ejecutaron de forma declarada 1.106.742 abortos quirúrgicos, o lo que es lo mismo, uno cada siete minutos, según las cifras proporcionadas por el IPF (Instituto de Política Familiar). Desde 1994 a 2008, esta macabra cifra ha aumentado un 142%.

En estos no se incluyen los producidos por la píldora del día después ni los ejecutados sin declarar y clandestinamente.

En España hay infinidad de matrimonios que están deseando adoptar un hijo, al igual que existen incontables embarazos no deseados cuyas gestantes en multiplicidad de veces recurren al aborto bien porque han sido violadas, no tienen posibilidades económicas ni ayuda familiar para que nazca la criatura que portan en su vientre o porque están sujetas a una adicción que no pueden abandonar y prefieren eliminar al no nato.

Las dificultades e inconvenientes son incontables para quienes quieren adoptar un hijo. Por lo pronto las competencias para ello están transferidas a las Comunidades Autónomas y, como en la mayoría de los casos, las normas son diferentes en cada una, por los que la burocracia envuelve a quien lo desea en una maraña de problemas e inconvenientes que superarlos es un esfuerzo hercúleo.

Hace un tiempo podría tardarse hasta nueve años antes de conseguir la criatura deseada, hoy se ha reducido a cuatro, precisamente porque han aumentado las peticiones internacionales, dado el largísimo tiempo de espera que había en nuestro País.

Si el Estado se preocupase verdaderamente de este problema que angustia a tantas personas en España, la solución podría ser muy fácil: prestar toda la ayuda posible a las madres embarazadas que no desean dar a luz al ser concebido, protegerlas, ayudarlas, crear centros de formación e información, concederles ayuda económica si la necesitan, en fin encarar con valentía este serio y grave problema para evitar que hubiese que recurrir a los vientres de alquiler y no abocar a una persona necesitada a que se convierta en un recipiente que se alquila y, una vez usado, se desecha.