España no necesita más etiquetas, sino una política alimentaria justa y coherente

La inseguridad alimentaria en España ha dejado de ser una consecuencia colateral de la pobreza para transformarse en un síntoma estructural de un sistema alimentario descompensado. Si bien el país cuenta con una vasta tradición agrícola y ganadera, hoy tanto la población como los productores enfrentan una situación crítica. Por un lado, millones de personas con dificultades para acceder a una alimentación saludable; por otro, un sector primario al borde del colapso. Las propuestas internacionales orientadas a intervenir mediante políticas de etiquetado nutricional o restricciones comerciales corren el riesgo de agravar el problema en lugar de resolverlo, si no se implementan con un conocimiento profundo del contexto europeo.

El cambio climático ha ocasionado pérdidas superiores a los 4.000 millones de euros en la agricultura y la ganadería españolas solo durante el año 2023. La sequía prolongada, la desertificación, las olas de calor y la escasez de agua están reduciendo drásticamente los márgenes de producción y encareciendo los costos. Esta presión se suma a la carga burocrática de la PAC, la competencia desleal de productos extracomunitarios, y la constante caída de precios que impone la gran distribución. En resumen: producir alimentos en España se ha vuelto inviable para miles de pequeños y medianos agricultores.

En este contexto, la ONU ha presentado un borrador preliminar en la antesala de la próxima Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, que propone una serie de acciones globales para combatir las dietas no saludables, el sobrepeso y la obesidad. Las medidas incluyen la eliminación de grasas trans, la reducción de azúcares y sodio en productos procesados, restricciones a la publicidad alimentaria, así como la implementación obligatoria de un etiquetado nutricional frontal. A primera vista, se trata de iniciativas bien intencionadas. Sin embargo, al ser contextualizadas en el marco europeo, se revelan como una amenaza técnica, económica y política.

Una de las principales preocupaciones gira en torno al tipo de etiquetado que podría imponerse. En Francia, el sistema Nutri-Score se presentó como una herramienta sencilla para orientar al consumidor mediante una escala de colores y letras. No obstante, su implementación ha sido objeto de fuertes críticas. A pesar de contar con el respaldo inicial de países como Francia, Bélgica o Alemania, hoy son varios los que cuestionan su validez científica y su impacto real en la salud pública. En España, esta herramienta ha generado especial preocupación debido a la forma en que clasifica a los productos tradicionales españoles: muchos de ellos son duramente penalizados por el sistema.

Nutri-Score perjudica a los productos tradicionales y emblema del Made in Spain como el jamón ibérico, el queso manchego o el aceite de oliva por su contenido de grasa o sal, sin considerar el valor cultural o nutricional de estos alimentos. Por otro lado, concede una puntuación favorable a productos reformulados para pasar el filtro algorítmico. Esta paradoja ha llevado a empresas como Nestlé —una de sus primeras impulsoras— a retirar el sistema de todos sus productos en Suiza, reconociendo su falta de coherencia y utilidad.

Aunque por ahora España ha logrado mantenerse al margen del Nutri-Score, persiste la amenaza de que la ONU reincorpore este controvertido tema en la agenda internacional.

Desde el sector agrario, las críticas no han tardado en llegar. José María Castilla, director de ASAJA en Bruselas, expone que el etiquetado o los impuestos sobre alimentos no pueden convertirse en una receta universal. “Se nos impone una moral alimentaria que culpabiliza al consumidor y castiga al productor sin entender la diversidad de modelos que existen en Europa”, afirma. Castilla señala además que estas medidas corren el riesgo de convertir los alimentos sanos en un lujo, mientras que los ultraprocesados reformulados siguen ocupando el centro de las góndolas con un "etiquetado verde".

La inseguridad alimentaria no se combate con etiquetas, sino con políticas integrales que contemplen la accesibilidad económica, el fortalecimiento del sector agroalimentario, la educación nutricional y la protección de los productos locales. En España, más del 20% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, y los bancos de alimentos han visto incrementada la demanda de forma sostenida desde la pandemia. En este panorama, etiquetar con letras o colores no cambiará la realidad de quienes no pueden llenar su carrito de la compra.

Además, cualquier política alimentaria que se diseñe debe tener en cuenta la sostenibilidad económica de quienes producen. Castigar con sistemas de etiquetado poco transparentes a los productos tradicionales solo favorecerá a las grandes multinacionales que pueden adaptar sus fórmulas a las métricas de moda. Y esto, lejos de reducir la obesidad o las enfermedades crónicas, podría empujar a la población a depender aún más de productos industrializados.

El desafío es enorme: reducir el sobrepeso, fomentar dietas saludables, proteger la salud infantil y enfrentar la crisis climática. Pero las soluciones simplistas, como imponer un sistema de etiquetado, corren el riesgo de desviar el foco de los verdaderos problemas. Necesitamos estrategias territoriales, con enfoque cultural, que consideren la realidad de cada país. España no necesita más etiquetas: necesita más coherencia política, más apoyo al campo y una redistribución justa del acceso a alimentos sanos.

La ONU, con buenas intenciones, no puede convertirse en una autoridad moral que impone desde arriba sin diálogo con los actores del territorio. Y la Unión Europea debe asumir que, si no toma decisiones propias sobre su política alimentaria, otros lo harán por ella.