Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, niegan que el ministro de Hacienda pueda acceder a datos tributarios, y expresan su desacuerdo con el argumento del juez del caso “Montoro” que mantiene que el ministro estaría plenamente autorizado para conocer la información fiscal referida a determinadas personas, utilizada en sus autos para rechazar la personación en la causa, como perjudicados, de Rato, Juan Carlos Monedero, Javier Chicote y Javier Tebas.
Gestha entiende que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide que el ministro de Hacienda pueda acceder a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la AEAT en el desempeño de sus funciones, y destacan que tienen carácter reservado y sólo pueden utilizarse para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones.
Este artículo establece la prohibición de que los datos, informes o antecedentes tributarios puedan ser cedidos o comunicados a terceros, entre los que se encontraría el ministro de Hacienda, salvo en catorce casos en los que pueden cederse con ciertas condiciones a jueces y tribunales, Fiscalía, Tribunal de cuentas, Inspección de Trabajo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Intervención General de la Administración del Estado o a la comisiones parlamentarias de investigación, entre otros. En ninguno de ellos se hace referencia a ministros o presidentes de gobierno.
Gestha considera indiferente para esta interpretación que el secretario de Estado de Hacienda, que ocupa la presidencia de la AEAT, “actúe bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio de Hacienda”.
Los Técnicos de Hacienda recuerdan que los funcionarios de la AEAT pueden acceder a los datos fiscales de los contribuyentes sólo si están relacionados con los concretos expedientes que tienen atribuidos en cada momento.
Protocolo de seguridad informática
A este respecto, existe un Protocolo de seguridad informática en la AEAT por el que el Servicio de Auditoría Interna ejerce un control estricto de los accesos a las bases de datos tributarias, de manera que los funcionarios de la AEAT deben poder justificar cada acceso, pues en caso contrario, se abre un expediente disciplinario por infracción grave que se sanciona con la suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años. Incluso si esa información se cede a terceros, como al parecer sucedió para llegar a las manos de Montoro, la infracción del funcionario se califica como muy grave, que podría acabar en la suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años e incluso la separación del servicio.
Por tanto, los técnicos del Ministerio de Hacienda no pueden entender que Cristóbal Montoro, como cualquier otro ministro de Hacienda, estuviera facultado para conocer los datos, informes y antecedentes de contribuyentes concretos que, según se ha sabido estos días, le facilitaba el entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez, a través de su jefe de gabinete.
Actualmente, Santiago Menéndez Menéndez es Jefe de Equipos Nacionales de Inspección (ENI) Coordinador en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, pese a que se encuentra entre las personas investigadas judicialmente por el caso “Montoro”.
Gestha asegura que Santiago Menéndez accedió a este puesto de confianza, en libre designación, con un nivel 29, prácticamente el máximo de la escala funcionarial, con una retribución que ronda los 150.000 euros anuales, mediante una resolución de 26 de abril de 2022, firmada por delegación por la Directora del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT, Marta Somarriba.
Los técnicos recuerdan que, aunque entre sus funciones esté la coordinación de los criterios de la inspección de las mayores empresas del país, poco después de ser nombrado en su momento director de la AEAT hizo unas declaraciones públicas señalando que no había que centrar el foco del control en los grandes contribuyentes.
Por ello, Gestha pide a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cese de forma inmediata a Santiago Menéndez de este puesto de libre designación, como cesó a Rogelio Menéndez y Óscar del Amo, en Loterías y Apuestas del Estado y la Dirección General de Tributos, respectivamente.
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