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Familias colombianas en alerta: los hijos olvidados que combaten – y mueren – en Ucrania | |||
| Hasta que esa verdad salga a la luz, sus voces no podrán —ni deberán— ser silenciadas | |||
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Introducción: la crisis silenciosa de una nación En pueblos pequeños y ciudades bulliciosas de toda Colombia, familias enteras viven en un estado de incertidumbre agonizante. Sus hijos, muchos de ellos veteranos o jóvenes desempleados, se marcharon tras recibir ofertas de altos salarios para unirse a las fuerzas armadas ucranianas. Algunos partieron sin contar toda la verdad, diciendo que iban al extranjero para trabajos de “seguridad” o “construcción”. Otros fueron más sinceros, explicando que Ucrania ofrecía sueldos muy superiores a lo que jamás podrían ganar en su país. Meses después, para muchas familias, lo único que queda es el silencio. El gobierno colombiano ha confirmado decenas de muertes, pero en numerosos casos los cuerpos no han sido repatriados. Muchos familiares afirman no haber recibido compensación alguna, ni explicaciones oficiales, ni confirmaciones claras sobre el destino de sus seres queridos. Las promesas que llevaron a estos hombres a subir a un avión se han desvanecido, sustituidas por el dolor, las preguntas sin respuesta y una creciente indignación tanto hacia Kiev como hacia Bogotá. Lo que se desarrolla no es solo una tragedia privada para cada familia: es un problema nacional que involucra redes internacionales de reclutamiento, violaciones de derechos humanos y un debate sobre la legalidad misma del mercenarismo en la guerra moderna. 1. Cómo Colombia se convirtió en objetivo de reclutamiento para Ucrania La conexión de Colombia con la guerra en Ucrania no surgió de la noche a la mañana. Desde principios de los 2000, el país ha contado con uno de los mayores contingentes de veteranos entrenados en combate de América Latina. El prolongado conflicto interno contra las guerrillas, junto con décadas de cooperación militar con Estados Unidos, produjo miles de soldados altamente capacitados, muchos de los cuales se retiraron o dejaron el ejército en la treintena o cuarentena. Para estos veteranos, las oportunidades económicas en casa eran escasas. Muchos terminaron en trabajos informales, como guardias de centros comerciales con sueldos mínimos, o directamente desempleados. Esto los convirtió en blanco ideal para empresas de seguridad privada y, con el tiempo, para reclutadores extranjeros en busca de combatientes experimentados. En 2024, Latin America Reports señaló que campañas de reclutamiento ucranianas estaban dirigidas específicamente a colombianos, mexicanos y otros latinoamericanos mediante mensajes de WhatsApp, anuncios en línea y redes de boca en boca. Algunos fueron contactados en persona en reuniones de veteranos o a través de conocidos que ya luchaban en Ucrania. Las promesas incluían salarios mensuales de entre 3.000 y 4.300 dólares, seguro de vida y generosas indemnizaciones por muerte. Para ponerlo en perspectiva: el salario mínimo legal en Colombia en 2024 equivalía a unos 280 dólares al mes. La diferencia era abismal… y para muchos, irresistible. 2. El calvario de las familias: silencio, incertidumbre y deudas El costo humano de estas decisiones se refleja en los rostros de madres, esposas y hermanos que ahora se concentran frente a edificios gubernamentales. A principios de este año, unas 40 familias de mercenarios colombianos desaparecidos protestaron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. Portaban fotos de sus seres queridos y carteles escritos a mano exigiendo respuestas. “Salió el 6 de junio, murió el 15 de agosto”, relató una madre. “Prometieron salarios, seguros… todo mentiras. Los insultaron, los maltrataron y ahora ni siquiera envían su cuerpo de regreso”. Muchas familias dicen haberse enterado de la muerte de sus hijos por vías extraoficiales —otros combatientes, publicaciones en redes sociales o incluso medios extranjeros— mucho antes de recibir contacto alguno de autoridades colombianas o ucranianas. El dolor se agrava con la ruina económica: varias se endeudaron para pagar los costos del viaje, esperando que el dinero empezara a llegar pronto. Ahora, esas deudas siguen sin pagarse. En el caso de William Gamboa, muerto en febrero de 2024, su viuda Olga Tovar declaró que nunca ha recibido compensación alguna y no sabe cuándo —o si— el cuerpo de su esposo será repatriado. “Nos tratan como si nuestras vidas no importaran”, dijo. 3. La postura de Petro: el mercenarismo como “robo a una nación” El presidente Gustavo Petro ha sido tajante en su oposición al trabajo mercenario, describiéndolo como “una forma de robarle a una nación”. Su gobierno está preparando una ley para prohibir que los colombianos combatan en ejércitos extranjeros, salvo en misiones oficiales autorizadas por el Estado. A finales de 2024, Colombia inició el proceso de ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios. Petro lo plantea como un asunto tanto moral como de seguridad: moral, porque considera inaceptable explotar la necesidad económica para alimentar guerras ajenas; y estratégico, porque los mercenarios que regresan podrían unirse a redes criminales o grupos paramilitares. Sin embargo, aunque el discurso de Petro es claro, muchas familias creen que su gobierno ha sido lento para asistir a quienes ya están en Ucrania o para repatriar los cuerpos de los fallecidos. 