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Las tramas de corrupción se reciclan y se adaptan a los cambios que trae el paso del tiempo, pero mantienen un “modus operandi” común. Hace poco más de 35 años, y también en Navarra, de un día para otro apareció en el escenario de las portadas el Caso Urralburu. Gabriel Urralburu presidió el Gobierno de Navarra hasta 1991, y se descubrió una trama de cobro de comisiones a la constructora Huarte por la adjudicación de obras públicas. ¿Saben a qué partido político pertenecía Urralburu? ¡Lo han adivinado! ¡Al PSN-PSOE! Desde entonces, ha habido una reiteración sistemática de fenómenos ilegales similares, es decir, un apartado fuera de lo normal que jamás debió entrar en la política española, pero esa ilegalidad emerge y emerge, habiendo siempre denominadores comunes. Casi ninguno de estos políticos corruptos y ladrones aparenta estar cometiendo ese tipo de fechorías y delitos, ya que asumen un papel de total normalidad, ya sea en la vida institucional o en su vida personal, y transmiten con desparpajo la idea a la sociedad de que esos comportamientos no es posible que tengan que ver con ellos. También aparecen, por supuesto, las grandes empresas de construcción, desde siempre dispuestas a pagar la mordida que sea necesaria para acceder a contratos millonarios pagados con dinero público, porque esas cantidades entre sus enormes beneficios anuales son irrelevantes y fáciles de difuminar entre sus grandes cifras. Es cierto que muchas de esas constructoras han sido apercibidas y multadas por prácticas fraudulentas, pero el coste ha sido muy residual. Bueno es indicar que tampoco es un listado interminable, pero su poder económico es enorme, y el poder económico es el poder real hoy, por eso siguen como si tal cosa. En los últimos informes de la UCO, Acciona es la gran beneficiada de las adjudicaciones que se investigan, y todo gracias al PSN-PSOE.
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