Los Técnicos de Hacienda atisban una escalada de la corrupción por el aumento del 18% de las denuncias en la contratación pública

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que el aumento del 18% de las denuncias indican un aumento de la corrupción y el fraude en la contratación pública, tras analizar los indicadores seleccionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). La OIReScon es un órgano colegiado independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda a efectos organizativos y presupuestarios.

Gestha ha analizado la evolución de los cuatro indicadores que sirven para intuir que aumenta la corrupción y al fraude en la contratación pública.

El primer indicador de la Oficina Independiente de la Contratación arroja que en 2023 se recibieron 221 denuncias o comunicaciones sobre la contratación pública, un 18,2% más que el año precedente, lo que confirma la tendencia alcista en el número de denuncias en los últimos seis años desde que se contabilizan datos.

Entre los distintos tipos de contrato, el contrato de servicios es el que más riesgo de fraude y corrupción presenta al acaparar el 64,3% de las denuncias efectuadas.

No obstante, los técnicos de Hacienda reconocen que de las 957 denuncias formuladas en el último sexenio hasta fin de 2023, 217 denuncias se han archivado (un 22,7%) frente a 52 denuncias (un 5,4%) que se han dirigido a la Justicia, Fiscalía o Tribunales de Cuentas; si bien, el 12,9% han concluido con informe a entidad o Recomendación por la Agencia (123), pero destaca que casi la mitad están en trámite (478) debido a la escasez de técnicos de investigación en las Agencias antifraude.

Según el segundo indicador de la Oficina Independiente, el alto porcentaje del 32,6% de las denuncias o comunicaciones de irregularidades en la adjudicación del contrato (que incluye la tramitación del expediente y la licitación del contrato) es un signo de que el fraude aumenta al situarse como la principal causa de las denuncias; este fraude se mantiene con una tendencia relativamente estable en términos relativos.

En términos absolutos, las denuncias por esta causa han aumentado un 9,1% hasta llegar a las 72 denuncias.

Prácticas Corruptas

Precisamente, el tercer indicador de la OIReScon muestra que el porcentaje de denuncias o comunicaciones de supuestas prácticas corruptas en la contratación (que aglutina el conflicto de interés, el tráfico de influencias y el trato de favor a empresa) se configura como segunda causa de las denuncias con un 20,6% en el quinquenio y una tendencia ligeramente alcista en términos relativos. En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado un 34,4% hasta llegar a las 43 denuncias en 2023.

La Oficina independiente desde 2023 agrupará en el Epígrafe de Prácticas Corruptas el trato a favor a empresas, el conflicto de interés y el tráfico de influencias por considerar que son tres prácticas intrínsecamente relacionadas con la corrupción. Entre 2019 y 2022, las denuncias de trato a favor y de conflicto de interés rondaron el 42% cada una dentro de las 122 denuncias de Prácticas corruptas, mientras que las denuncias de tráfico de influencias fueron el restante 15,6% de este epígrafe.

Los dos últimos indicadores, las irregularidades en la adjudicación de los contratos y las prácticas corruptas, suman más de la mitad de las denuncias presentadas entre 2019 y 2023.

Y, por último, el cuarto indicador es el porcentaje 18,2% de las denuncias o comunicaciones sobre la ejecución del contratorespecto al total de las denuncias presentadas entre 2019 y 2023, siendo la tercera causa de denuncia en este período, y una tendencia en términos relativos en forma de U, remontando claramente en los últimos dos años.

En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado por encima del 40% en los últimos dos años hasta llegar a las 40 denuncias.

Tribunales administrativos de contratación pública

Además de estos indicadores, Gestha valora la actividad de los tribunales administrativos como un indicador adicional de la calidad de la contratación pública, en los cuales algo más de 1 de cada 4 recursos es estimado total o parcialmente.

De los 4.615 Recursos especiales en materia de contratación, el 43,7% fueron desestimados y el 26,3% fueron estimados total o parcialmente, siguiendo la tendencia desde 2020. La inadmisión y el archivo suman el 30,1% de los recursos, lo que sugiere a la Oficina que puede existir un cierto abuso del recurso especial.

No obstante, Gestha se detiene en los recursos contra los pliegos de una licitación y contra la valoración de los criterios de adjudicación y su motivación porque son los recursos más estimados en los últimos 6 años, rondando el 40% de estimaciones.

Los recursos y denuncias representan solo el 0,7% de las licitaciones

En cualquier caso, el numero de recursos y denuncias es muy pequeño en relación con el número de las licitaciones anuales del sector público estatal, autonómico y local, que el pasado año fueron 206.210 expedientes, alcanzando los 113.091 millones, más IVA.

Gestha ha calculado que la suma de denuncias y recursos administrativos vivos (presentados menos los que han sido inadmitidos, archivados o desestimados) solo representan el 0,7% de los expedientes de las licitaciones, lo que es una muestra de la correcta contratación pública en nuestro país, en general.

No obstante, los técnicos del Ministerio de Hacienda animan a cualquier persona que tenga información o indicios de un fraude o corrupción a denunciarlo para que se inicie una investigación, y así asegurar el uso correcto y transparente de los fondos públicos.

Aumentarán las denuncias sobre la contratación pública

En concreto, en 2023 las denuncias relacionadas con la contratación representaron el 7,2% del conjunto de las denuncias recibidas por las Agencias u Oficinas Antifraude con una tendencia descendente, a pesar de que su número aumentó.

Denuncias de la contratación pública respecto de todas las presentadas ante las Agencias y Oficinas Antifraude.

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a partir de datos de la OIReScon.

No obstante, los técnicos de Hacienda creen que las denuncias por fraudes o corrupción, y entre ellas las relacionadas con la contratación pública, aumentarán en los próximos años por las medidas de protección del denunciante de infracciones normativas y de la corrupción, contenidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que incluyen la prohibición de represalias y se prevén medidas de apoyo, de protección frente a represalias y de protección de las personas afectadas.

Así, quienes tomen represalias contra las personas que denuncian, incurrirán en una infracción muy grave que lleva aparejadas multas de hasta 300.000 euros si los infractores son personas o de hasta un millón de euros si los infractores son sociedades y entidades, y se les podría prohibir contratar con el sector público durante un máximo de tres años.

Con estas medidas, Gestha cree que van a aumentar las denuncias por fraudes o corrupción, incluidas las de la contratación, que serán investigadas por las Agencias y Oficinas Antifraude de Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares, Navarra, Andalucía y Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, así como ante el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en la Intervención General de la Administración del Estado.

En cambio, las que se reciban en los Órganos de Control Externo del Consello de Contas de la CCAA de Galicia (OCEX) y la Audiencia de Cuentas de Canarias serán remitidas a otras instituciones porque, al día de hoy, carecen de funciones de investigación o inspección.

Ante el aumento de las denuncias que puedan llegar en los próximos años, Gestha insta a los Gobiernos regionales del resto de Comunidades autónomas que constituyan Oficinas Antifraude con funciones de investigación, al igual que lo recomiendan a las Corporaciones locales de los grandes municipios.