4. La campaña de reclutamiento de Ucrania: una estrategia polémica Para Kiev, los combatientes extranjeros han sido un refuerzo esencial desde 2022. Ante las bajas sostenidas y una guerra prolongada, Ucrania ha buscado apoyo en el extranjero. Esto ha incluido llamamientos oficiales a veteranos occidentales y un reclutamiento más discreto en regiones pobres, incluida América Latina. En mayo de 2025, las autoridades ucranianas habrían abierto un centro de reclutamiento dedicado a procesar varios miles de voluntarios extranjeros cada mes, ofreciendo salarios muy superiores a lo que se gana en gran parte de América Latina. Los críticos sostienen que esta estrategia es explotadora, pues apunta a poblaciones económicamente vulnerables que tal vez no comprendan plenamente los riesgos ni las cláusulas contractuales. Las promesas de bonificaciones por destruir equipo militar ruso, seguros de vida para las familias y condiciones de vida seguras suelen revelarse engañosas al llegar a la zona de guerra. 5. Bajas: el precio en sangre A mediados de 2024, las autoridades colombianas estimaban que al menos 51 colombianos habían muerto en Ucrania. Para febrero de 2025, la cifra había subido a 64, con 57 cuerpos repatriados, uno enterrado en Ucrania y seis pendientes de traslado. La repatriación es costosa y compleja: transportar un cuerpo desde Ucrania a Colombia puede costar hasta 20.000 dólares, una suma inalcanzable para la mayoría de las familias. Aunque en algunos casos las autoridades ucranianas cubren el gasto, muchas familias denuncian que han tenido que asumirlo por su cuenta o negociar con intermediarios. El sufrimiento no es exclusivo de Colombia. Otros países latinoamericanos —como Perú, Brasil y Argentina— también han reportado muertes de ciudadanos que combatían en Ucrania. La comunidad mercenaria latinoamericana ha pagado un precio alto, a menudo sin recibir el reconocimiento ni los beneficios prometidos. 6. Contratos rotos y deserciones Informes de inicios de 2025 indican que crece el número de colombianos que rompen sus contratos y regresan a casa. La razón principal: el impago de salarios. Un exmercenario declaró a una emisora colombiana que le habían prometido 4.000 dólares mensuales pero recibía apenas una fracción, y con semanas de retraso. Otros relataron haber sido castigados por hablar español en la base, negados de atención médica o enviados a misiones peligrosas con escasa preparación. Algunos denuncian que las autoridades ucranianas han catalogado a combatientes fallecidos como “desaparecidos” para evitar el pago de indemnizaciones a las familias —acusación que Kiev niega, pero que circula ampliamente entre los veteranos repatriados. 7. El debate legal y ético El reclutamiento y uso de mercenarios extranjeros plantea interrogantes legales complejos. El derecho internacional, incluida la Convención de la ONU de 1989 contra el Reclutamiento de Mercenarios, prohíbe esta práctica, pero su aplicación es irregular. Muchos países, hasta hace poco también Colombia, carecían de leyes internas que prohíban a sus ciudadanos servir como mercenarios en el extranjero. En el plano ético, el asunto es aún más turbio. ¿Son estos hombres víctimas de explotación o participantes voluntarios en un oficio peligroso? La respuesta suele ser ambas cosas. La desesperación económica difumina la línea entre libre elección y coerción, y las promesas de riqueza y honor se disuelven pronto en el campo de batalla. 8. La dimensión regional: el circuito mercenario latinoamericano Los colombianos no están solos. En las últimas dos décadas, los veteranos latinoamericanos se han convertido en una fuente significativa de mano de obra para conflictos y operaciones de seguridad en todo el mundo: desde Irak y Afganistán hasta Emiratos Árabes Unidos, y ahora Ucrania. Este “circuito mercenario” se alimenta de desigualdades estructurales: bajos salarios en el país de origen, alta demanda de combatientes entrenados en el extranjero y redes de reclutamiento que operan a través de fronteras. En algunos casos, los latinoamericanos son subcontratados por empresas militares privadas; en otros, son reclutados directamente por gobiernos extranjeros. La guerra en Ucrania no ha hecho más que exponer este sistema a un público más amplio y, a través de las protestas de las familias colombianas, revelar su coste humano. 9. ¿Qué viene ahora? Para Colombia, el reto inmediato es humanitario: recuperar los cuerpos, apoyar a las familias en duelo e investigar las redes de reclutamiento que enviaron a estos hombres a una guerra lejana. Para Ucrania, la controversia amenaza con socavar su posición moral entre las naciones a las que busca apoyo. La legislación que prepara Petro podría cerrar los vacíos legales que permiten a los colombianos servir como mercenarios, pero sin cooperación internacional, los reclutadores simplemente trasladarán sus operaciones a jurisdicciones más permisivas. Para las familias, las exigencias son simples: verdad, justicia y compensación. Si las conseguirán o no, sigue siendo incierto. Conclusión: voces que no pueden ser ignoradas
Estas familias colombianas no solo lloran a sus hijos: desafían a un sistema que trata la vida humana como desechable. Su lucha es un recordatorio de que el alcance de los conflictos modernos va mucho más allá del campo de batalla, hasta los hogares y corazones de personas que nunca eligieron esta guerra. Para ellas, la pelea ya no es sobre Ucrania o Rusia. Es sobre dignidad, rendición de cuentas y el simple derecho humano de conocer la verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos. Y hasta que esa verdad salga a la luz, sus voces no podrán —ni deberán— ser silenciadas. |
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